La reciente declaración del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, realizada en el programa Fama, Poder y Ganas, podría terminar convirtiéndose en un elemento extremadamente delicado dentro del proceso judicial que enfrenta Sebastián Enrique Marset Cabrera en Estados Unidos.
El viceministro afirmó que la DEA colaboró con inteligencia boliviana en la captura de Marset y de otros narcotraficantes vinculados a su estructura criminal. La declaración no habría llamado tanto la atención de no ser porque se produjo exactamente el mismo día en que comenzaron a conocerse detalles sobre las negociaciones entre Marset y la justicia norteamericana para alcanzar un acuerdo de culpabilidad a cambio de cooperación.
Según la información difundida, el volumen probatorio acumulado —más de 22 gigabytes de evidencia— habría empujado a Marset a considerar declararse culpable. En el sistema judicial estadounidense, este tipo de acuerdos implica generalmente que el acusado aporte información sustancial sobre operaciones criminales, rutas, estructuras financieras, contactos y redes de protección. A cambio, la Fiscalía puede recomendar una reducción considerable de pena.
Entre los elementos centrales del caso aparece un dispositivo celular que Marset habría mantenido oculto en una caja fuerte en Santa Cruz. El aparato fue posteriormente enviado a Estados Unidos para ser sometido a pericias técnicas. Precisamente allí surge el problema.
La defensa de Marset sostiene desde hace tiempo que existieron operaciones de espionaje y actuaciones irregulares en territorio boliviano. Su estrategia jurídica apunta a cuestionar la legalidad del origen de las pruebas, poniendo en debate no solamente la soberanía nacional, sino también la validez misma de la evidencia obtenida.
La declaración del viceministro podría alimentar directamente esa línea de defensa.
La teoría del “árbol envenenado”:
En derecho penal, particularmente en el sistema norteamericano, existe la doctrina conocida como la teoría del “fruto del árbol envenenado”. El principio es relativamente simple: si la prueba original fue obtenida de manera ilegal, entonces todas las pruebas derivadas de ella también quedan contaminadas y pueden ser declaradas inadmisibles.
En otras palabras, si el “árbol” está viciado, también lo están sus “frutos”.
Y si hay algo especialmente riguroso en la justicia estadounidense, es precisamente el control sobre la legalidad en la obtención de pruebas, la cadena de custodia y el respeto a los procedimientos constitucionales. Por ello, las afirmaciones del viceministro podrían abrir una discusión extremadamente sensible respecto a cómo se desarrollaron las operaciones de inteligencia vinculadas al caso en Bolivia.
No se trata de un detalle menor. El celular atribuido a Marset podría contener información determinante sobre movimientos financieros, contactos internacionales, estructuras logísticas y vínculos criminales. Si la defensa consigue instalar dudas razonables sobre la legalidad de su obtención o sobre la participación de agentes extranjeros en territorio boliviano fuera de los marcos legales permitidos, la evidencia podría verse seriamente comprometida.
El problema de la DEA en Bolivia:
La controversia adquiere todavía mayor relevancia porque en Bolivia continúa vigente el decreto emitido en 2008 que dispuso la expulsión de la DEA del país. Desde entonces, la actuación directa de esa agencia en territorio nacional quedó formalmente restringida.
Además, la legislación boliviana establece que las interceptaciones, seguimientos y otras medidas invasivas requieren autorización judicial. Por ello, cualquier insinuación sobre operaciones de inteligencia extranjeras desarrolladas de manera activa dentro del país inevitablemente genera cuestionamientos jurídicos y políticos.
La situación resulta paradójica. En un intento por mostrar cooperación internacional y eficacia en la lucha contra el narcotráfico, una declaración política podría terminar fortaleciendo precisamente el argumento de la defensa que busca invalidar parte de las pruebas centrales del proceso.
Un silencio que quizás era necesario:
En investigaciones de crimen organizado transnacional, especialmente cuando existen procesos abiertos en Estados Unidos, las autoridades suelen manejar con extrema cautela cualquier información relacionada con mecanismos de cooperación internacional, inteligencia o métodos de obtención de evidencia.
No es casualidad. En este tipo de casos, una declaración imprudente puede terminar teniendo consecuencias procesales concretas.
Por eso llama poderosamente la atención que la afirmación sobre la colaboración de la DEA se produjera justamente cuando trascendía que Marset negociaba un acuerdo con la Fiscalía estadounidense y cuando el contenido de su teléfono celular aparecía como una pieza estratégica dentro del caso.
La pregunta inevitable es si esa declaración fue simplemente una imprudencia política o si podría convertirse en un elemento utilizado por la defensa para intentar debilitar una de las investigaciones más importantes vinculadas al narcotráfico regional en los últimos años.
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