Hace más de 20 años, durante la Vicepresidencia de Carlos Mesa en 2002, se creó la Unidad Técnica de Lucha Contra la Corrupción – UTCC, que después se convirtió en la Secretaría de Lucha contra la Corrupción y Políticas Especiales (SLCC), como parte de la Vicepresidencia de la República. En 2003 ya como presidente, dispuso jerarquizar esa oficina otorgándole la categoría de Cartera de Estado con el nombre de Delegación Presidencial Anticorrupción.

Algunos años después bajo el primer gobierno de Evo Morales en 2006, se creó el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que en 2009 alcanzó la categoría de Ministerio. En 2017 dicha Cartera de Estado es fusionada con el Ministerio de Justicia bajo el nombre de Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y se retrocede retornando al Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. En 2025 el gobierno de Rodrigo Paz dispone que tal instancia pase a depender del Ministerio de la Presidencia modificando el nombre a Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos.

Es decir que desde 2002 y durante más de 20 años, Bolivia tuvo oficinas anticorrupción y de  transparencia del Estado que bajo diferentes denominaciones y jerarquías, con asignaciones presupuestarias variables pero costosas, no mejoró la calificación del país en los índices de corrupción regionales y mundiales.

Una burocracia monstruosa y costosa

En 2009, con nueva CPE y vía Decreto Supremo Nº 29894, se dispuso la creación de Unidades de Transparencia en cada Ministerio del Órgano Ejecutivo, bajo dependencia directa del Ministro, es decir que la época de dichas unidades inicio con 20 oficinas de alcance nacional.

En 2017, mediante Ley Nº 974 de Unidades de Trasparencia y Lucha Contra la Corrupción, se dispone que todas las entidades públicas del nivel central del Estado deben contar con su propia unidad de transparencia, lo mismo que las Entidades Territoriales Autónomas, los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, el Tribunal  Constitucional, el Ministerio Público, la Contraloría General de Estado, la Procuraduría General de Estado, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Bolivia y todas las Universidades Públicas Autónomas.

Al respecto, la Memoria 2024 del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción publicó que a diciembre de 2024 existían trescientos setenta (370) Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción registradas en su sistema SITPRECO S2+. Nuestro cálculo, que considera a Ministerios y entidades del nivel central (100-120), Empresas públicas (20-30), Gobernaciones (9), Municipios (339), Universidades públicas y otras entidades (30-40), estima un aproximado de 450 a 500 Unidades de transparencia y lucha contra la corrupción en Bolivia.

Hice un pequeño ejercicio para intentar establecer cuanto le cuesta a Bolivia esa inmensa maquinaria pública de transparencia y lucha contra la corrupción; para ello tomé algunos datos de lo poco que se publica en una administración pública difusa y dizque transparente.

Una unidad de transparencia típica tiene en promedio 3 a 4 funcionarios con niveles salariales de: Jefe de Unidad Bs.10.000 - 14.000; Profesional técnico entre Bs.7.000 a 9.000; Auxiliar o administrativo Bs.4.000 a 5.000.-.

En un escenario promedio, el costo mensual sólo en salarios de una de estas unidades es de Bs.23.000.- que multiplicados por 12 meses significan Bs.276.000 por unidad al año. Ahora multipliquemos esa cifra por el aproximado de 450 unidades de transparencia del Estado en todos sus niveles; el resultado es de Bs.124 millones, cifra que sólo considera salarios y no aguinaldos, refrigerios, gastos operativos, materiales, ni tampoco las famosas ferias de transparencia o eventos de rendiciones de cuentas que muchas veces significan pasajes y viáticos para montar eventos sin mayores resultados más que (mal)gasto público.

Transparencia y anticorrupción, Bolivia en el mundo

El principal indicador mundial sobre corrupción es el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) elaborado por Transparencia Internacional, que clasifica a los países de 0 a 100 puntos (0 = muy corrupto, 100 = muy transparente) y los ordena en un ranking mundial.

Promediando el puntaje de Bolivia desde 2009 (cuando son creadas las unidades de transparencia), tal índice dicta un promedio de alrededor de 30,8 puntos, lo que refleja una percepción persistente de corrupción elevada. Con ese parámetro, la mejor posición de Bolivia se logró en 2015 con 34 puntos, alcanzando el puesto 98; aun así ubicada entre el tercio de países con mayor corrupción en el mundo.

Para tener datos más cercanos, los dos últimos años Bolivia repitió el puntaje de 28 que la sitúa en la posición 136 en 2025 y 133 en 2024; tal calificación nos ubica como país muy por debajo del promedio mundial (42-43), es decir lejos del estándar global de integridad pública.

Estas malas calificaciones se repiten también en mediciones globales como el Latinbarómetro que en 2024 calificó al país con 7,8/10 en el nivel de corrupción.

El Informe del Índice de Estado de Derecho del World Justicie Project (WJP), que evalúa a 142 países del mundo reveló en 2025 que Bolivia ocupaba el segundo lugar en corrupción mundial tan sólo por detrás de la República Democrática del Congo, es decir nuevamente subcampeones de la corrupción.

