18 de julio (Urgente.bo).- La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) expresó este sábado su preocupación y malestar por la actuación del fiscal regional de Arica, Chile, en la investigación sobre un cargamento de madera boliviana presuntamente impregnada con cocaína, que permaneció retenido por más de 40 días. La entidad considera que el caso provocó un grave perjuicio al sector forestal del país.
“La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz FEPSC expresa su más profundo malestar y preocupación por la cuestionable actuación del Fiscal Regional de Arica, Chile, en el manejo de la denuncia relacionada con un cargamento de madera boliviana presuntamente impregnada con cocaina, lo que aparentemente obedecen a una errónea interpretación de los resultados obtenidos por las autoridades chilenas”, dice su comunicado.
Según la organización empresarial, el hecho puso en riesgo contratos de exportación construidos durante décadas de trabajo y dañó la reputación de un sector considerado estratégico para la economía nacional. Además, sostuvo que la denuncia generó un “enorme” daño a la imagen del sector forestal boliviano.
“Esta situación de incertidumbre ha provocado un enorme daño al sector forestal boliviano, afectando gravemente su imagen internacional y poniendo en riesgo contratos de exportación construidos durante décadas de trabajo serio, responsable. La FEPSC considera muy grave que una actuación carente del debido rigor técnico pueda ocasionar semejante perjuicio a un sector estratégico de la economía nacional, sin que hasta el momento exista una debida rectificación pública”.
Ante esta situación, la entidad exhortó al Estado boliviano a presentar un reclamo formal ante el Gobierno de Chile y exigir una investigación ágil sobre la actuación del fiscal regional de Arica, además de la adopción de las medidas administrativas y legales que correspondan por los daños ocasionados.
“En ese sentido, exhortamos al Estado boliviano, a reclamar ante el Gobierno de Chile, exigiendo una investigación más ágil sobre la actuación del Fiscal Regional de Arica y la adopción de las medidas administrativas y legales que correspondan por los perjuicios ocasionados al sector forestal boliviano. Asimismo, demandamos que este caso sea esclarecido con la mayor celeridad y transparencia ante la opinión pública internacional”.
La controversia comenzó en junio, cuando autoridades chilenas informaron sobre la presunta presencia de droga impregnada en cargamentos de madera boliviana. Esa denuncia derivó en la retención de varios camiones de exportación en los pasos fronterizos con Chile y Brasil durante más de 40 días, hasta que los análisis de laboratorio descartaron la existencia de sustancias controladas.
El presidente Rodrigo Paz afirmó que el caso maderas fue utilizado con fines políticos y sostuvo que el perjuicio no fue para el Gobierno, sino para las empresas madereras bolivianas que exportan sus productos.
