11 de septiembre (Urgente.bo).- Un informe difundido en las últimas horas por la organización Human Rights Watch (HRW), denominado “La justicia como arma: Persecución política en Bolivia” dice que el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez abusa del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales.
“En los 21 casos que sí analizamos, algunos de ellos contra personas de alto perfil, detectamos evidencia de cargos infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”, dice el informe.
Human Rights Watch vino a Bolivia en febrero de 2020 para analizar esos los hechos del actual gobierno y no así los que ocurrieron en el gobierno de Morales. De acuerdo al escrito se hicieron más de 80 entrevistas en el país en ocho ciudades incluyendo a Arturo Murillo, ministro de Gobierno y autoridades gubernamentales.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, también fue entrevistada, además de fiscales, abogados defensores, representantes de la sociedad civil y personas que en octubre y noviembre de 2019 participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones, a favor o en contra de Evo Morales.
En algunos casos, los fiscales presentaron cargos por terrorismo contra personas por haberse contactado telefónicamente con Evo Morales. A otras personas se les imputaron delitos por haber ejercido su libertad de expresión al publicar críticas contra el gobierno en internet, subraya el informe de la Human Rights Watch.
Otros casos que resalta el informe:
La fiscalía imputó a Patricia Hermosa, apoderada y ex jefa de gabinete de Evo Morales, los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición, exclusivamente en base al contacto telefónico que mantuvo con Morales después de que este renunciara. La detuvieron el 31 de enero de 2020 y estuvo en detención preventiva hasta el 5 de agosto sin acceso a atención médica, pese a estar embarazada. En marzo, tuvo un aborto espontáneo.
La fiscalía imputó a Mauricio Jara, un simpatizante de Morales, los delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública, al parecer por haber ejercido su libertad de expresión. Como prueba de su participación en actividades delictivas, la policía manifestó que Jara supuestamente había calificado al gobierno de “tirano” y “dictatorial”, se había referido a la muerte de al menos 10 manifestantes en Senkata en noviembre de 2019 como una “masacre”, había “desinformado” y había exhortado a que se llevaran a cabo protestas. Jara se encuentra actualmente en detención preventiva.
El juez Hugo Huacani, en cumplimiento de leyes bolivianas que formalmente desalientan a que se dicte detención preventiva, otorgó la detención domiciliaria a otra persona cuyo caso está descrito en el informe: Edith Chávez, quien trabajaba como empleada doméstica para un exministro del gobierno de Morales. Algunas horas después, dos abogados del gobierno denunciaron al juez ante la policía por su presunta “falta de independencia”. La policía aprehendió al juez, quien estuvo detenido hasta el día siguiente, cuando otro magistrado resolvió que su arresto había sido ilegal. El Ministerio de Gobierno presentó una denuncia penal contra el juez Huacani por supuesto incumplimiento de deberes y por tomar decisiones contrarias a la ley.
///
