Casi dos décadas sin embajadores son una eternidad en diplomacia. En Washington y en La Paz, las sillas donde se concentra el poder político siguen vacías. Desde 2008, cuando el Gobierno de Evo Morales expulsó al embajador estadounidense y Estados Unidos respondió con la remoción del embajador boliviano, la relación entre ambos países quedó reducida a su mínima expresión: encargados de negocios, cooperación limitada y meros tramites consulares. Aquella ruptura fue ideológica y simbólica, un pulso político que pretendía marcar distancia con Washington en nombre de la soberanía, pero que en la práctica inauguró una anomalía prolongada: diecisiete años de relación administrada, pero no conducida; sostenida por inercias, pero privada de visión de Estado.
El cambio político de finales de 2025 pareció abrir, por fin, una salida. Con Rodrigo Paz como presidente y el MAS fuera del poder, el discurso oficial giró hacia el pragmatismo: apertura al mundo, recomposición de alianzas y la promesa de una relación “estratégica y transformadora” con Estados Unidos.
Esa voluntad encontró eco inmediato en las más altas esferas de Washington. El subsecretario de Estado Christopher Landau anunció el restablecimiento de relaciones a nivel de embajadores tras 17 años y, en diciembre de 2025, recibió al canciller Fernando Aramayo para subrayar que la relación bilateral entraba en una nueva fase. Estados Unidos —dijo— se enorgullece de asociarse con Bolivia mientras el país busca reconstruirse. El secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, fue todavía más explícito: celebró públicamente las reformas económicas impulsadas por Paz y ofreció apoyo para atraer inversión estadounidense. No eran palabras de cortesía. Eran señales políticas inequívocas, reforzadas además por el hecho de que Rubio había trasladado a Donald Trump una valoración positiva sobre la “nueva Bolivia”.
A ese respaldo se sumaron hechos concretos. Una misión económica del Gobierno estadounidense, integrada por el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, la DFC, el EXIM Bank y la USTDA, llegó a Bolivia para reunirse con autoridades y empresarios. Washington no solo hablaba de recomponer relaciones: empezaba a mover capital político y económico. En diplomacia, cuando llegan las agencias de financiamiento, el mensaje es inequívoco: hay interés real y hay urgencia.
También en el terreno más sensible —la seguridad— Estados Unidos y Bolivia empezaron a pasar del discurso a los hechos. El propio Gobierno boliviano confirmó el retorno de la DEA al país, con operaciones coordinadas y sobrevuelos en el Chapare. El anuncio no vino de Washington, sino de La Paz: lo ratificó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano. El dato no es menor. Envía una señal clara de alineamiento con la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, que prioriza el combate al crimen transnacional y la negación de espacios a organizaciones criminales y terroristas.
Sin embargo, lo que no hay son nombres, ni plácets solicitados, ni cartas credenciales listas para ser presentadas. Lo que existe es un plazo: el primer semestre de 2026. Ese es el tiempo que el Gobierno boliviano se ha concedido para completar trámites administrativos y legislativos antes de “ver en qué momento” reponer embajadores. El canciller Fernando Aramayo ha sido explícito: se quiere evitar que el nombramiento se convierta en “pulseteo” o negociación partidaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El argumento es comprensible en clave doméstica. El problema es su costo estratégico fuera de las fronteras.
Parecería que el verdadero freno no está en Washington, sino en La Paz. Estados Unidos no está atado a ese calendario. Su legislación permite al presidente nombrar un embajador en receso del Senado, válido hasta por un año, o designar un enviado presidencial especial con rango de embajador por hasta seis meses, con una simple notificación al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Son mecanismos legales, habituales y plenamente operativos. Washington podría elevar mañana mismo su representación en La Paz al máximo nivel diplomático.
