24 de abril (Urgente.bo).- La secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Bayá, informó a Urgente.bo sectores vinculados a iglesias evangélicas, organizaciones afines y algunos grupos de abogados son los que cuestionan la Ley Brisa.
“Están vinculadas algunas iglesias evangélicas (…) oponiéndose, por ejemplo, a esta agravante de que quien comete el delito de violación sea una autoridad, guía religioso o espiritual”, indicó que estos son los sectores que se oponen a la norma.
Asimismo, mencionó la participación de organizaciones y fundaciones relacionadas con estos espacios religiosos. “Hay varias otras instituciones, organizaciones, fundaciones vinculadas también a algunas de las iglesias que son las que se han ido oponiendo”, detalló Bayá.
La Ley Brisa plantea ciertas agravantes en un hecho de violación, que derivan en un incremento de la pena. Cuando la violación sexual haya sido cometida por servidores públicos, con el aprovechamiento de poder para acometer estos delitos, que también alcanza a líderes religiosos y espirituales “que, aprovechando de su situación de confianza, de poder, realizan estos actos que varios hemos conocido”, explicó la especialista.
De igual forma, a estos grupos se suman a un conjunto de abogados, consorcios y de personas que prestan servicios, “que están tergiversando el contenido del proyecto de ley”, remarcó la especialista y aseveró que los argumentos en contra de la norma no tienen sustento técnico ni jurídico y no son más que “declaraciones genéricas”.
Entre los cuestionamientos más difundidos, destacó algunas narrativas que calificó como falsas. “Se dice muchas cosas que realmente nunca estuvieron ni estarán en la ley, por ejemplo, esto de que este proyecto de ley establece que con la denuncia uno entra a la cárcel. Bueno, es una narrativa totalmente absurda”, remarcó Bayá.
En esa línea, aclaró que el proyecto no modifica aspectos procesales del sistema penal, como las medidas cautelares, de presentación de pruebas, ya que todo esto está regulado en la legislación.
Asimismo, Bayá advirtió que este debate por la normativa se está desarrollando en un contexto de desinformación sobre el contenido real de la norma y explicó que el problema radica en la falta de acceso a la versión actualizada del proyecto de ley. “Las propuestas de modificación no son públicos”, señaló y indicó que esto derivó en que circulen documentos incorrectos o desactualizados.
En esa línea, la especialista observó errores en medios de comunicación, “ya no hablamos de redes sociales, sino de una agencia de noticias y deberían ser mucho más rigurosos en la información que se comparte”, aseveró.
