17 de octubre (Urgente.bo).- El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, invitó al diálogo a sectores que activaron un estado alerta en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, y reiteró que un paro ocasionaría una pérdida económica para el país de $us 112 millones por día.
“Sectores como gremiales y transportistas piden la abrogación de la Ley 1386 con medidas de presión, lo correcto en dialogar para tratar este tema, y evaluar las propuestas y observaciones que tienen; esa es la forma correcta de construir la democracia, no es violentando el Estado de derecho, no es violentando la actividad económica de la población, más aún cuando estamos en pleno proceso de reconstrucción de la economía boliviana”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.
Acotó que un día de paro atenta contra la economía de la gente más humilde, que vive día a día, y la actividad comercial de los agentes económicos. “Por eso, no tiene ningún sentido ese tipo de posiciones, que son netamente políticas”, afirmó Montenegro.
En esa línea, reiteró que el Gobierno nacional está abierta al diálogo para analizar y absorber demandas concernientes a la ley cuestionada, y pidió a los sectores movilizados no tomar una posición política, escuchar al Gobierno y no dejarse llevar por mentiras de algunos actores políticos.
“Con esta ley buscamos cuidar el flujo económico y no ingresar a la lista gris y negra de organismos internacionales referidos al lavado de dinero, que es altamente perjudicial para el Estado y su actividad económica comercial. Estas normas son necesarias para evitar el blanqueo de dinero y controlar las transacciones económicas, con esta ley buscamos transparentar la procedencia de los dineros que salen e ingresan al país”, explicó Montenegro.
La protesta social es un derecho, pero es un crimen cuando la economía está en recuperación, cuando la economía se está reconstruyendo y será la responsabilidad del Comité Cívico del Conade y de otros agentes económicos que no consolidemos esta recuperación”, advirtió el Ministro.
El viernes, transportistas y gremiales se declararon en emergencia. A nivel nacional, gremiales dieron un plazo de 72 horas al gobierno para la abrogación de la ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, la solicitud se da un día después de que el Gobierno anunciara el retiro del proyecto de Ley 218 o Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.
