Estamos a pocos días de acudir otra vez a las urnas para cumplir con el deber cívico de elegir nuevas autoridades, esta vez subnacionales. En la última década se han desarrollado nueve procesos electorales a razón casi de uno por año entre elecciones generales, judiciales, subnacionales y el referéndum constitucional de 2016.
Parecería que la democracia en Bolivia es una virtud incuestionable pues entre otros aspectos, desde la vigencia de la CPE de 2009, se incrementó el número de curules parlamentarios, se crearon las Asambleas Legislativas Departamentales y, de manera singular en el mundo, se estableció la elección mediante voto popular de altas autoridades del Órgano Judicial.
Esos nueve procesos electorales de los últimos 10 años le han significado al país un gasto aproximado de 1.850 millones de bolivianos para elegir diversas autoridades que mayormente han resultado en una decepción. Denuncias de corrupción por doquier, fallos constitucionales a la carta, violaciones, acoso laboral y sexual, venta de cargos, escándalos de diversa índole y un largo rosario de etcéteras que no generan esperanza sino mayor duda y resignación al momento de elegir entre el sinfín de candidatos que se presentan para las elecciones subnacionales de 2026; basta decir que el órgano electoral registró más de 34.600 candidaturas provenientes de 184 organizaciones políticas, entre ‘taxipartidos’, agrupaciones ciudadanas y alianzas.
Pese a todo ello la gran mayoría de la población habilitada acudirá a las urnas este próximo domingo 22 de marzo no necesariamente por entusiasmo democrático, sino porque en Bolivia el voto es obligatorio, pues si bien la CPE reconoce el derecho al sufragio, la Ley Nº 026 del Régimen Electoral establece sanciones para quienes no voten o no justifiquen su ausencia. En otras palabras, además de ser un derecho el voto se convierte en una obligación cuyo incumplimiento deriva en multas económicas y restricciones administrativas.
Sin embargo, más allá de la obligación legal surge una pregunta incómoda pero inevitable:
¿Sabemos realmente a quiénes estamos eligiendo?
En octubre del pasado año, con motivo de las elecciones nacionales, publiqué una columna titulada “La viga en el ojo de los candidatos” (https://www.urgente.bo/noticia/la-viga-en-el-ojo-de-los-candidatos), donde mencionaba un problema poco discutido pero profundamente relevante en la política boliviana, los conflictos de intereses generados dentro de las propias listas electorales. En el municipio de Cochabamba, por ejemplo, fue elegido como concejal Manfred Reyes Villa Avilés, hijo del actual alcalde Manfred Reyes Villa Bacigalupi. De forma similar, en Santa Cruz de la Sierra ejerce como concejal municipal Miguel Fernández Rea, hijo del alcalde Jhonny Fernández Saucedo.
En ambos casos existía y persiste un incuestionable “Conflicto de Intereses”, regulado generalmente en los códigos de ética del sector público y privado, pues este hecho provoca situaciones en las que los intereses personales pueden influir indebidamente sobre el desempeño de los deberes y responsabilidades de las autoridades elegidas.
Según la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, una de las principales funciones del Concejo Municipal es fiscalizar la gestión del alcalde y del Ejecutivo municipal. Pero ¿cómo puede ejercerse una fiscalización efectiva, idónea y transparente cuando quien debe controlar al alcalde mantiene con él una relación familiar directa?. Ese escenario constituye lo que en la administración pública se conoce como conflicto de intereses: una situación en la que los intereses personales o familiares pueden influir indebidamente en el desempeño de las funciones públicas.
Probablemente muchas, sino la mayoría de las personas que eligieron a esas autoridades lo hicieron desconociendo en lo absoluto que detrás del candidato escogido para alcalde también favorecían al familiar directo para concejal y en esa misma situación favorecieron a otras personas que colgadas del nombre del candidato principal a alcalde o Gobernador, fueron electos como concejales o asambleístas departamentales, titulares y suplentes, sin siquiera saber que los estaban eligiendo.
Desde esa última elección de autoridades subnacionales la situación no cambio en lo más mínimo pues hoy como ayer, la gran mayoría de la población desconoce quiénes acompañan al candidato principal y desde ese casi anonimato alcanzaran el curul de concejales o asambleístas departamentales.
El Tribunal Supremo Electoral tampoco hizo su labor y no tomo ningún recaudo en todos los años transcurridos permitiendo que esa trampa de los candidatos, organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas y alianzas, persista en detrimento de los intereses del país y sus ciudadanos, obteniendo como resultado colocar en el poder a concejales y asambleístas fantasmas escondidos en la papeleta electoral porque ni ahí están publicados sus nombres y mucho menos su fotografía, entonces como podemos saber por quienes votar.
Intenté buscar esa información en internet. El todopoderoso buscador de Google tampoco ofreció demasiadas respuestas. Insistí en los portales web del Tribunal Supremo Electoral y tribunales departamentales en procura de difundir esa información vital; sin embargo, sólo hallé listados de candidaturas, pero dispersos en documentos extensos y poco amigables para el ciudadano común.
En el caso del departamento de La Paz por ejemplo, la información aparece en un archivo PDF de más de 300 páginas que contiene todas las candidaturas habilitadas. Un verdadero laberinto documental para quien simplemente quiere saber algo tan básico como quiénes son los candidatos que pretenden representarlo y a partir de ello tratar de indagar ¿Cuáles serán sus méritos para ser autoridades municipales o de la Gobernación…? ¿Serán familiares del candidato principal…? ¿Habrán estudiado alguna profesión o siquiera terminado primaria...?. ¡¡¡..Imposible de saber…!!!
Tampoco encontré mayor información sobre las papeletas de votación excepto en publicaciones de Facebook del Tribunal Electoral de Tarija donde se aprecia que la papeleta municipal tendrá dos franjas, una para alcalde y otra para concejal; en la papeleta departamental existen tres franjas, una para Gobernador, otra para Asambleístas departamentales por territorio y la última para Asambleístas departamentales por población, es decir más confusión que claridad.
Así, millones de bolivianos terminamos votando por personas cuyos nombres nunca vimos, cuyas trayectorias desconocemos y cuyas capacidades para ejercer el cargo jamás pudimos evaluar.
¿Quiénes serán los favorecidos con el voto a ciegas? Probablemente lo sabremos cuando esas personas aparezcan jurando como nuevas autoridades y recibiendo sus credenciales oficiales. Para entonces, como tantas veces en la política boliviana, ya será demasiado tarde para elegir mejor.
Fernando Farfán Zárate
