El sindicalismo y la agremiación nacieron como instrumentos de defensa frente al abuso, no para convertirse en coros dóciles que repiten lo que el poder les dicta. Su razón de ser fue proteger al trabajador y representar intereses colectivos, equilibrando relaciones desiguales dentro de un marco institucional. Cuando cumplen ese rol fortalecen la democracia. Cuando lo abandonan, la erosionan desde dentro.
En Bolivia, el populismo no destruyó estas organizaciones, las corrompió. Las convirtió en engranajes de un sistema basado en lealtades compradas, desvirtuando su función de representación. Como resultado de esa inversión perversa, los sindicatos y gremios dejaron de ser contrapesos sociales y pasaron a convertirse en estructuras de obediencia política y privilegio.
Durante los gobiernos del MAS, la Central Obrera Boliviana se transformó en aliada del poder. Esa cercanía estuvo acompañada por la entrega sistemática de vehículos, la cesión de un hotel, la refacción millonaria de su sede sindical y otros beneficios. Como toda relación de conveniencia, tuvo su retribución. La dirigencia emitió respaldos explícitos a la gestión de Evo Morales, apoyó su reelección y luego avaló el gobierno de Luis Arce.
Estos “regalos” a lo largo de casi dos décadas, obviamente financiados con recursos del Estado, no pueden entenderse como hechos aislados. Responden a un mecanismo de alineamiento político que vació de independencia a la dirigencia sindical y anuló su capacidad de interpelación.
El caso de YPFB resulta igualmente ilustrativo. Durante más de una década, dirigentes sindicales percibieron sueldos superiores a los 40.000 bolivianos mensuales sin asistir a sus fuentes de trabajo. No respondían a sus bases, sino a los dictados del gobierno. Mientras tanto, la empresa se deterioraba por una gestión ineficiente y politizada, y el país perdía recursos estratégicos. Aquello no fue defensa laboral, fue corrupción institucionalizada bajo un discurso social.
La cooptación no se limitó al ámbito sindical. Sectores gremiales, indígenas y campesinos, legítimos en su historia y en sus demandas, fueron absorbidos por una lógica de prebendas financiadas desde el Estado. Se entregaron sedes sociales, movilidades y otros beneficios como premio a la adhesión política. El Fondo Indígena fue la expresión más burda de ese esquema. Dinero repartido a raudales entre supuestos dirigentes campesinos, sin control efectivo, utilizado para fabricar dirigencias funcionales y vaciar de contenido la representación social.
El episodio de una camioneta entregada a una organización intercultural por el propio Presidente, que luego se comprobó había sido robada en Chile, no fue una anécdota aislada. Retrató una práctica extendida que sustituyó la política pública por el clientelismo y la dignidad por el servilismo.
Grupos como los Ponchos Rojos o las Bartolinas dejaron de actuar como interlocutores sociales y fueron convertidos en estructuras de obediencia política. Su función ya no fue canalizar demandas ni representar intereses sectoriales, sino operar como instrumentos de presión e intimidación frente a expresiones de oposición al gobierno masista.
Pero la captura no operó solo desde arriba. Funcionó también desde dentro, mediante el manejo discrecional de los recursos que los propios trabajadores fueron obligados a aportar. En la mayoría de las organizaciones sindicales, los descuentos son automáticos y permanentes, y los fondos se disponen sin una fiscalización efectiva por parte de las bases. Cuando los dirigentes administran esas cajas como patrimonio propio, el sindicato deja de cumplir su función. Ya no representa intereses colectivos, administra poder.
Recuperar el sentido del sindicalismo y de la agremiación será una decisión de los propios trabajadores y de los gremios. Exigirá transparencia y determinación para terminar con dirigentes perpetuos, con salarios sin trabajo y con organizaciones subordinadas al poder, como una condición mínima para reconstruir la confianza en los verdaderos fines de estas entidades.
Ninguna causa social se honra desde el privilegio. Ninguna organización conserva sentido moral si la obediencia vale más que la decencia.
Cuando la docilidad se premia, la representación genuina desaparece.
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