El presidente Luis Arce promulgó la noche de este lunes la Ley 1657 Corta Excepcional y Transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situaciones de emergencia, aunque advirtió que la norma generará que el precio de la venta sea más elevado que el carburante subvencionado.
“Hoy, lunes 27 de octubre de 2025, recibimos la Ley Corta Excepcional y Transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situaciones de emergencia, la cual promulgamos de manera inmediata”, informó en sus redes sociales sobre la iniciativa legal impulsado por los cívicos cruceños.
La norma establece un régimen excepcional de tres meses que permitirá a personas naturales o jurídicas importar e internar diésel, gasolina y Gas Licuado de Petróleo (GLP), bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) deberá mantener la provisión estatal prioritaria e informar con anticipación sus capacidades de abastecimiento. Si la empresa no cubre el 100% de la demanda, los operadores privados podrán importar o adquirir combustible a un precio diferenciado y en régimen de libre competencia.
Arce aseveró que más “allá de las diferencias políticas y ciertas observaciones que realizamos a la ley que hoy estamos promulgando, como no tomar en cuenta factores de carácter operativo, importantes para garantizar la distribución de combustible en nuestro país, que no están consideradas en la norma”.
“Nosotros no saboteamos ni bloqueamos iniciativas sancionadas por otro órgano del Estado, cuando se considera que éstas podrían contribuir a solucionar un problema que atravesamos”, afirmó.
En esa línea, recordó que el Gobierno emitió diversas normativas destinadas a facilitar la importación de gasolina y diésel con la finalidad de superar el desabastecimiento coyuntural provocada por la falta de divisas, vinculada al bloqueo legislativo a créditos por parte de la oposición y el evismo.
Esas disposiciones incluyeron la autorización al sector privado para importar carburantes, no solo para consumo propio, sino también para su comercialización.
Arce precisó que “de enero a septiembre de 2025 solo se han importado 45.314 m3 por parte de empresas para consumo propio y 17.785 m3 para comercializar por parte del sector privado”.
En ese contexto, el presidente resaltó la importancia de que el “pueblo boliviano sepa que la libre importación y comercialización absoluta que se establece” en la ley de los cívicos “generará que el precio de la venta de combustible sea más elevado que el que se comercializa en gasolineras con subvención, y que esto se vaya generalizando, provocando que el efecto sobre la economía de las familias bolivianas sea inmediato”.
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