Bolivia es el país del conflicto permanente: a veces por todo y, demasiadas veces, por nada. Lo paradójico es que muchos de esos conflictos “por nada” terminan siendo el detonante de “grandes” cambios e incluso de supuestas “revoluciones”. Es lo inesperado irrumpiendo en la rutina, desordenándolo todo y, de paso, escribiendo la historia.
A comienzos del siglo XXI, por ejemplo, bastó una picardía: alguien dejó correr la versión de que Bolivia había decidido exportar gas al mercado estadounidense a través de un puerto chileno. No había nada concreto o, en el mejor de los casos, se trataba de una discusión incipiente y lejana. Pero la “mentirilla” fue suficiente para convertir a El Alto en un polvorín, empujar a un presidente al exilio y reinstalar a Chile en la cómoda galería del enemigo al que no había que concederle “ni una molécula de gas”.
El saldo, visto en perspectiva, es desolador. De aquella guerra del gas quedan heridas, frustraciones y una evidencia difícil de eludir: Bolivia se quedó con pocas moléculas de gas y, si no corrige el rumbo, en tres o cuatro años podría quedarse incluso sin energía. Así de costosas pueden ser las consignas cuando se transforman en política pública. Y, por si fuera poco, también se perdió —esta vez sin retorno— la oportunidad de acceder al mercado estadounidense, como antes se diluyó la opción de desarrollar el litio en un contexto mucho más favorable que el actual.
Hoy, otra vez, asoma el mismo patrón. Sin evidencia sólida, pero con notable eficacia discursiva, se instala la idea de que el gobierno busca debilitar deliberadamente a YPFB —contaminación de gasolina incluida— para forzar una privatización. Poco importa que las autoridades lo nieguen: en Bolivia, sembrar la duda suele ser suficiente para cosechar tormentas. Y la que viene en camino no parece menor.
En paralelo, la COB vuelve a moverse en su terreno habitual: demandas salariales fuera de toda proporción. El pedido actual —20 % de incremento al mínimo y al básico— no solo es inviable, sino que ignora deliberadamente la fragilidad económica del país.
Los dirigentes lo saben. Pero también saben que el conflicto desgasta, presiona y, eventualmente, rinde frutos en la mesa de negociación. El guion es conocido: semanas de tensión, pérdidas acumuladas y, al final, un acuerdo intermedio que deja a todos peor de lo que estaban.
Lo más inquietante, sin embargo, no está en los actores visibles, sino en los que observan desde las sombras. Hay quienes miran este deterioro con una mezcla de cálculo y expectativa, aguardando que el desenlace abra una nueva puerta electoral.
No es descabellado pensar en conspiraciones: confluyen en ellas los que no aceptan haber salido del poder y los que buscan acortar el camino para volver a intentarlo. No es ideología. Es, pura y simplemente, ambición.
Y ese tipo de maniobras encuentra terreno fértil en el actual escenario: un gobierno sin partido sólido, un sistema político que aún no termina de estructurarse y liderazgos erráticos que, desde uno y otro extremo, apuestan por el desgaste del poder, aunque eso implique profundizar la crisis.
Así, Bolivia vuelve a girar sobre su propio eje, atrapada en un ciclo que parece no agotarse nunca. Son tiempos críticos. Como antes. Como siempre.
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