5 de enero (Urgente.bo)- Después de 11 años de impunidad, la justicia sentenció a 30 años de cárcel en el penal de San Pedro a los autores del asesinato de la exconcejal paceña Juana Quispe. El Tribunal Cuarto de Sentencia, presidido por la jueza Inés Tola, señaló como autores del crimen al exalcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, y a Pastor Cutili, expresidente del Concejo.

La exconcejal fue asesinada tras sufrir dos años de acoso político y hasta abusos físicos, comentó la abogada defensora Valkhiria Lira. Quispe fue la primera concejala mujer de Ancoraimes, provincia Omasuyos, La Paz. Anteriormente, ejerció como dirigente de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas, Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa”.

El viacrucis de Quispe inició el 2010, cuando fue electa por la agrupación ciudadana FSUTCLP-TK, en la localidad de Ancoraimes. Ni bien inició su trabajo, recibió el pedido de renuncia por parte de sus detractores.

El pertenecer a una sigla política distinta a la del exalcalde Félix Huanca y el entonces presidente del Concejo, Pastor Cutili, significó la privacidad de sus derechos.  Ella era la oposición y habría declarado que trabajaría constantemente para la fiscalización. “Ellos pretendían anular sus derechos políticos, haciéndola renunciar u hostigándola para que no ingrese a las sesiones”, recordó Lira. Y Así fue el primer día, a Quispe no le dejaron ingresar a sesión, fue amenazada con palos e insultos. 

Constantes maltratos

A Quispe la golpearon con látigo, le echaron cemento en los ojos, la amenazaron de muerte y la denigraron. La víctima presentó quejas porque no podía ejercitar sus derechos, menciona la abogada Lira.

"Me arrastraron, me quisieron hacer renunciar a la fuerza. Mi hijo tiene 10 añitos y no han respetado a mi hijo. No quiero a veces hablar de ese tema. Duele”, relató en ese entonces y entre lágrimas, la exconcejal.

En agosto del 2010, Quispe presentó una acción de Amparo Constitucional contra concejales señalados como perpetradores de abuso físico y verbal. Luego, en octubre de ese mismo año, presentó un nuevo recurso contra el alcalde. Ambos fueron declarados procedentes.

Sin embargo, desde junio del 2010 hasta enero del 2012, Quispe aún sufría de maltratos constantes y sin poder ser parte de las sesiones. En ese entonces, su abogada Ángela Burgoa denunció a los concejales por incumplimiento a órdenes constitucionales.

“No me he rendido, tomé fuerzas. Dije: ‘no voy a renunciar, si es posible mátenme. Estoy dispuesta a morir, mi hijo me va a ver cómo voy a morir’”, mencionó Quispe durante una reunión de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), el 2011.

El asesinato 

La última vez que Juana Quispe fue vista con vida fue en la Jornada Nacional del Acullico, junto con sus detractores. 

El cadáver de Quispe fue encontrado el 13 de marzo del 2012 cerca del río Orkojahuira, en la ciudad de La Paz. De acuerdo a la Policía, la víctima fue estrangulada y luego su cuerpo arrojado desde un barranco de unos 15 metros de altura y posteriormente, arrastrado por la corriente.

El crimen ocurrió días después de que Quispe no quiso viabilizar presupuestos y fue amenazada de muerte. De acuerdo a testimonios, la víctima tenía pruebas de corrupción en la Alcaldía.  

El caso es reconocido como "emblemático e histórico, debido a la violenta muerte que sufrió Quispe, misma que impulsó el tratamiento y la promulgación de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las mujeres, norma que establece mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos”, se indica desde la Defensoría del Pueblo.

Además, del exalcalde y el expresidente del Concejo, la justicia determinó 15 años de reclusión para las exconcejales Basilia Ramos y dos años para Exalta Arismendi, por encubrimiento.

 

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