4. Alianzas corporativas, (cooperativo-privado) y la invisibilización social de la Cadena Minera
Una de las modificaciones más regresivas e impactantes del proyecto normativo se encuentra en el artículo 140, el cual autoriza la suscripción de "Contratos de Asociación Productiva Minera" entre cooperativas mineras y empresas privadas, sean estas nacionales o extranjeras. Esta disposición destruye el principio de prohibición estricta establecido en el artículo 151 de la actual Ley 535, norma que fue ratificada y blindada tras los trágicos conflictos sociales de agosto de 2016 que costaron la vida del viceministro Rodolfo Illanes y de varios trabajadores cooperativistas.
La legalización de estas asociaciones crea una brecha constitucional de gran magnitud. Bajo la narrativa de facilitar el acceso a capital, tecnología y mejores estándares productivos, el proyecto legaliza la figura de los "palos blancos" corporativos, permitiendo que grandes inversionistas y multinacionales operen en los yacimientos escudados bajo el régimen preferencial, tributario y laboral del sistema cooperativo.
Los inversionistas privados se benefician de la exención de impuestos a las utilidades (IUE), de la flexibilidad en el pago de regalías y de la ausencia de regulaciones laborales formales, consolidando un mecanismo de elusión fiscal masiva respaldado por el propio Estado.
De forma paralela, esta apertura a las asociaciones contrasta severamente con la omisión de los sectores más vulnerables de la cadena productiva minera. La propuesta regulatoria se circunscribe a revalidar la estructura tripartita tradicional —integrada por los actores estatal, privado y cooperativo— conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado. Con ello, se soslaya la complejidad sociolaboral de la Minería en Pequeña Escala y Artesanal (MAPE), la cual prescinde de una categorización y un marco legal específicos. Asimismo, se mantiene la exclusión normativa de otros actores clave en la economía regional, tales como las palliris, los poceros, los barranquilleros y los agromineros. A su vez, el proyecto perpetúa la falta de reconocimiento jurídico de los trabajadores asalariados de las cooperativas mineras —denominados jornaleros, maquipuras o segundas manos—, lo que priva a este colectivo de la debida tutela laboral y expone sus derechos a constantes vulneraciones.
Al no ser reconocidos como sujetos de derecho dentro de la ley, estos trabajadores quedan desprotegidos frente a las violaciones de sus derechos laborales y humanos, carecen de acceso a la seguridad social y a la salud ocupacional, y se ven imposibilitados de comercializar su producción de forma directa y legal. Esta marginación legal obliga a los pequeños productores artesanales a vender su mineral a comercializadoras e intermediarios que aprovechan su condición de informalidad para pagar precios devaluados, perpetuando un círculo de explotación y precariedad económica.
5. Ineficacia institucional ante la minería ilegal y la trazabilidad de papel
Frente al avance descontrolado de la minería ilegal en las cuencas amazónicas y los ríos del país, impulsado por estructuras criminales armadas, tráfico de combustibles y explotación ilícita de oro, el proyecto de Código responde con una respuesta puramente burocrática e ineficaz. La propuesta crea la Agencia Nacional de Seguridad y Protección Minera (AGEPROMIN) como entidad descentralizada encargada de formular estrategias, emitir resoluciones de suspensión de actividades y coordinar planes de intervención con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Sin embargo, la creación de una agencia administrativa no resuelve la incapacidad operativa del Estado en el territorio. En zonas aisladas de la Amazonía boliviana donde no existe presencia física ni control efectivo de las fuerzas del orden, las resoluciones administrativas de AGEPROMIN resultan irrelevantes frente al poder de fuego y el control territorial de las mafias auríferas. La norma confía la erradicación de un delito de crimen organizado a trámites de escritorio y resoluciones de suspensión que carecen de mecanismos reales de ejecución en campo.
Esta debilidad institucional se agrava con el diseño del Número de Trazabilidad Minera (NTM), establecido en el artículo 166 como el instrumento único de registro y autorización para la compra, venta y procesamiento de minerales y metales, administrado mediante el sistema informático SINACOM. Si bien la trazabilidad formal es un requisito indispensable para la gestión comercial, la falta de controles físicos y de fiscalización en los puntos de extracción transformará al NTM en una simple "trazabilidad de papel".
