Mientras las autoridades chilenas denuncian que la entrada de extranjeros al país, especialmente venezolanos desde el Norte, generó una crisis social y migratoria, especialistas del tema y ONGs alertan sobre la "crisis "humanitaria y el aumento de la xenofobia, por lo que le piden al Gobierno que abandone sus políticas restrictivas y ayude a los recién llegados.

Por otro lado, autoridades del gobierno de Sebastián Piñera empezaron a criticar a las autoridades del gobierno boliviano, porque, según ellas, en este lado de la frontera se hace muy poco para evitar la crisis.

 

La idea de una crisis migratoria comenzó a circular en la prensa y el debate público chileno a fin de julio cuando las autoridades locales de la comuna (barrio) de Colchane, en la región de Tarapacá, cerca de la frontera con Bolivia, denunciaron que la zona estaba colapsada por la entrada de más de 200 personas a diario que acampaban en lugares públicos, lo que causó la incomodidad y el rechazo de los vecinos.

Chile, un país con una población de cerca de 20 millones, tiene más de 1,4 millones extranjeros residentes, según datos del Departamento de Migración y Extranjería.

CRITICAS AL GOBIERNO DE PIÑERA

En reiteradas entrevistas, Javier García, alcalde de Colchane, sostuvo que enfrenta una crisis generalizada por la excesiva llegada de migrantes y acusó al "Plan Colchane" del Gobierno de Sebastián Piñera de "fracaso". Francisca Vargas Rivas, directora de la Clínica Jurídica de Inmigrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, coincidió en que la situación actual se inició "debido a las políticas migratorias restrictivas del Gobierno, impuestas a partir del año 2018".

"Comenzó por cambiar las reglas migratorias por reglas que son objetivamente más restrictivas", explicó y opinó que estas medidas no frenaron la inmigración.

En diálogo con Télam, Vargas puso como ejemplo la cantidad de documentos que el Gobierno exige para el proceso migratorio y agregó: las personas "tienen a mano el ingreso por pasos no habilitados ya que la vía regular no es alcanzable para ellos".

En el caso de los venezolanos, el Gobierno impuso una Visa de Responsabilidad Democrática en 2018, como medida para regular su entrada a Chile, pero "obtener desde Venezuela una visa es lento y caro". Además, destacó, "el porcentaje de otorgamiento es bajísimo, de menos de un 30%".

La llamada crisis migratoria que denuncia el Gobierno se agudizó en los últimos días cuando las autoridades desalojaron un campamento de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, instalado en una plaza de la norteña ciudad chilena de Iquique.

Organizaciones de la sociedad civil emplazaron al Gobierno a cambiar su política migratoria y asumir su responsabilidad

Esta decisión política dio aire de inmediato a los sectores de la sociedad que hacía tiempo venían pidiendo la expulsión de estas personas. Ese mismo día, una marcha antiinmigrantes se movilizó hasta otro campamento que los desalojados habían levantado y quemaron sus carpas y sus pertenencias ante la mirada de decenas de ciudadanos y la inacción policial.

LAS CRITICAS AL GOBIERNO DE BOLIVIA

Por otro lado, el delegado presidencial regional de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, acusó este jueves a Bolivia de no esforzarse para frenar el avance de cientos de inmigrantes que cruzan la frontera entre ambos países por pasos no habilitados.

"Tenemos 300 kilómetros de frontera con Bolivia, y Bolivia no hace ningún esfuerzo para que la gente no cruce, al contrario, hay mucha ayuda de los llamados 'coyotes'", dijo a Radio Cooperativa.

La autoridad local explicó la necesidad de habilitar un campamento de Carabineros en la ciudad de Colchane, ubicada a 1.900 kilómetros al norte de Santiago y fronteriza con la localidad boliviana de Pisiga, una decisión que finalmente adoptó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado y que implicó duplicar el despliegue de oficiales en la zona.

UNA SITUACIÓN MUY COMPLEJA

Mariana Zalchendler, presidenta de la Comisión Presidencial para Diáspora Venezolana en Chile, dialogó con Télam sobre la situación en el norte del país y afirmó que "esto (inmigrantes venezolanos en plazas públicas del norte) era una olla de presión y nunca se destapó para aligerar la situación".

Aseguró que la actual crisis migratoria en el Norte es "muy compleja y muy dolorosa" y que fue agravada por el cierre de fronteras debido a la pandemia, pero reconoció que desde hace más de un año, los iquiqueños vienen denunciando la situación con los venezolanos.

Según Zalchendler, en la plaza desalojada había más de 167 personas, entre ellas más de 43 menores de edad.

La abogada Vargas agregó que las marchas antiinmigrantes de la zona se originaron porque "Chile es un país sin memoria y esta no es la primera vez que mostramos esto".

"Sin perjuicio, uno puede decir que Chile es un país racista y xenófobo. Desde el 2017 lo sabemos con claridad, después de un estudio que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos", alertó la académica de la universidad Diego Portales al recordar que ese informe expuso que la mayoría de los chilenos se considera "más blancas" que otros países de la región y en el que se caracterizó a los migrantes como "sucios".

A ese sentimiento, continuó, se le suma un discurso político del Gobierno nacional, en el que los problemas migratorios son por culpa exclusiva del extranjero y esto "exacerba la pequeña gota o el gran balde de xenofobia y racismo que existe en cada persona".

Para Vargas, "es correcto hablar de crisis", pero no solo migratoria, sino también "humanitaria".

El Gobierno de Piñera no cambió su política migratoria, pero sí anunció esta semana un despliegue de fuerzas policiales y militares en la macrozona norte del país y un plan de "medidas humanitarias", principalmente la apertura de albergues móviles para una atención integral de los inmigrantes en Colchane, Iquique y Antofagasta.

Pero el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aclaró que, en paralelo, el Gobierno retomará la política de expulsiones de extranjeros, fuertemente rechazada a nivel nacional e internacional.

"Lo que plantea el Ejecutivo central no funciona y, en este caso, las personas de Iquique se sienten absolutamente desamparadas y esa rabia que tienen contra las autoridades, también xenófobas y racistas, se entremezclan y se acrecienta", explicó Vargas.

El domingo está convocada una marcha nacional antimigrantes en Chile y Zalchendler no esconde su preocupación: "Esperamos que no haya hechos de violencia".

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