7 de mayo (Urgente.bo)- Las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural de la asamblea, que se han encargado del proceso de la preselección de candidatos a las elecciones judiciales, no debieron parar el proceso porque aún no fueron notificados sobre el fallo que determina la paralización de las judiciales, expone el abogado Ramiro Carillo, quien presentará un memorial con esta y otras observaciones.
“En este documento expongo los puntos por los que debería continuar la elección de los magistrados”, dijo el jurista, a Urgente.bo, quien presentará el memorial a las comisiones esta tarde.
Una primera observación es que una acción popular no puede ser dirigida para específicamente pedir la anulación de una convocatoria o una ley, sino, la misma debe tratar temas de medio ambiente, salud pública, educación y otros, explicó Carrillo y se refirió a la determinación de la Sala Primera de Pando, que dio curso a una acción popular, porque se habría vulnerado los derechos de mujeres indígenas en la ley 1549 de convocatoria al proceso electoral.
“La acción popular tiene su dedicatoria en derechos generales, no específicos y de un grupo (mujeres indígenas)”, expuso el jurista.
En otra observación, Carrillo se basa en la figura política de "actos consentidos". Cuando se promulgó la convocatoria, los grupos que se sentían vulnerados en sus derechos, podían impugnar la norma, pero el no hacerlo significó estar de acuerdo con ella.
“La población boliviana ha estado de acuerdo con la promulgación de esta ley, y al consentir se han sujetado a las reglas del juego”, dijo. En ese sentido, mencionó que el momento oportuno para presentar una acción constitucional fue cuando la Asamblea Legislativa emitió la convocatoria.
Sostuvo que también hubo un "acto consentido" cuando los candidatos se vistieron con ropa originaria para presentarse como candidatos, y, por lo tanto, no se vulneró sus derechos.
Otro aspecto observado por Carrillo, es que hasta el día de hoy no se ha notificado ni a las partes, ni a los terceros interesados con la resolución en su integridad, sobre la paralización del proceso de las judiciales.
“La Asamblea Legislativa Plurinacional no debe hacer caso a la acción popular porque la ley sigue vigente, todos los plazos también, más allá de la resolución, que no es vinculante mientras no se ha notificado a las partes, son esta resolución”, añadió.
