El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, advirtió este lunes que su seguridad personal y la de su familia están en riesgo, a consecuencia de la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y admitió que las autoridades judiciales que se encuentran en la frontera están solos frente a las amenazas del crimen organizado.
El mandatario recordó que Naciones Unidas confirmó la presencia de organizaciones criminales internacionales en la región, entre ellas el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).
Las investigaciones de inteligencia internacional y las autoridades judiciales señalan que el PCC actuó como uno de los principales aliados y protectores de la red transnacional de Marset.
“Mi familia tiene el riesgo por haber tomado decisiones contra los Marset, contra los criminales de alta alcurnia, pero también ustedes (están en riesgo)”, expresó en mandatario en el acto de promulgación de la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, realizada esta jornada en el hall de Palacio Quemado.
El 13 de marzo pasado, en Santa Cruz de la Sierra, la Policía Boliviana realizó el operativo, mientras que la DEA (Administración de Control de Drogas por su sigla en inglés) se encargó del traslado inmediato hacia territorio estadounidense para que enfrente cargos federales por narcotráfico y lavado de dinero, en la Corte del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos.
“Cuando el juez se encuentra indefenso, ni siquiera tienen que venir a chantajearle nada o venir a ofrecerle algo, solo con la amenaza. Ya tienen el temor y es verdad, eso ocurre en Bolivia. Nuestros jueces en frontera, cuando están solos y aislados y claro, están con dos, tres policías, de nuestra Policía Boliviana, imagínense ante esas mafias que utilizan armas de grueso calibre”, agregó Paz Pereira.
Por otro lado, el exfiscal general Roger Mariaca, fue detenido la noche del pasado 30 de septiembre y se encuentra bajo detención preventiva tras ser acusado de liderar una organización criminal dedicada a proteger al narcotráfico.
Posteriormente destituido de su cargo a principios de octubre de 2026, enfrenta cargos por presunta legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal y tráfico ilícito de sustancias controladas.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, el exfuncionario utilizaba una estructura dentro del Ministerio Público para brindar cobertura y protección a redes delictivas, incluyendo nexos con la organización del narcotraficante Marset.
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