Uno de los errores más profundos del actual gobierno no ha sido necesariamente la orientación de sus políticas económicas, sino la incomprensión de la naturaleza política y social del Estado Plurinacional construido durante las últimas dos décadas.

Tras una elección en la que Rodrigo Paz obtuvo un respaldo popular innegable, gran parte de su equipo pareció asumir que el resultado electoral equivalía a una victoria cultural y política definitiva sobre el masismo. Sin embargo, ganar una elección no significa conquistar la hegemonía.

Antonio Gramsci advertía que una clase o proyecto político no se sostiene únicamente por el control institucional del Estado, sino por su capacidad para construir consenso y dirección moral sobre la sociedad. El poder no reside exclusivamente en los ministerios, las leyes o los decretos; reside también en sindicatos, federaciones, organizaciones territoriales, cooperativas, universidades, juntas vecinales y espacios comunitarios donde se forman identidades, lealtades y sentidos comunes. Estructuras que dicho sea de paso hoy están más fuertes que nunca.

Durante veinte años, el MAS comprendió esta lógica y edificó una compleja estructura de articulación entre el Estado y las organizaciones sociales. Puede discutirse la calidad democrática de ese modelo, sus mecanismos de presión o incluso sus prácticas clientelares, pero resulta imposible negar que construyó una sólida red de intermediación política.

El actual gobierno decidió correctamente que no reproduciría el sistema de cuoteo corporativo. Sin embargo, confundió el rechazo al cuoteo con la renuncia a toda construcción política. Se retiró de los espacios organizativos sin ofrecer mecanismos alternativos de integración, representación o interlocución.

Miles de sectores populares que habían acompañado electoralmente a Rodrigo Paz quedaron políticamente huérfanos. No porque esperaran necesariamente cargos públicos, sino porque dejaron de tener canales de comunicación e incidencia con el nuevo gobierno.

Las medidas económicas implementadas difícilmente podían generar adhesión en amplios sectores de la economía informal. Los perdonazos tributarios, los incentivos a la formalidad o las reformas administrativas tienen escaso impacto sobre quienes históricamente han desarrollado su actividad al margen de los sistemas formales. Al mismo tiempo, promesas como la regularización de vehículos indocumentados terminaron diluyéndose.

La crisis comenzó a manifestarse tempranamente con la resistencia generada por el denominado decretazo 5503. Más allá de la abrogación final, aquel episodio reveló que organizaciones acostumbradas a ser consultadas sintieron que el gobierno había decidido gobernar sin ellas.

La reacción oficial consistió en resolver pequeñas demandas sectoriales para calmar el malestar social y en darles la victoria pírrica de anular el número del decreto, pero no en comprender la señal política que se estaba enviando.

El gobierno siguió ausentándose de escenarios donde se define buena parte del poder territorial del país. A la fecha no construyó alianzas en las elecciones de juntas vecinales, federaciones, cooperativas, organizaciones campesinas, universidades o entidades gremiales. Tampoco logró formar liderazgos afines ni disputar espacios de representación.

Gramsci sostenía que la política es una guerra de posiciones. Antes de conquistar una fortaleza es necesario ocupar las trincheras que la rodean. El gobierno, en cambio, pareció creer que bastaba con ocupar el Palacio para controlar el terreno.

Hoy se evidencian las consecuencias.

Muchas organizaciones movilizadas no participan necesariamente por convicción ideológica. En numerosos casos persisten mecanismos comunitarios de presión, sanción y disciplina colectiva que obligan a individuos y grupos enteros a alinearse con decisiones tomadas por dirigencias locales (dirigencias hasta prorrogadas y con tendencia evista). Lejos de desmontar esas estructuras mediante procesos de socialización, fortalecimiento de derechos individuales y seguridad jurídica, el gobierno simplemente las ignoró.

El resultado es paradójico. Un gobierno que llegó prometiendo reconciliación y modernización terminó careciendo tanto de una estructura política propia como de aliados territoriales sólidos capaces de contener crisis.

Buena parte de este fracaso corresponde a ministros y operadores políticos que llegaron al poder sin haber construido jamás una base social propia, sin experiencia en la disputa territorial y con un conocimiento extremadamente superficial de la lógica de funcionamiento del Estado Plurinacional. Pretendieron administrar una estructura que nunca se tomaron el trabajo de comprender, menos de desinstalar. 

La batalla nunca fue administrativa. Fue cultural, organizativa e ideológica.

Gramsci sostenía que toda hegemonía se construye en la sociedad civil antes que en el Estado. Precisamente por eso resulta indispensable comprender la lógica sobre la que se organiza el poder que se pretende transformar.

Buena parte de la construcción política del Estado Plurinacional se sostuvo sobre una visión donde la organización colectiva precede al individuo. Esa lógica permitió consolidar estructuras extraordinariamente eficaces para la movilización política, pero también generó mecanismos de subordinación que limitaron la autonomía económica y política de las bases.

La verdadera batalla debía darse allí.

Había que explicar al cooperativista minero que podía relacionarse con el Estado como sujeto de derechos y no únicamente a través de intermediarios corporativos. Había que fortalecer la seguridad jurídica de sus operaciones para reducir su dependencia de las comunidades que condicionan muchas de sus decisiones.

Había que explicar al pequeño productor rural que la tierra podía convertirse en una unidad económica capaz de generar riqueza y no solamente en un espacio de subsistencia condicionado por decisiones comunales.

Había que construir una cultura de autonomía económica, ciudadanía individual y libertad de asociación para que los trabajadores no estén monopolizados por la COB.

Había que disputar el sentido común construido durante décadas pero el gobierno nunca dio esa batalla. Ni siquiera intentó librarla.

La prueba más evidente fue su ausencia en los espacios donde realmente se reproduce el poder.
Las elecciones de juntas vecinales de El Alto, realizadas hace un par de meses, debieron ser consideradas estratégicas. Sin embargo, el gobierno no participó en su disputa. Lo mismo ocurrió en numerosos espacios de representación social, gremial y territorial.

Las elecciones subnacionales reflejaron una carencia similar. Los responsables políticos demostraron escasa capacidad para identificar liderazgos regionales competitivos, construir alianzas duraderas o comprender las dinámicas territoriales. El resultado fue una derrota política para el presidente en departamentos, municipios y regiones donde hoy se siente con fuerza la ausencia de aliados.

Incluso iniciativas que podían beneficiar objetivamente a determinados sectores terminaron fracasando porque nadie realizó el trabajo previo de explicación, pedagogía y socialización. Se asumió que bastaba con aprobar una norma para que la población comprendiera sus beneficios. Pero las reformas nunca se implementan en el vacío. También requieren disputar percepciones, desmontar prejuicios y construir legitimidad social.
Eso tampoco se hizo.

Y mientras el gobierno se dedicaba a apagar incendios como el de la gasolina basura, decretos mal diseñados o resoluciones improvisadas, sus adversarios conservaron intactas las redes sociales, sindicales y territoriales que durante años les permitieron construir poder. 

El gobierno creyó que bastaba con administrar el Estado para transformar la sociedad. Pero las estructuras que producen poder no se transforman desde los escritorios ministeriales. Se transforman disputando liderazgos, construyendo nuevas lealtades y ofreciendo alternativas concretas de autonomía económica y política.

Y una vez más me permito citar a Gramsci porque es sobre esa lógica que se construyó todo esto y tiene razón cuando dice:  “la crisis consiste precisamente en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”. El gobierno intentó desmontar una forma de organización política sin construir otra que la reemplazara. Hoy está pagando el precio de ese vacío.

///