Tener unidades de transparencia por doquier parece que no ayudo mucho a mejorar las calificaciones de aplazo de nuestro país en relación a la transparencia del Estado y la lucha contra la corrupción.

Impacto económico de la corrupción en nuestro país

Como sabemos, el impacto de la corrupción en Bolivia es un lastre que dificulta el crecimiento, afecta nuestra calidad de vida y socava los cimientos de una sociedad justa y próspera. Además, en tiempos en que se busca urgentemente atraer inversiones se debe considerar seriamente que la corrupción no es solo un tema ético o moral sino un verdadero obstáculo para el desarrollo económico y social porque genera desconfianza en los inversionistas internacionales y en organismos como el FMI o el Banco Mundial.

Buscando datos relevantes logre hallar una publicación que refiere un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2018) donde se afirma que: “De acuerdo con las estimaciones del BID, en Bolivia el Gobierno “malgastó” 6.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Si se aplica esa proporción al producto económico de 2017, en valor asciende a 37.000 millones de dólares, por lo que resulta que alrededor de 2.331 millones de dólares fueron despilfarrados por el Gobierno en funciones”. Asimismo, según estimaciones del Banco Mundial, la corrupción podría costarle a una economía entre el 2 y 5% de su PIB cada gestión. En países como Bolivia donde el PIB ronda cada año entre 40.000 y 44.000 millones de dólares eso representa entre 800 y 2000 millones de dólares que se esfuman anualmente por casos de corrupción, según el analista económico G. Chavez.

Desmedida burocracia e inversión, sin mayores resultados

Los casos de corrupción en Bolivia son de data antigua pero los últimos años fueron encumbrando en escandalosos hechos que involucran a máximas autoridades como el presidente Arce, varios de sus ministros, ejecutivos de empresas estatales y hasta a su propia familia; lo irónico es que el aparataje pesado y burocrático de unidades de transparencia y anticorrupción, con CPE, leyes y decretos espectaculares en el papel, definitivamente no han funcionado; baste mencionar que entre esas oficinas la mejor estructurada pareciera ser la de YPFB pues tiene una Dirección de Transparencia Corporativa y además cada una de sus empresas subsidiarias y filiales como YPFB Andina, YPFB Chaco, YPFB Petroandina, YPFB Refinación, YPFB Transporte, YPFB Transierra, YPFB Logística, Gas Trans Boliviano, cuentan cada una con su propia Unidad de Transparencia a la que habrá que sumar la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos.

Esa gran estructura burocrática de una sola empresa cuya finalidad era resguardar la transparencia y la ANTICORRUPCION, parece no cumplió el objetivo principal pues la millonaria y escandalosa corrupción que la actual gestión de gobierno va encontrando y denunciando, hace suponer la ineficacia e ineficiencia de todo ese gran artificio que en estos últimos meses tampoco parece haber cambiado mucho.

Lo mismo ocurre con las Unidades de Transparencia de EMAPA, YLB, Ministerio de Medio Ambiente, INRA y un largo etcétera, instituciones de las que el actual gobierno informa grandes casos de corrupción ignorados por estas unidades cuyo trabajo mayor parecen ser las Rendiciones de Cuentas de sus entidades, muy publicitadas en sus redes sociales pero sin mayor trascendencia para el país pues tales eventos terminaron siendo una mera actividad de cumplimiento normativo, práctica ineficiente que analizaremos a profundidad en otra columna más adelante.

En resumen, en nuestro país se logró montar una gran estructura burocrática y costosa que sirvió para emplear a muchísimos funcionarios públicos que en la mayoría de los casos ni siquiera tenían la preparación o “expertise” mínima para atender estas oficinas supuestamente especializadas en transparencia y anticorrupción; con resultados muy pobres que nos mantienen ostentando el penoso y avergonzante título de país subcampeón de la corrupción.

Reconducir las Políticas de Estado sobre transparencia y anticorrupción no pasa solamente por discursos encendidos en contra de gestiones pasadas. Se trata primero de devolver la institucionalidad al Estado que fue vilmente asaltada sobre todo por la última gestión de gobierno (https://www.urgente.bo/noticia/devolver-la-institucionalidad-al-estado-del-discurso-los-hechos). Se requiere de autoridades que conozcan y no vayan a aprender recién, cuáles son las problemáticas a abordar y corregir; como operativizar o modificar las varias normas legales sobre dicha temática con el objetivo de lograr resultados que cambien la percepción de un país corrompido en instituciones como el Órgano Judicial, la Policía Boliviana y la administración pública en general. Ello requiere de convencimiento y voluntad probada histórica del mismísimo presidente que como primera autoridad del Estado no tiene opción a equivocarse porque de lo contrario conservaremos nuestra deshonrosa calificación quizás apuntando a lograr próximamente el vergonzoso título de campeones de la corrupción.

Fernando Farfán Z.

Especialista en transparencia y anticorrupción

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