La tradición afrocaribeña describe al zombi como un muerto que camina. Un ser que ha dejado de tener vida, pero no se ha dado cuenta y continúa avanzando.

Esa imagen comienza a definir al gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

Se dice que en política no existen los muertos. Sin embargo, el cúmulo de desaciertos y escándalos de estos diez meses ha minado la escasa credibilidad que conservaba el Gobierno. El más afectado es, sin duda, el propio Presidente.

La sensación es que han transcurrido años desde que inició su gestión. La ausencia de un plan para corregir los desastres dejados por casi dos décadas de masismo y la sucesión incesante de conflictos han desdibujado la imagen de un gobernante que empezó su periodo rodeado de altas expectativas.

Rodrigo Paz tuvo un ascenso vertiginoso y para algunos inexplicable. El candidato que no alcanzaba los dos dígitos en las encuestas iniciales apareció de pronto en el primer lugar de la votación y pasó al balotaje.

En la segunda vuelta confluyeron en su favor votos procedentes de sectores completamente distintos y hasta enfrentados. Samuel Doria Medina cumplió su compromiso de respaldar al candidato más votado, después de haber sufrido los efectos de una guerra sucia. Evo Morales sostuvo que Paz y Lara habían ganado gracias al “voto evista” y que la votación había sido, sobre todo, contra Tuto.

Cuánto contribuyó Edmand Lara al resultado electoral es ahora irrelevante. Haberlo elegido como acompañante de fórmula fue el primer gran error de Paz. Se alió con quien terminaría convertido en su más encarnizado opositor.

Pero Lara no puede cargar con la responsabilidad de todo lo ocurrido. La impronta del Gobierno la puso el propio Paz Pereira.

Al principio concitó el respaldo incluso de quienes no habían votado por él. Su buena presencia y su desenvoltura como orador despertaron la atención. Muy pronto, sin embargo, sus intervenciones comenzaron a parecer ejercicios de retórica vacía, en los que la promesa iba por un lado y la acción por otro. Puso el guiñador a la derecha y dobló hacia la izquierda. Sus devaneos con organizaciones sindicales y campesinas terminaron dando la impresión de compromisos que nunca explicó con claridad.

Los hechos demostraron que carecía de la capacidad y del plan para enfrentar el desafío histórico que tenía por delante. Bolivia necesitaba desmontar el “proceso de cambio” populista y transitar hacia un régimen de libertad política y económica. Paz no tuvo la voluntad, el equipo ni la estrategia para hacerlo.

Las pocas medidas que adoptó, inconexas y hasta tardías, tampoco produjeron los resultados esperados. Algunas fueron retiradas ante las primeras protestas y exhibieron la debilidad del Gobierno. Otras terminaron convertidas en nuevos problemas. La distribución de gasolina defectuosa causó daños a numerosos vehículos, pero ocasionó un perjuicio todavía mayor a la imagen presidencial.

Entretanto, los escándalos y los casos sin esclarecer comenzaron a sucederse sin dejar tiempo para el asombro. Las maletas, el destino de los bienes de Marset, el oro de Viru Viru, las denuncias sobre combustibles, la persistencia del narcotráfico, la proliferación del sicariato y hasta el cuestionado automóvil de lujo de un ministro fueron configurando una situación insostenible.

Demasiados casos continúan sin resolución, sin responsables y, en algunos de ellos, incluso sin un solo aprehendido.

El rosario de escándalos ha encontrado su expresión más grave en el último de ellos. Las balas disparadas contra Beller no lograron matarla, pero hirieron de muerte al Gobierno. Fernando Cerimedo era asesor del Presidente y Nadia Beller lo acusa de haber preparado el atentado que casi le costó la vida. En sus declaraciones también formuló severas acusaciones que alcanzan al entorno presidencial y mencionan al propio mandatario y a miembros de su familia.

La gravedad de esas denuncias exige una investigación independiente y rigurosa. La presunción de inocencia debe ser respetada, pero no dispensa al Gobierno de ofrecer explicaciones ni de garantizar que los hechos sean esclarecidos.

La combinación de ineficiencia y escándalos ha creado un terreno en el que hasta las acusaciones más estremecedoras encuentran audiencia. Las versiones sobre el manejo discrecional del Estado, que circulaban desde hace tiempo, encuentran ahora nuevos sucesos que las alimentan.

La credibilidad no se pierde únicamente cuando una acusación queda demostrada. También desaparece cuando el gobernante ya no consigue que la ciudadanía crea en sus explicaciones.

Un acuerdo entre Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa no puede reparar lo ocurrido. Si se incorporan al Gobierno o asumen responsabilidad sobre sus decisiones, corren el riesgo de terminar arrastrados por el mismo desprestigio. No se salva una administración agotada distribuyendo ministerios o agregando nuevos socios a una estructura que ya perdió autoridad.

La indignación y la frustración se extienden. Bolivia necesita un cambio total.

No vivimos hoy una situación comparable con la de la UDP. No padecemos la hiperinflación ni el descontrol económico de entonces. Pero la escasez de divisas y combustibles, la debilidad fiscal, la desaceleración productiva y una conflictividad creciente pueden alimentarse entre sí. Cuando un Gobierno ha perdido credibilidad y capacidad de respuesta, el deterioro económico puede transformarse rápidamente en una crisis social y política de gran magnitud.

Hernán Siles Zuazo tuvo en 1984 la valentía de reconocer que su gobierno había perdido las condiciones necesarias para continuar. Concertó el acortamiento de su mandato y promulgó la ley que convocó a elecciones generales para 1985. No fue desalojado por un golpe ni se aferró al cargo. Entregó a la ciudadanía la posibilidad de encontrar una salida democrática.

Rodrigo Paz debería promover un gran acuerdo nacional que permita encontrar la vía constitucional necesaria para acortar su mandato y convocar a nuevas elecciones. El proceso tendría que realizarse durante su gobierno y bajo la conducción del Órgano Electoral, sin activar la sucesión presidencial ni dejar el país en manos de Edmand Lara, porque esa podría ser la estocada final.

No propongo un golpe, una ruptura institucional ni una renuncia que active la sucesión presidencial. Propongo devolverle al pueblo la palabra.

La acumulación de errores, retrocesos, sospechas y escándalos ha colmado la paciencia colectiva.

Tampoco queda la excusa de que el Gobierno debe continuar para evitar el retorno de los depredadores masistas. Su fracaso, por el contrario, comienza a despejarles el camino. Cada nueva frustración alimenta el relato de que con el MAS se vivía mejor y permite olvidar que fue precisamente el masismo el que dejó las bases del desastre actual.

Este Gobierno conserva los símbolos del poder, pero ya no inspira confianza, no señala un rumbo ni ejerce autoridad.

Continúa caminando porque todavía no se ha dado cuenta de que está muerto.

Es un zombi.