Noviembre 19, 2026 -HC-

Mientras nuestros datos se ofrecen en la Dark Web, Bolivia duerme sin ley y con planes de seguridad de papel


Jueves 19 de Noviembre de 2026, 10:15am




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En informática forense hay una regla bastante menos indulgente que la política boliviana. Primero se preserva la evidencia; después se habla. Se aíslan equipos, se conservan logs, se calculan hashes, se identifican indicadores de compromiso —los famosos IOCs— y se reconstruye la línea temporal del ataque. Lo contrario es conferencia de prensa con cable de red.

Eso importa ahora. El 15 de noviembre, Hacking Bolivia denunció que información atribuida al SENARECOM, la Cancillería, el Ejército y la Cámara de Senadores estaba siendo ofrecida en foros clandestinos. El colectivo publicó además cifras sobre supuestos volúmenes y registros comprometidos. Al cierre de esta columna, esas cantidades no cuentan con confirmación oficial independiente y tampoco existe evidencia pública suficiente para afirmar que toda la información anunciada haya sido efectivamente sustraída o vendida.

Hay, no obstante, hechos confirmados que impiden despachar el asunto como imaginación de hackers. SENARECOM reconoció accesos informáticos no autorizados al SINACOM y pidió preservar respaldos documentales. La Cancillería admitió el 16 de noviembre un “incidente de seguridad informática”, activó protocolos de contención y señaló que investigaba precisamente si existió acceso no autorizado o exposición de información. El vocero presidencial reconoció ataques contra un conjunto de entidades y la existencia de información ofertada como pública en la Dark Web. Eso no prueba todas las filtraciones denunciadas, pero tampoco describe una inocente caída del Wi-Fi institucional.

EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NO ES UN AMULETO ADMINISTRATIVO

Bolivia no carece por completo de reglas de seguridad estatal. Ese argumento sería cómodo, pero falso.

La Resolución Administrativa AGETIC/RA/0051/2017, de 19 de septiembre de 2017, aprobó los lineamientos para los Planes Institucionales de Seguridad de la Información. La AGETIC/RA/0059/2018, de 1 de agosto de 2018, hizo una modificación puntual para permitir que la conformación del Comité de Seguridad pudiera formalizarse mediante resolución “expresa”. No creó un régimen nuevo ni sustituyó el PISI.

Y esos lineamientos son bastante menos decorativos de lo que algunos despachos parecen creer. La Máxima Autoridad Ejecutiva debe conocer el estado de seguridad, designar al Responsable de Seguridad de la Información, conformar el Comité, aprobar el PISI y hacerlo cumplir. El RSI debe gestionar su elaboración e implementación, evaluar riesgos, coordinar la respuesta a incidentes, promover auditorías y, cuando corresponda, ejecutar acciones de informática forense orientadas a identificar, preservar, analizar y validar datos relevantes. El Comité revisa el plan, controla métricas y promueve acciones frente a incidentes.

Conviene corregir otro exceso retórico. Los lineamientos no establecen una “responsabilidad solidaria” automática entre MAE, Comité y RSI. Establecen funciones diferenciadas. La responsabilidad por la función pública debe determinarse según la acción u omisión concreta y mediante los procedimientos correspondientes; el propio régimen boliviano exige identificar al presunto responsable y las circunstancias de la contravención.

LA RESPONSABILIDAD EXISTE. LO QUE NO EXISTE ES UNA CULPA COLECTIVA INVENTADA PARA SATISFACER UN TITULAR.

LA CONTRALORÍA SÍ SABE QUÉ BUSCAR

Tampoco sería exacto afirmar que la Contraloría General del Estado jamás mira estos asuntos. CENCAP ofrece un curso llamado, sin espacio para metáforas, “Evaluación de Planes Institucionales de Seguridad de la Información para fines de control gubernamental”, dirigido precisamente a auditores internos.

Más aún, existen actuaciones publicadas. La propia Contraloría realizó en 2024 un relevamiento sobre su PISI, y en 2026 publicó una evaluación al Servicio de Impuestos Nacionales que detectó deficiencias en la arquitectura normativa de sus planes de contingencia y recomendó acciones correctivas a la MAE. Años antes también identificó problemas relacionados con PISI y controles TIC en otras entidades.

Por eso la crítica correcta no es “la Contraloría no hace nada”. La pregunta incómoda es otra. ¿Existe fiscalización sistemática, preventiva y públicamente trazable sobre el cumplimiento de los PISI en las instituciones que custodian información especialmente sensible? La documentación pública consultada demuestra controles puntuales; no permite acreditar una supervisión transversal y periódica de todo el aparato estatal. Confundir falta de evidencia pública con inexistencia absoluta sería tan poco riguroso como confundir un post de Dark Web con una venta consumada.

