Agosto 12, 2026 -HC-

Ley de Inversiones fija beneficios condicionados y temporales con descuentos de hasta 80% en el IUE


Miércoles 12 de Agosto de 2026, 1:15pm




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12 de agosto (Urgente.bo)- El proyecto de Ley de Inversiones fija un régimen de promoción de incentivos tributarios y aduaneros. Se trata de beneficios condicionados y temporales, que son de dos tipos: automáticos y sujetos a calificación. 

Expone que los decretos supremos sólo podrán desarrollar procedimientos, fórmulas técnicas, verificación, clasificación arancelaria y control; no podrán crear o ampliar nuevos beneficios tributarios, porcentajes o modificar lo previsto en la presente ley.

Beneficio sobre exención del gravamen arancelario e impuestos al Valor Agregado

El proyecto de ley establece que la importación definitiva de bienes de capital, maquinaria y equipos, nuevos productivos que integren una inversión elegible, estará exenta del Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado - IVA, cuando los bienes se destinen directamente al proyecto y no producidos en el país.

Este beneficio se aplicará también a partes, piezas y accesorios especializados que sean indispensables para el funcionamiento de los bienes de capital, maquinaria y equipos.

La exención aplicará si esos bienes no se producen en Bolivia. Si existe producción nacional registrada como "Hecho en Bolivia", el beneficio no se aplicará y la empresa debe comprar localmente o pagar los impuestos de importación.

Asimismo, el beneficio previsto será aplicable a las importaciones realizadas dentro de los tres años siguientes al registro del proyecto de inversión.

Para realizar el trámite en la Aduana, el importador debe registrar el proyecto y presentar la declaración jurada de afectación productiva a través de la VUI. La Aduana Nacional aplicará la exención del GA y del IVA con control posterior basado en riesgo.

En este caso, la ANI certificará la vinculación técnica del bien con el proyecto. “El certificado deberá emitirse en cinco (5) días hábiles; vencido el plazo, el interesado podrá solicitar pronto despacho y activar los mecanismos de reclamación administrativa, sin que el silencio sustituya los controles aduaneros de legalidad, valoración, clasificación, origen o destino”, detalla.

Los proyectos promovidos serán evaluados por la ANI sobre cien puntos, por ejemplo, la generación de empleo formal y capacitación consta de 20 puntos; las exportaciones y la generación de divisas, 15 puntos; el valor agregado e industrialización, 15 puntos; innovación, investigación, 15 puntos; compras nacionales y desarrollo de proveedores, 10 puntos; descentralización territorial, 10 puntos; sostenibilidad, tecnologías limpias y eficiencia energética, 10 puntos; y la reinversión y compromiso de largo plazo: hasta cinco puntos.

Para acceder al crédito tributario a los fines del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - IUE por inversión se debe tener un puntaje mínimo de 40.

“Ningún proyecto que registre una puntuación de cero (0) en el inciso g) (sostenibilidad, tecnologías limpias y eficiencia energética) de este Artículo podrá ser calificado como proyecto promovido ni acceder al crédito tributario por inversión”, aclara.

Crédito tributario por inversión

El proyecto de ley establece que los proyectos promovidos tendrán derecho a un crédito tributario imputable contra el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – IUE. El mecanismo es que, mientras más puntos tenga el proyecto en la evaluación oficial, mayor será el descuento en el IUE.

En ese sentido, se habla del 25% cuando haya acumulado entre 40 y 54 puntos. 40% entre 65 y 69 puntos; 60% entre 70 y 84 puntos y 80% entre 85 y 100 puntos.

Las reglas son que, en cada gestión fiscal, el crédito utilizado no podrá exceder del 80% del IUE determinado antes de la imputación del beneficio y de existir el crédito tributario no imputado en una gestión fiscal, este no podrá acumularse ni trasladarse para la siguiente gestión fiscal.

Depreciación acelerada

Sin embargo, en sustitución al crédito tributario, está la depreciación acelerada, que permitirá reducir hasta en 50% la vida útil fiscal aplicable a bienes de capital e infraestructura elegible.

Las empresas solo podrán optar por una de estas alternativas.