30 de mayo (Urgente.bo). – El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, manifestó que la designación de un nuevo Defensor del Pueblo y los cambios que en la justicia requieren “de un acuerdo histórico” con los actores de la oposición, tras que el relator Especial de la Organización de Naciones (ONU), Diego García-Sayán, presentara su informe final de su visita en Bolivia.
En el documento, García-Sayan recuerda que la Defensoría del Pueblo fue incorporada en la normatividad boliviana con las reformas de 1994 e incluida en la Constitución de 2009 y que es una institución con autonomía funcional, financiera y administrativa, pero que últimamente “quedó debilitada en su desempeño”.
Por lo tanto, “el Relator Especial exhorta al Gobierno a designar al titular de la Defensoría del Pueblo”, subraya el escrito.
“Nos sirve está recomendación, vamos a hacer las gestiones que sean necesarias, a través de los actores, el presidente nato de la Asamblea, para llegar a un acuerdo. Un acuerdo histórico que va a sentar las bases para posteriores designaciones y para la restricción de la justicia que requiere de acuerdos. Eso pide García Sayán, el habla de un amplio debate y concertación, donde las organizaciones sociales y políticas para ponerse de acuerdo”, declaró la autoridad al portal informativo Urgente.bo.
Siles explicó que son cuatro los puntos que requieren discusión para cambiar la justicia en el país. Una es la justicia indígena originaria campesina, la justicia de paz, el presupuesto y la carrera y la elección por voto popular.
“El doctor García-Sayán nos habla de ello, segundo, el tema de acceso a la justicia, el doctor Sayán nos pide que hagamos justicia de paz, oficiales de paz, y el tercero, que es el presupuesto, que es insignificante como es el sueldo de los jueces”, subrayó el viceministro de Justicia.
El párrafo 102 del documento final que presentó el relator de la ONU dice: “La elección por sufragio universal de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura establecida en la Constitución de 2009 no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco”.
En el informe, García-Sayán hace referencia también a impulsar un “debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura, para identificar la mejor manera de reformar este mecanismo”.
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