2 de julio (Urgente.bo).- Boris Arias, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), afirmó este jueves que esa instancia enfrenta una carga superior a 22.000 causas pendientes, una situación que, según explicó, se agrava por la falta de magistrados. Aria puntualizo al menos cuatro “conflictos de competencia” que afectan el funcionamiento normal del órgano constitucional.
“En este momento estamos resolviendo procesos de la gestión 2023 (…) debemos tener por sobre las 22 mil causas pendientes en este momento y posiblemente un poco más. Solo por mes entra más de 10.000 causas”, dijo Arias a Urgente.bo.
El TCP opera con solo cuatro de sus nueve magistrados desde el 25 de noviembre de 2025, cuando los cinco exmagistrados “prorrogados” cesaron en sus funciones tras la ampliación de su mandato. Desde entonces, el máximo tribunal constitucional enfrenta una situación de acefalía y, hasta el momento, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no ha logrado aprobar una convocatoria para la elección de nuevas autoridades. Las cinco acefalías en el TCP en los departamentos de Cochabamba, Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz; y en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) existen dos acefalías en Beni y Pando.
“Si bien los cuatro magistrados de Sala Plena consideramos que, conforme al artículo 10, segundo parágrafo, del Código Procesal Constitucional, es posible dictar resoluciones con la actual conformación, la Asamblea Legislativa no ha visto con buenos ojos esa posibilidad y, como consecuencia, en este momento no se están resolviendo los conflictos de competencia”, señaló Arias.
El magistrado identificó cuatro de los principales “conflictos de competencia” derivados de la demora en la resolución de causas: procesos judiciales paralizados por conflictos de competencia con la justicia indígena; consultas sobre cartas orgánicas y estatutos autonómicos que permanecen sin resolución; casos relacionados con la definición de la guarda de menores que se prolongan durante años; y retrasos en procesos de reincorporación laboral, que incrementan el pago de salarios devengados y afectan la situación financiera de empresas privadas y entidades públicas.
“Entendemos que existen tiempos políticos. Uno puede decir que lo más conveniente es una u otra opción, pero también vemos la desorganización del Órgano Judicial. Tenemos una crisis institucional y estructural, que además se ha profundizado por la coyuntura política. Esperamos que se tome una decisión y, básicamente, se complete el número de magistrados en el Tribunal Constitucional”, complementó Arias.
Arias también reveló la carga de trabajo que enfrenta cada magistrado. La autoridad indicó que, en caso de cada magistrado, debe analizar y resolver alrededor de 60 expedientes por semana, aunque el ingreso permanente de nuevas causas dificulta reducir el rezago.
“Básicamente intentamos ponernos al día con todos los autos y sentencias que estaban pendientes de resolución. Estamos avanzando, pero cada día ingresa una cantidad de causas mucho mayor de la que un magistrado puede resolver”, finalizó Arias.
En las últimas horas se conoció que circula un proyecto de ley que plantea que el presidente Rodrigo Paz designe magistrados interinos para superar la acefalía en el TCP y el TSJ. La propuesta generó rechazo en distintos sectores políticos, que la calificaron de “inconstitucional”.
