2 de noviembre (Urgente.bo).- Ante la solicitud de medidas cautelares que planteó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Elisa Sánchez Cardozo, madre de la niña de 11 años que quedó embarazada en Yapacaní tras una violación, rechaza que la Defensoría del Pueblo se arrogue la representación a nivel nacional e internacional de la menor de edad y pide que el Estado no presione para cambiar la decisión de tener al niño.
En el documento al cual accedió el portal informativo Urgente.bo, la mamá dice que la institución que dirige la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, no habla por ella ni por su hija. Resalta que la representación legal de la pequeña que fue violada y embarazada por su abuelastro la tiene ella. “Tengo y tenemos conocimiento que la Defensoría del Pueblo se ha arrogado la representación de L.A.S, tanto en Bolivia como fuera y pretende hablar por ella y por nosotros. No lo hace, ante la ley yo seguiré siendo la representante legal, hasta que no medie una decisión firme y fundada en el debido proceso”, dice el documento que fue enviado a Washington, Estados Unidos, sede la CIDH.
A su vez, Sánchez denunció que se moviliza un aparato político, judicial y comunicacional con la intención de tomar a L.A.S. a llevarla a cambiar su decisión y terminar con el embarazo. La niña tiene 22 semanas de gestación.
“En caso de no mediar una medida cautelar de la Comisión, es posible que configure un daño irreparable su integridad personal y psicológica, al violar su voluntad y derechos sexuales y reproductivos. Habiendo ella expresados claramente su opinión e intención y de la cual se la pretende convencer de lo contrario”, subrayó la madre.
La Defensora del Pueblo presentó tres demandas para lograr la interrupción del embarazo de la niña en Yapacani, Santa Cruz. La primera pide que la justicia ordene a la Defensoría de la Niñez que interrumpa el embarazo; la segunda solicita medidas cautelares ante la CIDH contra el Estado Boliviano y la tercera denuncia penal, es contra el personal médico del Hospital Percy Boland, funcionarios de la Defensoría de la Niñez, contra el Arzobispado de Santa Cruz y contra la madre de la niña, por los delitos de incumplimiento de deberes, trata de personas y desobediencia a resoluciones constitucionales y trata de personas con fines de embarazo forzado, con fines de guarda o adopción.
Pide al Estado no presionar
También, Sánchez en su solicitud de medidas cautelares pide que la CIDH ordene a que las instituciones públicas depongan sus intentos de sustraer a L.A.S. a la fuerza de la residencia a la cual está recibiendo atención médica competente de acuerdo su decisión. La niña está en un centro de acogida de la Iglesia Católica en Santa Cruz.
“Es necesario que se ordene al Estado ( Plurinacional de Bolivia), que en su calidad de garante de los derechos de la salud sexual y reproductiva, a la vida y la integridad personal, se respete su decisión de no poner terminó al embarazo”, manifestó.
“Que el Estado boliviano se abstenga de sus intentos de modificar mi decisión y voluntad en forma legítima, mediante presión e intimidación, sin tener la debida consideración a su libertad de conciencia y pensamiento, además de su autonomía en materia sexual y reproductiva, la que ha sido enteramente ignorada”, añadió la madre.
Esta mañana, la CIDH demandó al Estado boliviano proteger a las niñas y a las adolescentes de la violencia sexual y el embarazo forzado, así como garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos tomando en cuenta la situación particular de vulnerabilidad que enfrentan por razones de género y edad, en aplicación del marco normativo nacional e internacional.
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