16 de junio (Urgente.bo)- La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari y Bartolina Sisa emitieron una carta al presidente del Estado, Rodrigo Paz, en el que le hicieron conocer cinco condiciones para el diálogo.
“Por la siguiente carta hacemos conocer las cinco condiciones para el acercamiento a su distinguida autoridad para un posible encuentro y tratar de buscar una solución para nuestro país, dando a conocer nuestras condiciones en siete ejemplares adjuntados. Sin otro en particular nos despedimos con las consideraciones más distinguidas esperando una respuesta positiva”, dice parte de la misiva.
Las cinco condiciones:
1. Gasolina Basura (Control y Anulación de Contratos por Combustible Adulterado)
Comisión de revisión inmediata: Crear una comisión conformada por representantes sociales y un equipo técnico (en colaboración científica con la Universidad Mayor de San Andrés - UMSA) para verificar la calidad del combustible importado en los puntos fronterizos antes de su ingreso al país.
Anulación de contratos: Proceder a la rescisión inmediata de los contratos con las empresas proveedoras internacionales si se confirma en frontera que el combustible no cumple con los estándares de calidad.
Resarcimiento económico: Exigen la compensación inmediata por el costo de reparación de los vehículos y maquinarias que resultaron dañados a causa del uso del combustible adulterado.
2. Alivio Económico (Regulación Temporal de Obligaciones Financieras)
Congelamiento de deudas: Instruir a través de la ASFI el congelamiento temporal de intereses y cargos por mora durante un periodo de seis (6) meses sobre las obligaciones financieras vigentes de la población (transportistas, gremiales, artesanos, productores, emprendedores, etc.).
Sin penalizaciones: Asegurar que las entidades financieras no apliquen intereses corrientes, multas ni intereses penatorios durante ese lapso.
3. Abrogación de Decretos Supremos Supuestamente Inconstitucionales
Exigen la eliminación inmediata de un conjunto de decretos emitidos por el Ejecutivo bajo el argumento de que afectan al sector popular y vulneran la Constitución Política del Estado:
Decretos 5618 y 5579: Denuncian que impulsan una minería sin control, perdonan deudas/multas a cooperativas, facilitan la minería en áreas protegidas y provocan la contaminación de ríos, suelos y fuentes de agua con mercurio.
Decreto 5517: Rechazan esta norma argumentando que autoriza a privados a importar y comercializar diésel y gasolina (lo que catalogan como un camino a la privatización de YPFB), y elimina por un año permisos policiales de control de sustancias, acusando que esto impulsa el narcotráfico y la minería ilegal.
Decreto 5519: Señalan que modifica las normas de la AGETIC, centraliza el manejo de datos del Estado e interviene redes y comunicaciones digitales sin controles, vulnerando el derecho a la privacidad y la consulta previa a los pueblos indígenas.
Decreto 5515: Critican que permite al Presidente ejercer funciones y suscribir decretos desde el exterior por medios digitales, vulnerando las reglas constitucionales de suplencia presidencial.
Decretos 5550, 5551 y 5552: Los acusan de generar un sistema de concentración de poder y de eliminar el equilibrio y separación de poderes.
