En tiempos de encono —cuando manda el pulso y no el razonamiento— el debate público se vuelve tambor de guerra: “nacionalizar siempre” contra “privatizar siempre”, como si la economía fuera una puerta que solo admite dos llaves. A propósito de la recesión, la inflación, la integración financiera mundial y el riesgo para la Inversión Extranjera Directa (IED), reaparece este falso dilema. Pero hay un problema conceptual de fondo: se presenta la nacionalización como una “intervención” excepcional, sin reconocer que el “orden normal” ya era un orden de colonialidad interna, donde élites intermediarias controlan recursos y se articulan al orden económico internacional. En clave colonial, la pregunta no es solo “¿Estado o mercado?”, sino: ¿quién manda y quién decide sobre territorio, renta, excedente y trabajo? Y en Bolivia el conflicto no es solo extranjero versus nacional, sino ante todo Estado colonial versus sociedad civil.
En el pais, “nacionalizar” no surge en 2006 como fenómeno aislado, sino como parte de una larga tradición de disputa político-económica por la renta y el control de sectores estratégicos: la cancelación de concesión y confiscación de activos de Standard Oil en 1937; la nacionalización de las minas en 1952 (grupos Patiño, Hochschild y Aramayo) con la creación de COMIBOL; y la nacionalización vinculada a Gulf Oil en 1969. Luego, entre 1985 y 2005, la ola de reforma pro-mercado (privatizaciones y capitalización) marcó un giro hacia políticas de mercado. El DS 21060 (1985) relanzó el rol del Estado, y la Ley 1544 (1994) formalizó la capitalización: empresas estratégicas convertidas en sociedades mixtas, ingreso de socios estratégicos privados y una parte de las acciones destinada a mecanismos “en beneficio de los ciudadanos” (pensiones, BONOSOL). Es fundamental distinguir: capitalización no fue sinónimo estricto de privatización, sino un esquema híbrido.
La capitalización atrajo IED y modernizó algunos servicios. La IED pasó de menos del 1% del PIB a inicios de los noventa a más del 10% en 1998–1999, ligada a estos procesos. Pero ese supuesto liberalismo tiene una “infección congénita”: naturaliza como “neutra” la propiedad privada previa, cuando la estructura de propiedad de tierra y recursos se levantó sobre despojo colonial y republicano.
Desde 2006, un nuevo modelo de “nacionalización” buscó recuperar control sobre propiedad, producción y acciones, sin expulsar necesariamente a los privados. El DS 28701 (1 de mayo de 2006) obligó a que toda la producción de hidrocarburos se entregara a YPFB, que pasó a controlar comercialización interna y exportación. Para los megacampos se definió una participación de 82% para el Estado (regalías, IDH y otras participaciones) y 18% para las operadoras. El decreto ordenó también que YPFB recuperara al menos el 50% más 1 de las acciones en las empresas estratégicas “capitalizadas”, mediante negociaciones y normas complementarias.
En el plano internacional, el investigador Nicholas de la Universidad de Cornell, propone en su artículo "La nueva ola de nacionalización" que las nacionalizaciones y privatizaciones no son dos modelos opuestos que se eligen "una vez y para siempre", son herramientas que se alternan en “oleadas” según las condiciones económicas y geopolíticas, y ubica en la década de 2020 una cuarta oleada de nacionalizaciones, impulsada por pandemia, crisis energética, guerras y transición verde. Pero su periodización es norte-céntrica: para América Latina ya hubo una fuerte oleada de “resource nationalism” en los 2000. Además, Mulder analiza contextos con Estados institucionalizados, donde estas decisiones son elecciones racionales entre instrumentos equivalentes. En Bolivia, las privatizaciones de los noventa fueron, en parte, imposición técnica del contexto internacional; las nacionalizaciones de 2006, respuesta política a conflictividad social. Ese péndulo no se explica solo por cambios macroeconómicos, sino por crisis de legitimidad.
De aquí se desprende un problema teórico clave: la nacionalización no equivale a superar el colonialismo interno ni a democratizar el control político. Traslada activos de empresas transnacionales hacia un Estado que a menudo reproduce, mediante el monopolio del poder político, las mismas lógicas de exclusión y concentración, articuladas a jerarquías étnico-regionales. En el caso del DS 28701, se recuperó propiedad estatal y renta, pero no se instituyó un control democrático plural ni se reconocieron derechos colectivos sobre esos recursos. Fue nacionalismo de corruptela estatal, no descolonización.
En balance comparativo: entre 1994 y 2005, privatizaciones y capitalizaciones atrajeron inversión y modernizaron servicios, pero dejaron déficits de legitimidad social, regulación efectiva y equidad distributiva. Entre 2006 y 2019, las nacionalizaciones incrementaron la captura estatal de renta y financiaron políticas sociales, en el contexto del auge de altos precios de commodities, pero generaron problemas de sostenibilidad de inversión y producción —especialmente en gas—, déficits crecientes de empresas públicas y fragilidad de reglas en un entorno fiscal cada vez más estrecho.
En este contexto emerge el discurso de “capitalismo para todos”, asociado a la enorme informalidad de nuestra economía —cerca del 85% — haciéndose eco implícitamente al texto clásico sobre el tema de Hernando de Soto. Para De Soto, la pobreza en el Sur Global no se debe a falta de mercado, sino de derechos de propiedad formales: los pobres tienen activos, pero no titulados, lo que los excluye del crédito y la inversión. Su propuesta es titulación masiva e institucionalidad de propiedad sólida.
La apropiación local de esta idea la vacía el gobierno: se promete inclusión, pero se practica restauración de exclusiones y negación de la diferencia. Así se alimentan el descredito; no se implementa una veraz política pública de mercado libre descolonizador, y la percepción popular con cierta razón profiere que “todos los gobiernos son iguales”. La cohesión social en nuestro país no es problema abstracto de “convivencia ciudadana”, sino cuestión estructural atravesada por monopolio del poder político y una economía estatista que sustenta el colonialismo interno. Problema que no se resolverá cambiando solo el titular de la propiedad —del privado al Estado o del Estado al privado—, sino transformando las relaciones de poder. Mientras esa transformación no se aborde de manera genuinamente plural y democrática, cada nueva ola de nacionalización o privatización no será más que otra oscilación del péndulo sobre un suelo fracturado.
Moisés Gutiérrez Rojas
