La Paz, 11 de abril (Urgente.bo).- El Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Iván Arias Durán, consideró como un acto de “mala fe” de parte del gobierno de Chile, la autorización para el traslado de connacionales hasta la frontera de Pisiga, pues esta medida provoca confusión y conflicto en Bolivia.
“Vemos mala fe del gobierno chileno que está permitiendo que los bolivianos viajen hasta la frontera, hay comerciantes que están viajando hasta Pisiga y trasladan a los bolivianos hasta Colchane, y después salen las autoridades chilenas a decir “ahí están los bolivianos y el gobierno boliviano no los quiere recibir”. Eso es mala fe”, declaró.
La autoridad, en entrevista con el matutino Página Siete, se refirió a los conflictos suscitados en la localidad fronteriza de Pisiga, donde un grupo de bolivianos se encuentra en cuarentena en el campamento “Tata Santiago” y otro tanto se apresta a ingresar a territorio nacional, pero con amagues de violencia en la zona.
Arias se refirió a la actitud de las autoridades políticas y militares chilenas, que pese a la emergencia sanitaria por esta pandemia global, todavía permiten la concentración de ciudadanos bolivianos y su traslado en buses hasta Colchane, desde donde medio millar de connacionales trata de pasar hasta Pisiga y luego a Oruro, sin cumplir con los requisitos o medidas de prevención contra el COVID-19.El Ministro remarcó que existen evidencias del traslado de buses con los connacionales desde Chile, además de pruebas recabadas por la Dirección General de Migración, sobre el carácter político de esa movilización de gente.
El Gobierno nacional no puede impedir que los compatriotas retornen, agregó, pero todos tienen que entrar de forma ordenada al país, cumpliendo los protocolos de prevención para no aumentar el contagio de la enfermedad.
Consultado sobre los reclamos de bolivianos retenidos en Pisiga y el ingreso de otros connacionales por vía aérea, Arias explicó que existe una campaña de desinformación en este tema, pues en el caso de la frontera con Chile, los ciudadanos se encuentran bajo protección del Gobierno que paga su alimentación, alejamiento y manutención, mientras aquellos que arribaron en un vuelo privado costearon todos sus gastos particulares.
“La gente que entró vía aérea pagó el vuelo y ahora costea su aislamiento. En el caso de los connacionales, el Gobierno paga su comida, alojamiento y manutención (…) a la gente que no tiene recursos es el Gobierno el que asume los gastos”, aclaró.
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