8 de junio (Urgente.bo).- Los operativos de desbloqueo en Río Abajo, el operativo de desbloqueo en San Julián y las aprehensiones de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) son parte de una estrategia disuasiva del Gobierno para reducir los bloqueos y movilizaciones que llevan hasta hoy 39 días.
Tras la promulgación de la Ley de Regulación de Estados de Excepción, Paz aún guarda su último recurso: emitir el decreto de estado de excepción y ponerlo en marcha ante lo que hoy catalogó como “narcoterroristas” que buscan desestabilizar al Gobierno pidiendo su renuncia. Sin embargo, aún mantiene abiertas las puertas al diálogo, pese a que ese camino está prácticamente cerrado.
APREHENSIONES Y DESBLOQUEOS
El pasado miércoles, el dirigente vecinal Justino Apaza fue aprehendido por autoridades luego de que fuera uno de los dirigentes que encabezó un cabildo en la ciudad de El Alto, donde se resolvió pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Apaza fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva por seis meses, mientras las investigaciones continúan en su contra por los delitos de instigación pública a delinquir.
El mismo panorama se registró este fin de semana cuando la COB denunció la aprehensión de cinco de sus dirigentes también en la urbe alteña. Un video que circuló en redes sociales y que fue presentado como prueba por la COB muestra a dirigentes dentro de un automóvil mientras gritan que buscan detenerlos.
La aprehensión de estos dirigentes fue confirmada por el Ministerio Público y se espera que sean imputados formalmente.
“La Central Obrera Boliviana, denuncia ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional el secuestro, atentado a la vida y aprehensión ilegal de cinco de nuestros dirigentes nacionales, perpetrado el día de ayer, 07 de junio de 2026. Nuestros compañeros fueron interceptados violentamente mientras transitaban en vía publica de manera pacífica en su vehículo particular por sujetos encapuchados, vestidos de civil y con armas”, dice el comunicado de la COB.
Según informes preliminares del mismo ente de los trabajadores, los cinco dirigentes son: Limber Onofre (constructor), Patricia Sánchez (magisterio urbano), Hever Brabo (fabril), Sergio Onofre (universitario) y Eleiterio Mamani (minero).
El pasado sábado también se reportó la aprehensión de un exfuncionario del Gobierno de Luis Arce, Bernabé Gutiérrez. Gutiérrez es también dirigente de los Ponchos Rojos que llevan adelante protestas en el país y este lunes se conoció que deberá cumplir detención preventiva por cinco meses en el penal de San Pedro por la presunta instigación a tomar armas durante las movilizaciones.
Los desbloqueos también fueron parte de la estrategia de Paz. Uno de los primeros se efectuó en Río Abajo, donde ocho personas fueron aprehendidas durante el operativo realizado al sur de la ciudad de La Paz el pasado viernes.
De la misma manera, en San Julián (Santa Cruz) se realizó un operativo de desbloqueo el pasado sábado, considerado uno de los más complejos para los efectivos policiales debido a la violencia con la que respondieron los bloqueadores.
Este lunes, en otro operativo de desbloqueo, los efectivos policiales se dirigieron a la zona de Río Khora II, en el municipio de Vinto (Cochabamba), para evitar la instalación de un nuevo punto de bloqueo en la carretera que conecta con el occidente del país.
El comandante del Valle Bajo, Wilson Claros, informó que durante el desbloqueo se aprehendió a siete personas, quienes fueron remitidas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Según la autoridad policial, los movilizados habrían actuado “haciendo uso de explosivos, dinamitas, petardos, piedras y palos, agrediendo a los funcionarios policiales”.
Los puntos de bloqueo de a poco van reduciéndose. Es el caso de Chuquisaca, donde en las últimas horas autoridades policiales indicaron que este lunes se registran 13 puntos de bloqueo, la mayoría con una reducida cantidad de manifestantes instalados en las vías.
Esta jornada también se observó que el bloqueo contundente que se mantenía a la altura del peaje La Paz-El Alto se redujo a un grupo de manifestantes apostados a un costado de la vía. Este punto había sido uno de los de mayor fuerza por parte de los bloqueadores que impedían el paso de cualquier vehículo.
Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los puntos de bloqueo en la urbe alteña están en Senkata; parada 8, carretera hacia Copacabana; Río Seco, entre otros. “Como vecinos estamos afectados por esta situación porque ya no podemos abrir las tiendas, vienen bloqueadores de distintas urbanizaciones que han acatado los bloqueos”, dijo Luz Chipana, parte de la junta de vecinos del sector de Río Seco-Extranca, a Urgente.bo.
PAZ TIENE SU ÚLTIMA BALA: EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Esta jornada, Paz promulgó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción. Esta normativa había sido acelerada por las cámaras de Diputados y Senadores durante el feriado de Corpus Christi para que el mandatario pueda promulgarla ante las movilizaciones en el país.
“Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías de aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático y constitucional”, dijo Paz en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo.
Paz fue enfático en sus declaraciones esta jornada. El primer mandatario apuntó al “narcoterrorismo” por los bloqueos y los hechos de violencia registrados durante los días de conflicto. Aseguró que estos grupos se infiltraron en organizaciones sociales.
“El futuro de La Paz no es ese narcoterrorismo, el futuro de La Paz es el gas, los hidrocarburos; el futuro no es bloquearnos entre paceños y permitir que se infiltren narcoterroristas en líneas donde generan, desde organizaciones sociales, justas reivindicaciones, pero que son boicoteadas por estas organizaciones, que tienen recursos económicos y con presencia física de instigadores a la paz, a la democracia”, sostuvo Paz.
Pese a que el diálogo está prácticamente muerto con sectores movilizados ante las determinaciones de sectores como la COB y campesinos que piden su renuncia, Paz volvió a convocar al diálogo, aunque advirtió que a los violentos “sus días están contados”.
“Quiero reiterar a las organizaciones sociales la voluntad de diálogo, a las instituciones que hoy tienen sus justos derechos. Hemos atendido muchas semanas peticiones, pero hemos visto infiltrados”, puntualizó.
Paz puede ya utilizar la vía del estado de excepción con su reciente promulgación. Solo debe seguir una serie de pasos para aplicarlo, como emitir un decreto supremo que posteriormente sea considerado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde actualmente cuenta con respaldo mayoritario tras lo ocurrido en las últimas sesiones de Diputados y Senadores.
Algunos sectores piden a Paz emanar el decreto para establecer el estado de excepción como los cívicos cruceños, pero Paz aún guarda su última bala de plata. “Nuestra mano está extendida para seguir siempre en el diálogo, pero ciudadanos infiltrados y violentos, a los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Sebastián Marset (narco uruguayo capturado en el país) sus días están contados y vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución y la ley”, finalizó.


