La noticia de que un profesor de Educación Física de 42 años en El Alto, mantenía una relación sentimental con una alumna de 17 años, exponiendo a la menor a una situación de vulnerabilidad me deja muy preocupada.
Lamentablemente, este hecho no es aislado y pone de relieve la urgente necesidad de fortalecer las medidas de prevención y control en las instituciones educativas para evitar este tipo de situaciones. Según datos difundidos por la Defensoría del Pueblo, hasta el 31 de marzo de 2024, se registraron 805 casos de abuso sexual a nivel nacional, 650 casos de violación de infante, niña, niño y adolescente y 413 casos de estupro.
El imaginario social del docente está representando por una persona de amplio conocimiento, de alta moral, con valores éticos, un guía, mediador, una persona que va acompañando a los estudiantes en la construcción de conocimiento tanto de manera individual, como de forma colaborativa y que en muchos casos representa una figura paternal digna de admiración. Es lamentable que esta imagen social se vea empañada, en la realidad, por relaciones entre docentes y estudiantes, asimétricas y de poder.
Un profesor ocupa una posición de autoridad y confianza, lo que lo convierte en una figura susceptible de influir en el comportamiento y las decisiones de sus alumnos. En este contexto, cualquier tipo de relación sentimental entre ambos es inapropiada y potencialmente abusiva.
Las consecuencias de este tipo de abuso son devastadoras para la víctima. Las menores involucradas en estas relaciones se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, expuestas a manipulación emocional, chantaje por notas y hasta violencia física. Además, el abuso de poder por parte del docente puede afectar seriamente el desarrollo psicológico y académico de la estudiante, generando traumas que pueden afectar en su desenvolvimiento social para toda la vida.
Es imperativo que las autoridades educativas tomen medidas contundentes de control en establecimientos educativos e implementar protocolos claros de actuación ante casos de abuso sexual o estupro, así como la creación de programas de formación y sensibilización para docentes sobre los límites éticos y legales de su profesión.
También es fundamental fomentar una cultura de denuncia en las escuelas, donde los estudiantes se sientan seguros para reportar cualquier tipo de abuso o acoso y que los encargados procedan de inmediato velando por la protección de los menores.
Los padres y madres de familia también juegan un papel crucial en la prevención, pues deben estar atentos a las señales de alerta en sus hijos y crear un espacio de confianza para que puedan hablar abiertamente sobre cualquier situación que les preocupe.
La educación debe ser un espacio seguro y libre de violencia. Es responsabilidad de todos nosotros, como sociedad, proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de cualquier abuso y garantizarles el derecho a una educación basada en valores como el respeto, la ética y la integridad.
///
