Bolivia tiene una Asamblea Legislativa Plurinacional con mayoría de mujeres, pero nunca ha elegido a una presidenta ni a una vicepresidenta, y solo 31 de sus 335 municipios están gobernados por alcaldesas. Para cerrar esa brecha y superar las barreras persistentes a la participación política de las mujeres, la Coordinadora de la Mujer entregó hoy al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el anteproyecto de Ley de Nueva Generación de Reformas de Paridad. La presentación se realizó este 18 de noviembre, en el marco del Encuentro Nacional Multisectorial rumbo a la reforma electoral convocado por el TSE.
La propuesta modifica las tres leyes centrales del sistema electoral —la Ley N° 026 del Régimen Electoral, la Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional y la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas—, así como otras tres normas, de manera concordante. Su objetivo: que la paridad no se quede en las listas de candidaturas, sino que llegue a los cargos de mayor poder y al pleno ejercicio del mandato.
“Tenemos una deuda pendiente con las mujeres en el acceso y ejercicio del poder. Esta nueva generación de reformas busca que la igualdad política deje de ser solo un principio reconocido en las normas y se convierta en una garantía efectiva”, afirmó Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.
Paridad en los ejecutivos
Una de las principales reformas planteadas es la paridad en los cargos ejecutivos. El binomio presidencial deberá estar integrado por una mujer y un hombre, regla que el Tribunal Constitucional Plurinacional ya ordenó aplicar desde 2030 (SCP 0040/2025). Lo mismo regirá para las fórmulas de gobernación y vicegobernación.
Asimismo, la propuesta incorpora el principio de paridad horizontal, que exige a las organizaciones políticas postular mujeres en al menos la mitad de sus candidaturas a gobernaciones y alcaldías donde participen. Además, establece una regla de complementariedad para las candidaturas municipales: cuando un hombre sea candidato a alcalde, una mujer deberá encabezar la lista de candidaturas al concejo municipal, y viceversa.
“La paridad llegó a las listas, pero todavía no llega al ejercicio del poder. Las mujeres somos mayoría en la Asamblea, pero seguimos ausentes de la Presidencia, de las gobernaciones y de casi todas las alcaldías. Eso no es falta de liderazgo, es la ausencia de una regla que lo exija”, sostuvo Sánchez.
Sin embargo, no basta con incrementar el número de candidatas si estas son postuladas en territorios donde tienen pocas posibilidades de resultar electas. Por ello, la propuesta incorpora bloques de competitividad electoral, a partir de información proporcionada por el TSE, para garantizar que las organizaciones políticas distribuyan sus candidaturas con criterios de paridad, especialmente en territorios de alta y media competitividad, evitando que las mujeres sean relegadas a espacios con menores posibilidades de elección.
Paridad en todo el proceso electoral
En las Subnacionales 2026 hubo 108 sustituciones de candidaturas a alcaldías por personas de sexo diferente; en el 57 % de ellas, una mujer fue reemplazada por un hombre, lo que afecta directamente la representación de las mujeres. El anteproyecto exige que toda sustitución se realice por una persona del mismo sexo; fija un plazo máximo de 45 días antes de la votación para cerrar la sustitución de candidaturas y obliga al TSE a publicar las listas definitivas antes de imprimir las papeletas. Además, señala que las candidatas inhabilitadas por falta de documentación deben ser notificadas y tendrán 72 horas para subsanar la observación.
Protección para el ejercicio del mandato
La propuesta también aborda uno de los problemas más persistentes de la participación política de las mujeres: declara nulos los acuerdos de “gestión compartida” mediante los cuales las mujeres electas son presionadas a renunciar y a ceder el cargo a su suplente hombre. Esta práctica, según ACOBOL, explica más de una cuarta parte de los casos de acoso y violencia política contra alcaldesas y concejalas registrados entre 2021 y 2025. Para cortar el incentivo, se propone que las suplencias sean siempre de una persona del mismo sexo, y la renuncia de una mujer electa solo será válida si el tribunal electoral constata, en audiencia reservada, que es libre y sin acuerdo previo.
Acoso y violencia política, también en las redes
El anteproyecto lleva a la ley las faltas y sanciones por acoso y violencia política que hoy dependen de reglamentos, estableciendo un procedimiento especial y medidas de protección dadas en un plazo de 24 horas. También prohíbe los contenidos misóginos y las suplantaciones con inteligencia artificial en la propaganda política; y obliga a rotular el contenido producido con esa tecnología. Asimismo, propone precisar la figura del transfugio político para evitar que sea utilizada como mecanismo de acoso y violencia política, destinado a desplazar a las mujeres de sus cargos o impedir que accedan a medidas de protección frente a estas situaciones.
Las reformas incluyen, además, la composición paritaria del propio Órgano Electoral, con presidencia alterna entre mujeres y hombres; la democratización de los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas; una distribución más equitativa de la propaganda financiada con recursos públicos; y la articulación de la paridad con la democracia comunitaria de los pueblos indígenas.
Una propuesta colectiva
El anteproyecto es fruto de varios años de construcción colectiva: seguimiento electoral, propuestas, investigación e incidencia. Recoge el trabajo del Observatorio de Género de la Coordinadora, las recomendaciones de las misiones de observación de la Unión Europea, de la OEA y de la Red Observa Bolivia, el informe defensorial Obligadas a renunciar, las demandas de ACOBOL y AMADBOL, las luchas del movimiento de mujeres, de colectivos feministas y de mujeres políticas, la contribución de instituciones aliadas, y las experiencias más avanzadas de la región. Fue debatido en una mesa técnica con especialistas y organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones esperan que el TSE incorpore la propuesta en el proyecto de reforma que presentará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y que esta la apruebe a tiempo para que las nuevas reglas rijan en las elecciones de 2030 y 2031. “Vivimos un momento en el que, en la región y en el mundo, se cuestionan derechos que creíamos conquistados. Por eso pedimos al Tribunal y a la Asamblea un compromiso claro: que esta reforma electoral sea también una reforma para la democracia paritaria intercultural; que los avances en representación política de las mujeres se traduzcan en igualdad efectiva en el acceso y ejercicio del poder, libres de acoso y violencia política”, concluyó la directora de la Coordinadora de la Mujer.
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