18 de octubre (Urgente.bo).- Reymi Ferreira, exministro de Defensa, cuestionó en las últimas horas el proceso penal impulsado por el Gobierno contra él, otras 18 personas y la empresa francesa Thales por el caso radares. Ferreira advirtió que el proceso podría “tirar a la basura” el proyecto y que incluir a la compañía en la acción penal representa un riesgo para su continuidad.
“Ahora con la acción penal que interpone el gobierno no sólo contra nosotros, sino también contra la empresa francesa Thales (uno de cuyos accionistas es el Estado francés) cierran un proyecto innovador, difícil de construir que se desarrolló frente a viento y marea por cuatro gobiernos y lo tiran a la basura”, escribió Ferreira en sus redes sociales.
El exministro figura entre las 19 personas denunciadas. También están los exministros de Defensa Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, dentro de la querella presentada por el Ministerio de Defensa por presuntas irregularidades en la adquisición y el funcionamiento del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA).
Ferreira sostuvo que la inclusión de la empresa francesa en el proceso representa un riesgo para la continuidad del proyecto, debido a que, según afirmó, la empresa francesa es la única que podría proporcionar los repuestos necesarios para que los radares vuelvan a funcionar.
“Podrían ensañarse contra nosotros los ex funcionarios bolivianos, bien, vaya y pase; pero para cerrar la posibilidad que el proyecto funcione también acusan a la empresa francesa, que es la única que podría proveer los repuestos para que esos radares funcionen”.
El exministro también vinculó la situación de los radares con el control del espacio aéreo y la lucha contra el narcotráfico. En ese sentido, cuestionó que se procese a exautoridades y a la empresa proveedora mientras, según afirmó, las avionetas vinculadas al narcotráfico circulan sin suficiente control.
“Difícil no creer que esto beneficiará a los que recaudan por permitir los vuelos de las avionetas del narcotráfico, que se pampean a libre albedrío por nuestro espacio aéreo, cuyo control tratamos de implementar con la Fuerza Aérea de Bolivia, a varios de cuyos oficiales también se acusa”.
Asimismo, Ferreira señaló que el actual Gobierno debe asumir responsabilidades por el tiempo que los radares permanecieron sin funcionar durante su gestión y sostuvo que las autoridades también deberían ser incluidas entre los responsables del caso.
“Un año que no funcionan los radares en este gobierno, no hay razón para liberarlos de responsabilidad, y tengo certeza que un nuevo gobierno no podrá dejar de incluirlos entre los responsables de esta acción contra los intereses del Estado”.
El caso radares
El caso está relacionado con el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA), un proyecto contratado en 2016 por más de 191 millones de euros bajo la modalidad de llave en mano.
El acuerdo contemplaba la provisión e implementación de un sistema integral con radares civiles y militares, centros de control, comunicaciones, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica.
“No se compraron radares aislados. Se contrató un proyecto llave en mano. Eso significa que el Estado debía recibir un sistema completo, integrado, funcional y puesto en operación”, mencionó Ernesto Justiniano, ministro de Defensa.
Según los antecedentes incorporados a la auditoría interna, el contrato experimentó siete modificaciones que ampliaron el plazo de ejecución de 31 a 82 meses. Además, la entrega y demostración final fueron reportadas aproximadamente 98 meses después de la orden de proceder.
Los informes técnicos registraron observaciones en 11 de los 13 radares del sistema: nueve estaban operativos con observaciones y dos no se encontraban operativos. Los otros dos funcionaban sin observaciones.
Pese a estas condiciones, el proyecto reportó un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97,85%. La Unidad de Auditoría Interna estimó un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones.
