La noche de este viernes y la mañana de este sábado, gran parte de los medios de comunicación, incluyendo Urgente.bo, informó sobre una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional N° 1010/2023 S-4, a la que se le atribuyó un fallo sobre la reelección presidencial indefinida. Las noticias coincidieron en destacar que la reelección indefinida no es un derecho humano y hubo analistas y políticos que anticiparon un pedido de juicio contra el expresidente Evo Morales, porque se partía del criterio de que el fallo del 28 de diciembre se refería al caso que concierne al jefe del Movimiento Al Socialismo. No es así… Los magistrados del TCP adoptaron una decisión sobre un recurso presentado por el abogado Miguel Angel Balcázar Ruiz contra la convocatoria a las elecciones judiciales de principios de este 2023. Apelan a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la reelección indefinida. La hacen suya plenamente en sus consideraciones, pero concluyen que los altos magistrados judiciales de Bolivia pueden postularse a un nuevo mandato, siempre y cuando no sea para el mismo cargo.

Desde muy temprano, este sábado, hubo una infinidad de reacciones políticas en torno a la sentencia 1010/2023 S-4, porque se informó desde anoche que el TCP había establecido que la reelección indefinida no es un derecho humano. Es cierto. La más alta instancia de control constitucional menciona en sus consideraciones menciona que la CIDH, “en la opinión consultiva OC-28/21 de 7 de junio de 2021, solicitada por la República de Colombia, en interpretación de los artículos 1, 23, 24 y 32 de la Convención Americana sobre los derechos humanos, XX de la declaración americana de los derechos y deberes del hombre…, señaló que: ‘la relección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”.

Los magistrados que emitieron esta sentencia consideran el anterior criterio para el Órgano Ejecutivo y el Legislativo y señalan que rige la Constitución Política del Estado Boliviano que pone el marco para la reelección de las autoridades. Y también analizan la situación de los altos magistrados del TCP, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, porque el abogado Balcázar Ruiz presentó un amparo constitucional contra el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, por la convocatoria a postulaciones para la preselección de postulantes rumbo a las elecciones judiciales que finalmente no se celebraron este año.

Recordemos que el 13 de abril de este año, la Sala Constitucional del Beni resolvió dejar sin efecto la convocatoria a la preselección de candidatos a las elecciones judiciales, mientras no se resuelvan las observaciones que se hizo respecto a un artículo que fue objetado en la normativa. Ordenó un nuevo reglamento y plazos. Se dispone “inaplicar el requisito común de no haber expresado posturas políticas de manera pública”.

Entonces, lo que ha ocurrido es que el TCP definió sobre el amparo constitucional que ya había sido tratado por la Sala Constitucional del Beni. Y no hubo un fallo sobre la reelección indefinida como un derecho humano.  El abogado Balcázar denunció la convocatoria para las elecciones judiciales, con el argumento de que se estaba violando el derecho constitucional cuando el legislativo señala como requisito a los postulantes no haber expresado una opinión política y al ejercicio de funciones públicas por una nueva oportunidad.

“El accionante denuncio la lesión de sus derechos a la libertad de expresión y a la ciudadanía en sus dos elementos, es decir concurrir como elegible a la formación y ejercicio de funciones en los órganos del poder pública, y ejercer funciones públicas en condiciones de igualdad sin más requisito que la idoneidad, debido a que la asamblea legislativa plurinacional estableció como un requisito común de la convocatoria de 27 de marzo de 2023, no haber expresado posturas políticas de manera pública, a ser acreditado mediante declaración jurada prestada ante un notario, sin considerar que es inverosímil que una persona en su vida no haya expresado posturas políticas de manera pública….. lo que hace que el requisito sea de imposible cumplimiento”, señala el TCP en su sentencia de 82 páginas.

En el análisis concreto del caso, el TCP utiliza la argumentación de la opinión consultiva de la CIDH, incluso señala claramente que los parlamentarios pueden ser elegidos una vez más de manera contínua o discontinua, pero el asunto central tiene que ver con el amparo presentado por un abogado sobre las judiciales.

Entonces, en la sentencia, el TCP concluye “las autoridades de la justicia constitucional, ordinaria y del órgano administrativo financiero y disciplinario en ejercicio de sus funciones, pueden postular a otro cargo electivo sin necesidad de renunciar a su función actual”

También le dan la razón al abogado Balcazar sobre la libertad de expresión y de asumir posiciones políticas. “El citado reglamento exige como un requisito común para los postulantes a los mencionados cargos el no haber expresados posturas políticas de manera pública, cuando el mismo no fue previsto en la Constitución Política del Estado ni en la norma que regula el sistema de administración de justicia, siendo por ello evidente que dicha exigencia se aparta del indicado principio”, dice en su documento de sentencia.

Y sobre la reelección de quienes llegaron a ocupar o son altos magistrados, el TCP señala que “se entiende que su ejercicio tiene un tiempo de mandato de seis años constitucionalmente definido y puede ser sujeto, como en los casos del órgano Ejecutivo y Legislativo, la reelección por única vez de manera continua, empero en diferente tribunal a aquel que cumplió función jurisdiccional”.

Es en ese contexto, que el TCP concede la tutela en favor del abogado Balcázar sobre las elecciones judiciales que debieron haberse realizado este año.

Considerando lo informado y que está basado en el documento del TCP, el periódico digital Urgente.bo pide disculpas a sus lectores y, precisamente por ello, da a conocer esta situación.

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