23 de febrero (Urgente.bo)- Los recientes decretos que modifican la estructura de la Vicepresidencia muestran las tensiones entre el Presidente y el Vicepresidente. Además, provocarán un debilitamiento institucional de la Vicepresidencia, instancia que dependerá administrativamente de la cartera de Estado que dirige el ministro José Luis Lupo.
El analista político Armando Ortuño afirmó que, más allá de la discusión legal, se trata de una “señal política de debilitamiento de la Vicepresidencia” y de ponerle “trabas a su acción”.
“Sí es llamativo que se debilite la capacidad de ejecución, de acción y de control que tiene que tener una entidad como la Vicepresidencia, y que se debilite además su autonomía, que tengas que hacer procesos administrativos dependiendo de un ministerio que es de un rango inferior, digamos, es extraño”, sostuvo Ortuño a Urgente.bo.
“Lamentablemente me da la impresión que esto tiene que ver más con los problemas personales entre el presidente y el vicepresidente”, agregó.
De acuerdo con los decretos, la Vicepresidencia mantendrá sus funciones de coordinación y gestión parlamentaria, pero su estructura administrativa, su personal y los mecanismos de control interno pasarán a depender del Ministerio de la Presidencia. Además, no contará con representaciones regionales ni instancias propias fuera del nivel central.
Para Ortuño, aunque no puede afirmarse que haya una vulneración constitucional, llama la atención que la Vicepresidencia ya no tenga una estructura administrativa mínimamente independiente. Recordó que en el país existen múltiples instituciones autónomas con administración propia.
El analista también descartó que las medidas conviertan al ministro de la Presidencia en “vicepresidente de facto”, como afirmaron algunos, y que estos decretos le den poder al ministro Lupo.
Sin embargo, consideró que el conjunto de decisiones sí reduce la capacidad de acción y ejecución de la Vicepresidencia. En ese sentido, consideró que no se debe debilitar una institución por diferencias políticas o personales.
“Uno no puede debilitar y dañar las instituciones por el comportamiento de alguna persona y entonces a partir de eso decir que hay que quitarle poder. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Hay que respetar la institución más allá que la persona”, enfatizó.
Según el analista, este escenario refleja un deterioro en la relación entre ambas autoridades y el país requiere “madurez y responsabilidad” para el funcionamiento adecuado del Estado.
