En un rápido trámite, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de Acceso a la Información y las organizaciones civiles y del periodismo destacaron el avance para garantizar el derecho ciudadano a fiscalizar la gestión pública. De acuerdo al procedimiento legislativo, el documento ahora debe ser considerado por la Cámara de Diputados.
“Destacamos el trabajo de los senadores y esperamos igual compromiso de los diputados con la democracia, con la transparencia de los actos de los servidores públicos y su convencimiento de que es posible luchar contra la corrupción”, expresó en un mensaje el presidente de los periódicos asociados (ANP-Diarios), Jorge Carrasco.
El colectivo de organizaciones de la sociedad civil y del periodismo celebró la voluntad política demostrada en el Senado para abordar esta demanda histórica.
Bolivia se mantiene como el único país de Sudamérica sin una norma marco de esta naturaleza, lo que representa un severo rezago en materia de calidad democrática y combate a la corrupción, señala un comunicado emitido por las entidades que desde hace 15 años trabajaron en al menos 12 proyectos.
“El acceso a la información pública no es solo una garantía para el trabajo periodístico, sino una herramienta indispensable para que la población ejerza un control social efectivo, participe con conocimiento en la toma de decisiones públicas y se transforme de raíz la cultura del secretismo estatal hacia una gestión basada en la transparencia activa”, señala un mensaje del grupo de trabajo ciudadano.
Los integrantes de las organizaciones sociales reconocieron y agradecieron las gestiones y el apoyo en el debate y aprobación del documento otorgado por los senadores Soledad Chapetón, Tomasa Yarhui y José Manuel Ormachea.
De acuerdo a procedimiento legislativo, el Proyecto de Ley N.º 066/2025-2026 C.S., que tiene como proyectista a la senadora Soledad Chapetón, debe ser considerado por una comisión de la Cámara de Diputados y posteriormente por su plenario.
El 23 de octubre de 2024, un proyecto promovido por la entonces senadora Silvia Salame fue aprobado en la Cámara alta y el documento pasó a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, pero su trámite no avanzó pese a la solicitud realizada por el colectivo de defensores de derechos ciudadanos.
Las organizaciones que impulsan la nueva ley son: Asociación Nacional de la Prensa (ANP-Diarios), Fundación Construir, Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, Comunidad de Derechos Humanos, Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Círculo de Mujeres Periodistas, Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (Acpi), Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación (Aboic) y Unitas.
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