En un contexto global marcado por la aceleración tecnológica, la calidad de las decisiones públicas depende cada vez más de información especializada, datos confiables y mecanismos transparentes de interacción entre el Estado y la sociedad. En este escenario, el lobby —una práctica históricamente malinterpretada en Bolivia— emerge como una herramienta clave para modernizar la gestión pública, especialmente cuando se articula con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
El lobby nació en Inglaterra en el siglo XVII, cuando comerciantes y representantes de gremios esperaban en los pasillos del Parlamento para influir en decisiones que afectaban sus actividades. Londres, epicentro de la revolución industrial y luego de la revolución digital, convirtió esta práctica en un mecanismo institucionalizado de diálogo público-privado. Hoy, su Register of Consultant Lobbyists y las agendas digitales obligatorias de ministros son referentes mundiales de transparencia.
Este ecosistema no solo fortaleció la confianza pública, sino que impulsó un sector económico basado en análisis de datos, consultoría estratégica y servicios digitales de alto valor. La digitalización ha multiplicado la complejidad de las políticas públicas. Regular sectores como ciberseguridad, inteligencia artificial, telecomunicaciones, protección de datos o infraestructura digital exige conocimientos que el Estado no siempre posee internamente. El lobby, cuando es transparente, permite que expertos, empresas tecnológicas, universidades y organizaciones sociales aporten evidencia y perspectivas técnicas.
Sus beneficios son claros:
- Mejor regulación tecnológica: evita normas obsoletas o inaplicables en un entorno digital cambiante.
- Impulso a la innovación: facilita la adopción de marcos modernos para IA, datos abiertos, gobierno digital y ciberseguridad.
- Competitividad económica: brinda previsibilidad a inversionistas en sectores tecnológicos.
- Reducción de la corrupción: la trazabilidad digital de reuniones y documentos limita la discrecionalidad.
- Participación ciudadana informada: plataformas digitales permiten que más actores incidan en políticas públicas.
La región ha dado pasos importantes hacia la transparencia y la regulación del lobby, muchos de ellos apoyados en plataformas digitales:
- Chile lidera con su Ley 20.730, que obliga a publicar reuniones, viajes y donativos en portales abiertos.
- Perú cuenta con un registro digital de gestores de intereses, aunque con desafíos de implementación.
- Argentina ha desarrollado sistemas parciales de transparencia en el Congreso y ministerios.
- México avanza con iniciativas estatales que incluyen plataformas de acceso público.
Estas experiencias muestran que la regulación del lobby no solo es viable, sino que se potencia cuando se integra con herramientas tecnológicas.
Bolivia es uno de los pocos países de la región sin una normativa sobre lobby. La ausencia de reglas claras genera opacidad, desigualdad de acceso y riesgos de tráfico de influencias. En un país que busca avanzar hacia la transformación digital, esta falta de regulación es una brecha evidente.
Un sistema de lobby apoyado en TIC permitiría:
- Publicar agendas digitales de autoridades.
- Registrar reuniones y documentos en plataformas abiertas.
- Identificar intereses representados por actores privados y sociales.
- Facilitar auditorías y control social mediante datos abiertos.
- Profesionalizar la incidencia pública en sectores estratégicos como salud digital, telecomunicaciones, energía, fintech y ciberseguridad.
La modernización del Estado no depende solo de infraestructura tecnológica, sino también de reglas claras que ordenen la interacción entre quienes toman decisiones y quienes buscan influir en ellas. El lobby transparente, apoyado en plataformas digitales, es una pieza clave de ese proceso.
Bolivia tiene la oportunidad de aprender de Londres, Chile y otros referentes globales para construir un modelo propio que combine transparencia, tecnología y participación. En la era de la información, regular el lobby no es solo un acto de ética pública: es una estrategia de desarrollo.
Luis Sergio Valle, presidente de la Fundación FUNDETIC Bolivia
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