18 de junio (Urgente.bo).- Legisladores cuestionaron el papel de Roger Mariaca, fiscal general del Estado, quien participa como “garante” del diálogo a solicitud de la Central Obrera Boliviana (COB). Los parlamentarios consideran que la Fiscalía no debería asumir ese rol y que su función es “hacer cumplir la ley”.
“Pido a las instituciones ser imparciales. No creo que sea loable el hecho de estar trayendo a la Fiscalía General del Estado. El fiscal no debería jugar a ese rol”, dijo Elena Pachacute, senadora de Alianza Libre, a Urgente.bo.
Este miércoles, la COB fue enfática durante la instalación del diálogo con el Gobierno en señalar que su principal demanda para encaminar las negociaciones es la liberación de los dirigentes detenidos. Mario Argollo, líder de la COB, mencionó que con el fin de “dar una ayuda o solución” a este tema se invitó a Mariaca como “garante”.
Pachacute indicó que quienes deberían desempeñar un papel mediador en este escenario de diálogo son instituciones como “la Iglesia Católica, Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, alguna ONG que busque la paz social de nuestro país, deberían ser los mediadores. Que no juegue ese rol, yo le soltaría aquello”, puntualizó.
En la misma línea, Claudio Bilbao resaltó que “él (Mariaca) tiene que hacer su trabajo como corresponde. Nosotros siempre vamos a velar el buen proceso de cualquier detenido, pero que él esté interviniendo tampoco lo veo de buena manera (...). Yo pienso que hoy día un ente correcto que debería estar es tanto la Iglesia Católica o Cristiana”.
De igual forma, Carlos Alarcón, de Alianza Unidad, resaltó que los dirigentes que ocasionaron “desastres humanitarios” deben responder por sus actos y que a Mariaca no le corresponde actuar como garante.
“Los dirigentes que han causado todo este desastre humanitario y económico con este bloqueo criminal no deben quedar en la impunidad, tienen que responder por los delitos y daños causados a las personas, empresas y al Estado, y al Fiscal General del Estado no le corresponde actuar como garante y mediador sino hacer cumplir la ley para la protección de la sociedad y víctimas de estos delitos y la reparación de los daños sufridos, esta es su misión constitucional”, publicó Alarcón en sus redes sociales.
