Bolivia atraviesa un momento decisivo en el debate sobre las propuestas de leyes antibloqueos que analiza la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre ellas el Proyecto de Ley PL‑094/2025‑2026. Los documentos oficiales del Órgano Legislativo y del Ministerio de Gobierno coinciden en que los bloqueos, convertidos en una práctica recurrente durante décadas, generan daños económicos millonarios, vulneran derechos fundamentales y afectan gravemente la estabilidad institucional del país. El desafío consiste en equilibrar el derecho constitucional a la protesta con la obligación del Estado de garantizar el libre tránsito, la seguridad ciudadana y la continuidad de los servicios esenciales.
Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, la protesta es un derecho legítimo, pero no absoluto. Su ejercicio no puede anular derechos de terceros ni poner en riesgo la vida, la salud, la seguridad alimentaria o la economía nacional. Por ello, el debate legislativo debe centrarse en la proporcionalidad, la legalidad y la protección simultánea de libertades democráticas y del orden público.
Las propuestas en discusión incluyen la tipificación del bloqueo como delito autónomo, sanciones penales diferenciadas para promotores, financiadores y ejecutores, y mecanismos de responsabilidad civil por daños causados al Estado y a terceros. Sin embargo, FUNDETIC Bolivia ha planteado tres elementos adicionales que buscan introducir un enfoque más integral, moderno y estructural para enfrentar este fenómeno que paraliza al país de manera recurrente.
El primer elemento es la corresponsabilidad territorial, ajustada al marco autonómico vigente. Cuando un bloqueo se produzca en un territorio específico, la responsabilidad no debe recaer únicamente en el municipio afectado, sino también en la gobernación correspondiente. Se propone que, ante la inacción o falta de medidas de prevención, mediación o resolución del conflicto, se active un mecanismo de congelamiento temporal de cuentas fiscales tanto municipales como departamentales. Este mecanismo debe ser proporcional al presupuesto aprobado de cada entidad, evitando arbitrariedades y garantizando que la sanción sea coherente con su capacidad institucional. El objetivo es incentivar a los gobiernos subnacionales a asumir un rol activo en la gestión de la conflictividad social, fortaleciendo la gobernanza territorial y alineándose con estándares internacionales de responsabilidad compartida.
El segundo elemento es la incorporación de un sistema de sanciones económicas estructuradas para organizaciones sociales involucradas en bloqueos. FUNDETIC propone que estas sanciones no sean montos fijos, sino porcentajes calculados en función del daño causado a los sectores económicos productivos dentro del territorio donde se origina el conflicto. Esto permite que las sanciones sean proporcionales, medibles y aplicables sin ambigüedades. La responsabilidad civil recaería sobre promotores, financiadores y ejecutores, desincentivando la logística y planificación de bloqueos prolongados que, según informes oficiales, han generado pérdidas superiores a los cien millones de dólares en episodios recientes.
El tercer elemento es el más sensible desde la perspectiva de derechos humanos: la pérdida inmediata de la personalidad jurídica de organizaciones sociales que promuevan o ejecuten bloqueos, acompañada del registro de sus miembros en una lista nacional de riesgo por vandalismo y terrorismo, con congelamiento inmediato de cuentas bancarias. Esta medida exige estrictas garantías de debido proceso, control judicial y mecanismos de apelación para evitar abusos o persecuciones políticas. Sin embargo, responde a la necesidad de frenar estructuras organizadas que utilizan el bloqueo como herramienta de presión sistemática, afectando a millones de ciudadanos.
Desde la gestión municipal, departamental y el enfoque de desarrollo humano, estas propuestas revelan un problema estructural: los bloqueos no son solo un acto de protesta, sino un síntoma de la falta de canales institucionales eficaces de diálogo, participación y resolución de conflictos. Penalizar sin fortalecer la institucionalidad puede reducir la frecuencia de los bloqueos, pero no resolver sus causas. Por ello, FUNDETIC Bolivia sostiene que el país debe avanzar hacia un modelo de gobernanza moderna, donde la tecnología, la transparencia, la trazabilidad de decisiones públicas y la participación ciudadana reduzcan la conflictividad social. La digitalización de trámites, la apertura de datos y la institucionalización de mecanismos de consulta previa pueden transformar la relación entre ciudadanía y Estado.
El impacto positivo de estas propuestas radica en que no solo buscan sancionar, sino ordenar, modernizar y fortalecer la institucionalidad democrática del país. Al introducir responsabilidad territorial compartida, sanciones económicas proporcionales al presupuesto institucional y mecanismos de control organizacional, Bolivia puede avanzar hacia un futuro donde los conflictos se resuelvan mediante la ley, el diálogo y la institucionalidad, y no mediante la paralización del país. FUNDETIC Bolivia reafirma que estas medidas, aplicadas con rigor técnico y respeto a los derechos fundamentales, pueden convertirse en un punto de inflexión para construir un país más estable, moderno y orientado al desarrollo.
Luis Sergio Valle
Promoción XLIX – Escuela de Altos Estudios Nacionales
Magíster en Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional
Presidente de FUNDETIC Bolivia
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