Con seguridad, en algún momento —en unos días o quizá en unas semanas— los conflictos cesarán, los bloqueos se levantarán y el país volverá a esa “normalidad” que, en Bolivia, nunca es más que una tregua cargada de nuevas amenazas. Porque Bolivia vive en suspenso: nada está resuelto, nada es definitivo y el gobierno ya se mueve en el terreno inestable de lo imprevisible.
En enero intentó dar un golpe de timón con un paquete de medidas de fondo, sin pasar por el desgaste parlamentario. Retrocedió. Probablemente sobreestimó su fortaleza: venía de una victoria clara en segunda vuelta y de una percepción inicial de respaldo mayoritario. Error de cálculo o reflejo de urgencia —ese viejo impulso de “hagámoslo ahora porque después será tarde”—, el resultado fue el mismo: tuvo que ceder.
Y, sin embargo, en medio de la retirada, logró retener lo esencial: la eliminación casi total del subsidio a los carburantes. Un punto de partida imprescindible para ordenar las cuentas, acceder a financiamiento externo y reactivar la economía. Pero ese avance quedó rápidamente opacado.
La gasolina terminó siendo la kriptonita del gobierno. Más cara, cuestionada por su calidad, rodeada de errores de comunicación, contradicciones y renuncias. A eso se sumaron factores externos imposibles de controlar —la guerra en Irán, la tensión en el estrecho de Ormuz, la volatilidad de los precios— y el escenario se volvió mucho más áspero. Lo complejo pasó a ser crítico.
La respuesta fue convocar a un diálogo nacional. Un intento de mostrar que la mayoría apuesta por acuerdos y que solo una minoría empuja la confrontación. Pero la realidad es menos ordenada que el discurso: mientras se hablaba en Cochabamba, el conflicto seguía latiendo en las calles. Tal vez el encuentro sirvió para exhibir a los más radicales, pero difícilmente haya desactivado la tormenta.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿se puede gobernar racionalmente un país donde, con tanta facilidad, irrumpen las fuerzas irracionales? Algunos responderán que sí, a través de la fuerza. La historia reciente sugiere lo contrario: la represión suele ser el atajo más corto hacia el abismo. El diálogo es la única salida posible, aunque no siempre sea eficaz ni oportuna.
“Bolivia es ingobernable”, repiten los más pesimistas. Y, a ratos, los hechos parecen darles la razón. Pero tal vez el problema no sea la ingobernabilidad, sino la forma en que se gobierna: en Bolivia, las decisiones no se consolidan hasta atravesar un filtro caótico de consensos informales, imprevisibles y, muchas veces, extenuantes. Un sistema que dilata soluciones hasta el límite de la desesperación.
La Asamblea acompaña ese vaivén: observa más de lo que decide y, cuando actúa, suele retroceder. Lo mismo le ocurre al Ejecutivo: toma decisiones, pero tropieza con obstáculos que no siempre están en las normas, sino en la realidad.
Es tentador reducir todo a conspiraciones. Decir que detrás de cada protesta hay un plan para desestabilizar, que existe siempre una mano oscura moviendo los hilos. Es un relato cómodo, útil en el corto plazo, pero insuficiente para explicar lo que ocurre.
Porque más allá de coyunturas y actores, hay algo más profundo: una cultura política que no se transforma con elecciones. Una lógica donde el conflicto es herramienta, donde el oportunismo encuentra terreno fértil y donde siempre hay alguien dispuesto a aprovechar el desorden.
Bolivia gira sobre sí misma. Las leyes duran horas, los decretos se corrigen, los acuerdos caducan, las piedras esperan el próximo bloqueo. Todo es transitorio, todo es frágil.
Y mientras la ruleta sigue girando, la mayoría observa, resiste y espera. Espera que esta vez sea distinto. Aunque, en el fondo, sabe que probablemente nada cambie.
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