Cuando David Hoffman publicó el libro: The oligarchs: Wealth and power in the new Russia, Public Affairs, el año 2002, nadie imaginó que la figura del “oligarca ruso” podía convertirse en un fenómeno continental. Surgió en circunstancias históricas específicas a finales de la década de los años 90, luego del triste y decepcionante fin de la Unión Soviética; cuando ésta se disolvió, las privatizaciones y la debilidad institucional permitieron que determinados grupos económicos acumularan una influencia extraordinaria sobre los recursos públicos, los medios de comunicación y las decisiones gubernamentales. Del comunismo y las imágenes del estalinismo, se pasó veloz y tragicómicamente a la economía de mercado, junto con la pobreza de millones que veían cómo emergía una élite de millonarios de las cenizas del Partido Comunista.
No todos los empresarios rusos eran iguales, ni todos los procesos de acumulación respondieron a los mismos mecanismos; sin embargo, la concentración de riqueza y la fragilidad de los controles democráticos hicieron posible una estructura de poder sumamente desigual. Los oligarcas subieron al pedestal de la hegemonía económica, liquidando cualquier vestigio de la utopía revolucionaria que siempre generó sospecha por la violencia y el colapso moral que trajo el comunismo desde sus comienzos en 1917.
En las democracias occidentales, el fenómeno oligárquico presenta particularidades diferentes. En Europa existen sistemas judiciales más independientes, elecciones competitivas, organizaciones sindicales, prensa plural y mecanismos de control que no pueden equipararse sin más con la experiencia dictatorial postsoviética. Pero estas diferencias institucionales no eliminan el problema de fondo: la capacidad desigual de los actores económicos para influir sobre las decisiones públicas.
En una democracia oligárquica, el poder económico no necesita abolir el Parlamento ni prohibir las elecciones; simplemente puede operar mediante canales perfectamente legales: financiación política, acceso privilegiado a los responsables de las decisiones, capacidad de trasladar inversiones, influencia sobre la agenda pública y presión sobre las políticas fiscales y regulatorias. El problema no es la existencia de riqueza privada, sino la posibilidad de convertirla en una capacidad desproporcionada para influir en el poder y determinar las reglas que obligan a todos. Este es el núcleo de los conflictos sociales en Francia, Bélgica, España y Albania.
Las oligarquías contemporáneas: financiera, petrolera, de los medios de comunicación, militar con la OTAN y tecnológica, pueden ser menos visibles que la rusa de los años noventa y, precisamente por eso, más difíciles de identificar. No requieren que un empresario se siente junto al presidente para negociar directamente la distribución de las empresas estatales. Basta con que las decisiones gubernamentales se anticipen a las preferencias de los grandes propietarios del capital, mientras que las demandas de los trabajadores, los jubilados y los sectores empobrecidos se presentan como dificultades fiscales que deben corregirse, marginarse o suspenderse.
En septiembre de 2025, Transparency International France informó que los grupos que representan intereses comerciales constituían el 86 % de los inscritos en el registro francés de representantes de intereses (oligárquicos y elitistas financieros), frente al 14 % de los intereses no lucrativos. Además, estimó que los primeros empleaban 5,5 veces más lobistas y declaraban 9,5 veces más gastos que los segundos. Empero, aquí aparece una distinción fundamental: no toda política favorable a las empresas constituye una captura oligárquica, del mismo modo que no toda reducción del gasto público es una agresión deliberada contra la ciudadanía. El problema radica en que los oligarcas tienden a infectar el sistema democrático con desigualdad y privilegios que afectan los intereses de un país en su conjunto.
Las economías necesitan inversión, productividad y estabilidad. La cuestión democrática versus la lógica oligárquica es la siguiente: quién participa en la definición de las prioridades, cómo se distribuyen los beneficios del crecimiento económico y qué mecanismos existen para impedir que los intereses oligárquicos se conviertan en mandatos públicos incuestionables.
El liberalismo económico prometió que la competencia, la movilidad del capital y la apertura comercial ampliarían las oportunidades y reducirían las arbitrariedades del poder político. En numerosos ámbitos, la integración internacional produjo innovaciones, crecimiento económico y mejoras materiales. Pero la globalización también generó vulnerabilidades, desigualdades territoriales y una creciente percepción de que las decisiones fundamentales se desplazan hacia espacios distantes de la ciudadanía.
Cuando una comunidad pierde empleos industriales, ve deteriorarse sus servicios públicos o descubre que sus expectativas de movilidad social se han debilitado, las explicaciones que apelan a la eficiencia del mercado resultan insuficientes. La ciudadanía no reclama únicamente prosperidad, demanda también la posibilidad de intervenir en las condiciones bajo las cuales se produce, distribuye y disfruta esa prosperidad.
La oligarquización comienza cuando esa facultad de decidir democráticamente se distribuye de manera tan disímil que algunos actores pueden modificar las reglas del juego, mientras que otros apenas conservan el derecho periódico de votar y, encima, el voto no es una fuerza suficiente para cambiar las estructuras institucionales de la desigualdad económica, social y política.
En Rusia, la privatización de activos públicos y la debilidad institucional facilitaron una concentración extraordinaria de riqueza, seguida por la subordinación de importantes empresarios a un poder dictatorial con Putin a la cabeza. En Francia contemporánea y en el entorno europeo, la influencia se distribuye entre grandes patrimonios, conglomerados industriales, medios de comunicación, asociaciones empresariales, instituciones financieras, sectores tecnológicos y militares. Las oligarquías operan dentro de sistemas democráticos que conservan mecanismos reales de competencia y control.
La cuestión central que está incendiando París y muchos países en Europa es la siguiente: ¿puede existir una oligarquía democrática, es decir, una estructura en la que las elecciones sigan siendo competitivas, pero la capacidad de definir las alternativas económicas y políticas esté concentrada en grupos que los ciudadanos no pueden controlar de manera equivalente? La respuesta es sí porque no es necesario demostrar que los empresarios se reúnen en secreto para dirigir Europa. Bastaría con investigar si sus intereses cuentan con mecanismos de influencia permanentes, especializados y más eficaces que los de la ciudadanía común. Las oligarquías son una de las causas que amenazan con romper las democracias liberales de Europa occidental.