CHILE YA PAGÓ LA MATRÍCULA

EL ESPEJO REGIONAL RESULTA CRUEL PORQUE ESTÁ A POCOS KILÓMETROS.

En septiembre de 2022, la filtración atribuida a Guacamaya expuso correos del Estado Mayor Conjunto chileno y desencadenó investigaciones administrativas y judiciales. No fue una leyenda de Telegram. El Ministerio de Defensa reconoció la vulneración y el Congreso citó autoridades para explicar lo ocurrido.

Cuatro años después, Chile tampoco es inexpugnable. El 11 de noviembre de 2026, El Mostrador informó de un ciberataque al Sistema de Atención Consular. La Cancillería chilena confirmó que realizaba análisis forenses y la Agencia Nacional de Ciberseguridad, ANCI, confirmó una investigación. Los detalles sobre malware, phishing y duración provinieron principalmente de fuentes periodísticas y no todos han sido corroborados oficialmente; la propia ANCI manejaba, según el medio, la hipótesis de un DDoS.

La diferencia institucional es brutal. Chile cuenta con la Ley 21.663 y una ANCI con facultades para fiscalizar, ordenar auditorías, supervisar respuestas a incidentes y sancionar infracciones. Su nueva Ley 21.719 de protección de datos, aprobada en 2024, crea una Agencia de Protección de Datos Personales distinta de la ANCI y entra en vigor el 1 de diciembre de 2026. Ciberseguridad y protección de datos se coordinan; no se confunden.

ESO SE LLAMA APRENDER DESPUÉS DEL GOLPE. BOLIVIA PARECE PREFERIR COLECCIONAR GOLPES.

UNA LEY QUE LLEGA SIEMPRE MAÑANA

El atraso normativo boliviano no admite demasiadas acrobacias semánticas. Al 18 de noviembre de 2026 el país sigue sin una ley general e integral de protección de datos personales y sin una autoridad independiente equivalente a las existentes en buena parte de la región.

Aquí también corresponde limpiar el expediente legislativo. El llamado PL-349 fue un proyecto de la legislatura 2020-2021 que proponía regular el tratamiento de datos y crear una autoridad. No es correcto presentarlo como si fuera el proyecto vigente de 2026. La Cámara registra además iniciativas posteriores, entre ellas el PL-605/2024-2025 y el PL-538/2025-2026, este último titulado “Protección de Datos Personales” y consignado por el propio portal legislativo como “en tratamiento”.

Mientras Bolivia ensaya versiones, Brasil tiene LGPD y una autoridad reguladora con potestad fiscalizadora y sancionadora; Argentina aplica la Ley 25.326 mediante la AAIP; Colombia tiene la Ley 1581 y la SIC; Perú opera bajo la Ley 29733 y su ANPD.

España y la Unión Europea ofrecen otra lección que suele simplificarse. La AEPD puede imponer multas muy elevadas a empresas privadas bajo el RGPD, pero las administraciones públicas españolas sujetas al artículo 77 de la LOPDGDD reciben, como regla especial, declaraciones de infracción, medidas correctivas y apercibimientos, no las multas ordinarias del sector privado. El rigor también consiste en no importar mitologías jurídicas.

Y mientras discutimos leyes, la técnica sigue avanzando. ISO/IEC 27001 no promete inmunidad ni exige mágicamente un firewall determinado. Exige un sistema de gestión basado en riesgos, mejora continua y protección de confidencialidad, integridad y disponibilidad; Bolivia dispone de su adopción NB/ISO/IEC 27001:2023. Los controles concretos de acceso, respuesta a incidentes y otras buenas prácticas se desarrollan complementariamente en ISO/IEC 27002.

Un Estado que digitaliza trámites pero no financia seguridad, no audita sostenidamente sus controles y no reconoce derechos exigibles sobre los datos personales no es un Estado digital. Es un archivo de Excel con escudo nacional.

Y si mañana aparece nuestro pasaporte, nuestra cuenta bancaria o nuestro expediente administrativo en algún foro clandestino, tal vez la pregunta ya no sea quién hackeó al Estado. Tal vez sea quién permitió que el Estado siguiera siendo hackeable durante tantos años.

LUIS FERNANDO ZEGARRA CASTRO

PROFESOR UNIVERSITARIO, FORENSE INFORMÁTICO Y CONSULTOR POLÍTICO INTERNACIONAL.