Sin una distribución equitativa del tiempo y del cuidado, es imposible construir oportunidades reales para las mujeres. Les exigimos competir, liderar y rendir al máximo, pero lo hacen desde una estructura que sigue descargando sobre ellas la mayor parte del trabajo invisible.
Cada 8 de marzo volvemos a hablar de igualdad, pero la pregunta de fondo permanece intacta: ¿Cómo pueden las mujeres ejercer plenamente sus derechos si el país no ha redistribuido el tiempo? En Bolivia, más del 50% de la población somos mujeres y la doble jornada no es una metáfora, es una realidad que combina empleo remunerado con extensas horas de cuidado no pagado. Ese cuidado no se limita a la infancia; las mujeres sostienen también la atención de adultos mayores, personas enfermas y personas con discapacidad, asumiendo responsabilidades que el Estado aún no ha incorporado plenamente en su arquitectura institucional.
De acuerdo con estudios regionales promovidos por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y otros organismos multilaterales, las mujeres en América Latina dedican en promedio más del doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, superando en muchos países las 30 horas semanales. Esta brecha en el uso del tiempo es uno de los factores estructurales que limita su autonomía económica, su acceso a posiciones de liderazgo y su participación política.
El diagnóstico dialoga directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de las Naciones Unidas, que reconoce la necesidad de valorar y redistribuir el trabajo de cuidado mediante políticas públicas, infraestructura y sistemas de protección social. No es una agenda exclusiva de marzo; es una asignatura pendiente los doce meses del año que necesita ser incorporada en las políticas públicas, para dejar de ver los tiempos de cuidado como una acción netamente enmarcada en el ámbito privado.
Algunos países de la región ya han entendido que sin sistemas de cuidado no hay igualdad posible. Uruguay implementó un Sistema Nacional Integrado de Cuidados; Chile ha fortalecido políticas de corresponsabilidad y ampliación de servicios; Costa Rica consolidó redes públicas de cuido para población vulnerable. Bolivia no puede seguir tratando el cuidado como un asunto privado ni como una responsabilidad exclusivamente femenina. Entidades como los Ministerios de Trabajo, Salud y el Ministerio de Educación deberían incorporar esta variable en su planificación estratégica y presupuestaria. No se trata de masculinizar el trabajo para que las mujeres se adapten a estructuras rígidas; se trata de feminizar la institucionalidad y comprender que redistribuir el tiempo es redistribuir poder.
Mientras el cuidado siga siendo invisible en el presupuesto y en la planificación estatal, la igualdad seguirá siendo solo un discurso. La plena autonomía de las mujeres bolivianas encontrará su mayor impulso cuando las políticas públicas logren armonizar la vida productiva con el sostén de la vida misma. Bolivia tiene ante sí la oportunidad de fortalecer su tejido democrático mediante el reconocimiento de los cuidados como un pilar del bienestar colectivo. No se trata solo de un acto de justicia, sino de una inversión estratégica en el capital humano del país. La creación de un Sistema Nacional de Cuidados permitiría que el talento y la participación de las mujeres dejen de ser un recurso limitado por las barreras del tiempo. Al integrar el cuidado en la arquitectura del Estado, se construye una nación más equitativa, donde el tiempo se convierta finalmente en un derecho garantizado para todas.
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