2 de agosto (Urgentebo).- En la época Virreinal existían normativas para proteger a los indígenas, sin embargo muchas de estas no se llegaban a cumplir, dijo el historiador y documentalista, Pablo Michel, quien agregó que a partir de la fundación de Bolivia, incluso antes, se comenzaron a realizar leyes que permitían la explotación de los campesinos aimaras y quechuas, principalmente.
“Había una pena de privación de bienes a aquellos súbditos españoles o criollos que traten mal al indígena y que exploten al indígena. (…) Pero obviamente tú sabes las leyes se hacen y ni hoy día, en plenos siglo XXI, se cumplen. (…) Nosotros hemos satanizado tanto a la colonia y ahora vemos que la colonia fue más benigna que la propia república”, indicó.
Entre las leyes decretadas por la corona española están: la encomienda, don se le reconocía al indígena su derechos sobre sus posesiones temporales; las leyes de Burgos, permiten que sean reconocidos como hombres libres y que se les debe pagar un precio justo pos sus servicios; las Nuevas Leyes, que establecía las normas básicas de la organización del Consejo de Indias. No obstante, en su mayoría, estas normativas no se llegaban a cumplir.
En 1824, un año antes de la fundación de la República, Simón Bolívar promulga el Decreto de Trujillo, el cual permitía vender las tierras del Estado y repartir los terrenos de las comunidades entre los indígenas.
Al respecto Michel dijo que debido a que los indígenas no tenían dinero no había la forma de comprar su tierra y ello conllevaba a que nuevamente el nativo se llegue a vender. “Uno pensaría o es un estupidez esa ley o la otra, hilando más fino, que en el fondo se quería cuartar el desarrollo del indígena”, agregó.
Alipio Valencia Vega, en El Indio perpetuo mitayo de la mina, cita: “la aristocracia republicana, privada de un medio relativamente fácil de enriquecimiento cuantioso, tuvo que asentarse sobre la explotación de la tierras y del indio campesino. (…) De ahí que una de las causas para la continuación de la servidumbre en el campo y el sistema feudal agrario, fue la decadencia de la minería a tiempo de comenzar el país su vida independiente”.
A esto se suma que, los primeros presidentes del país eran propietarios de tierras, por lo cual necesitaban servidumbre y en este sentido decretaban normativas para legalizar el pongueaje de los indígenas.
El 1866 Mariano Melgarejo decretó que toda propiedad comunal debe pertenecer al Estado, por lo que los indígenas debían comprar sus derechos propietario. Esta disposición ocasionó que se rematen varias propiedades y que además varios de estas tierras lleguen a ser haciendas, donde el campesino era explotado.
El historiador indicó que luego de la Guerra del Pacífico, lo que gobernaron después, hicieron normativas para que de alguna manera el indígena pague el costo del conflicto bélico.
Ley de la Reforma Agraria
Tras varias revueltas antes de la Revolución de 1952, y manifestaciones posteriores, en 2 de agosto de 1953, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, la cual cambio la situación jurídica de las tierras, haciendas agropecuarias pasaron a ser administradas por comunidades indígenas. Además despojo a los campesinos nativos de la esclavitud y servidumbre.
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