Bajo este esquema, los acopiadores e intermediarios comerciales podrán registrar compras de mineral -como ocurre ahora-, utilizando formularios digitales sin que la autoridad verifique el origen real del oro en la bocamina o en el río. De este modo, la plataforma estatal terminará sirviendo como un mecanismo burocrático para blanquear el oro extraído ilegalmente en áreas protegidas o cuencas prohibidas, introduciéndolo legalmente al circuito comercial y a la exportación formal ante la inoperancia e incompetencia del aparato estatal.
6. Desprotección socioambiental y vulneración sistemática de derechos indígenas
En el plano ambiental y de derechos de los pueblos indígenas, el proyecto de Código de Minería y Metalurgia representa un retroceso histórico que vulnera los principios constitucionales de protección al medio ambiente y los convenios internacionales ratificados por Bolivia. La gestión ambiental es tratada como un trámite administrativo acelerado orientado a viabilizar operaciones extractivas sin importar el costo ecológico.
En primer lugar, el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) consagrado en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT queda degradado a un procedimiento administrativo sumario. El artículo 144 establece de forma explícita que la consulta "no constituye un mecanismo de negociación de derechos mineros, tampoco implica un derecho de veto". Asimismo, el artículo 148 fija un plazo fatal de únicamente tres meses para la realización de todo el proceso deliberativo. Si al cabo de este periodo no se alcanza un acuerdo entre la empresa y las comunidades, la Autoridad Nacional Minera (ANM) asume la potestad unilateral de emitir una Resolución Administrativa imponiendo la ejecución del proyecto minero. El retroceso alcanza su punto culminante en el artículo 146, el cual suprime por completo el derecho a la consulta previa cuando el área minera solicitada se sobreponga a tierras fiscales o propiedades privadas, despojando a los pueblos indígenas de todo mecanismo de defensa territorial.
En el ámbito ecológico, la desregulación es agresiva y explícita. El artículo 154 autoriza el desarrollo de actividades mineras y la conservación de derechos dentro de Áreas Protegidas, estableciendo que la creación o existencia de un área protegida no es causal para la extinción de un derecho minero preexistente o adquirido. Para las nuevas solicitudes dentro de estas reservas ecológicas, la norma exige apenas un Certificado de Compatibilidad de Uso (CCU) emitido por el SERNAP, convirtiendo la protección ambiental en una simple certificación burocrática. Peor aún, el artículo 156 legaliza la realización de operaciones mineras dentro de Sitios RAMSAR y humedales de importancia internacional, bastando una certificación técnica de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
En cuanto a la protección hídrica, el artículo 152 dispone que la proximidad de una operación minera a un cuerpo de agua o río "no determinará por sí misma la prohibición de la actividad minera", permitiendo el vertido de efluentes y la intervención de cauces bajo compromisos generales de mitigación. En materia de sustancias tóxicas, la norma evita prohibir el uso del mercurio en la minería aurífera, limitándose en el artículo 162 a proponer una "reducción progresiva" sin fijar metas obligatorias, plazos ni penalizaciones. Esta omisión ignora la grave crisis de salud pública que enfrentan las comunidades indígenas de la Amazonía, como el pueblo Esse Ejja en la cuenca del río Beni, cuyos miembros presentan niveles críticos de envenenamiento por metilmercurio en la sangre a causa del consumo de peces contaminados.
Finalmente, el proyecto crea la Auditoría Ambiental de Línea Base (ALBA) en el artículo 158, este mecanismo permite a los nuevos operadores evaluar el estado del ecosistema antes de iniciar sus actividades, eximiéndolos de toda responsabilidad legal, civil o financiera por los daños y pasivos ambientales generados con anterioridad.
La remediación de estos pasivos históricos es transferida al Estado, el cual deberá financiar la restauración ecológica utilizando el ínfimo 3% de la Regalía Minera asignada a las secretarías ambientales departamentales, un presupuesto completamente insuficiente frente a la magnitud de los pasivos mineros en distritos históricos como Huanuni, Poopó o el Cerro Rico de Potosí.
7. Concentración de poder, opacidad institucional y desmantelamiento democrático
El rediseño institucional propuesto en el proyecto de Código elimina los contrapesos administrativos y vulnera la transparencia en la gestión de los recursos naturales del país. El artículo 19 crea la Autoridad Nacional Minera (ANM) como una entidad autárquica bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, constituida sobre la base institucional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y absorbiendo plenamente las competencias del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM), entidad que queda formalmente suprimida.
Esta fusión institucional genera un evidente conflicto de intereses y destruye la separación de funciones en la administración pública. La nueva Autoridad Nacional Minera concentrará en una sola mano la potestad de adjudicar y otorgar los contratos mineros, tramitar las licencias operativas, administrar el catastro, conducir la consulta previa, y simultáneamente fiscalizar la comercialización, el pesaje, la ley del mineral, las exportaciones y el cobro de la Regalía Minera. La ANM se convierte así en juez y parte de toda la cadena productiva, eliminando la fiscalización cruzada que anteriormente ejercía el SENARECOM y creando un escenario propicio para la opacidad administrativa, el tráfico de influencias y la corrupción burocrática.
A esta concentración de poder se suma la vulneración de los mecanismos de control democrático y parlamentario. El artículo 120 establece que los Contratos de Otorgación de Derechos Mineros, los Contratos de Producción Minera y los Contratos Cooperativos Mineros no requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), perfeccionándose de manera directa e irrevocable en sede administrativa tras su firma e inscripción en el Registro Minero.
Esta disposición contraviene abiertamente el numeral 12 del Parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, el cual otorga a la Asamblea Legislativa la competencia exclusiva de aprobar los contratos de carácter estratégico sobre recursos naturales. El proyecto de Ley reserva la aprobación parlamentaria únicamente para los "Contratos de Interés Público en Área Estratégica" suscritos por COMIBOL con capitales privados; sin embargo, en la realidad minera del país, estos contratos estatales son sumamente escasos. Al liberar de la fiscalización del Órgano Legislativo a la inmensa mayoría de los contratos privados y cooperativos, la entrega de los recursos minerales del Estado queda encapsulada en oficinas burocráticas ministeriales, sustrayendo el debate sobre la riqueza nacional del escrutinio público y democrático de la sociedad.
Este breve análisis al proyecto de Código de Minería y Metalurgia exhibe que la propuesta presentada no resuelve los problemas estructurales del sector ni responde a las verdaderas necesidades de desarrollo del país. Reiteramos categóricamente que este posicionamiento no constituye un rechazo a la actividad extractiva ni a sus actores productivos —estatales, privados y cooperativos—, cuyo rol histórico en la economía nacional se reconoce y valora. La verdadera minería no debe ser satanizada, sino encauzada a través de un marco legal soberano, moderno y equitativo que supere las lógicas de enclave y rentismo primario.
Bolivia exige un nuevo Código Minero que construya una política pública integral orientada al progreso nacional. Esta regulación debe priorizar la captura real y justa de excedentes mediante regalías ajustadas al mercado, promover un impulso genuino a la industrialización y agregación de valor, garantizar la coexistencia pacífica con la producción agropecuaria, y defender de forma irrestricta los derechos de las comunidades indígenas, el medio ambiente, las Áreas Protegidas y los Sitios RAMSAR. Solo así la actividad extractiva podrá transformarse en una auténtica palanca de desarrollo sostenible.
Finalmente, es imprescindible despolitizar la gestión de nuestros recursos estratégicos. El destino del patrimonio mineral boliviano debe fundamentarse en decisiones de estricto rigor técnico, ambiental y social, supeditadas al interés colectivo del pueblo boliviano y no a los compromisos prebendales o coyunturales de los gobiernos de turno.
Alfredo Zaconeta Torrico es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario - CEDLA