Bolivia ha decidido no hacerlo en sentido inverso. Y, además, Bolivia ya demostró que puede actuar con rapidez cuando existe voluntad política. En 2019, en medio de una crisis institucional profunda y con un Gobierno transitorio, La Paz logró nombrar embajador en Washington en cuestión de semanas. Los procedimientos existían entonces y existen hoy. La diferencia no es jurídica ni administrativa; es política. Invocar ahora los “trámites” como explicación total no describe una imposibilidad, sino una tímida decisión.
En diplomacia, el procedimiento es el mensaje. No hay restablecimiento creíble de relaciones bilaterales si no se traduce pronto en nombres, plácets y cartas credenciales. Todo lo demás —comunicados, fotografías, expresiones como “nueva era” o “hermanamiento”— es retórica. Los encargados de negocios administran la rutina; no conducen la política ni abren puertas estratégicas. La burocracia ejecuta; no decide.
Mientras el Gobierno boliviano mide tiempos, la realidad avanza por otros carriles. La segunda semana de enero de 2026 dejó una secuencia de violencia inquietante: cuerpos maniatados y carbonizados en Oruro; enfrentamientos armados con dinamita en Huanuni; una balacera mortal en el trópico de Cochabamba; y el asesinato en Tarija de Mauricio Aramayo, director departamental del Senasag y colaborador y amigo cercano del presidente Paz. No fue un crimen común. Fue un mensaje. La vocera presidencial lo dijo sin rodeos: Aramayo fue asesinado por la mafia. El crimen organizado no solo opera a lo largo y ancho del país; está midiendo al poder político.
Ese crimen encaja en un patrón más amplio que no solo preocupa en Bolivia, sino que importa —y mucho— en Washington. En el país operan clanes familiares locales que subcontratan con organizaciones transnacionales: el PCC y el Comando Vermelho brasileños, redes colombianas, cárteles mexicanos como Sinaloa y el CJNG, y el Tren de Aragua, ya designadas organizaciones terroristas extranjeras por Estados Unidos. En ese contexto, la cooperación antidroga deja de ser técnica y se vuelve política. Y sin un embajador de peso ante la Casa Blanca, Bolivia discute seguridad desde una posición debilitada y periférica.
Todo esto ocurre mientras Estados Unidos redefine su estrategia hemisférica, mide a sus socios por resultados y prioriza petróleo y minerales críticos como el litio. Bolivia tiene una oportunidad excepcional, pero también un riesgo evidente: volver a quedar en las sombras, o peor, en el olvido. No por hostilidad externa, sino por parálisis interna. El país corre el riesgo de aferrarse a un formalismo diplomático extremo que no se valora en los corredores de poder de la capital norteamericana.
Donald Trump nunca ha ocultado su visión de la política internacional. Ha dicho recientemente que el único límite real a su ejercicio del poder global es su propia moralidad, no el derecho internacional ni los consensos multilaterales. Es una concepción del poder transaccional y poco reverente con los rituales diplomáticos tradicionales. Trump no premia la prolijidad procedimental; responde a gestos claros, ideas grandes y propuestas que rompen el molde. Prefiere las soluciones que cierran de una vez lo que otros dilatan durante años o décadas.
En ese marco, Bolivia no debería esperar a que el semestre de trámites se consuma. Tiene una jugada política a la altura del momento: proponer una visita de Estado de Rodrigo Paz a Donald Trump que incluya in situ el intercambio formal de embajadores y una reunión estratégica de alto nivel sobre litio e inversión privada estadounidense en los principales sectores económicos bolivianos. Trump ya demostró en otros escenarios que utiliza cumbres con empresas privadas para redibujar relaciones bilaterales, como ocurrió recientemente con el petróleo venezolano. La diferencia es crucial: Bolivia no llegaría por una emergencia, ni por una relación rota, ni bajo amenaza, ni desde una posición de debilidad. Llegaría para construir una asociación estratégica de largo alcance, de beneficio mutuo, en un momento en que Estados Unidos busca ejemplos de socios confiables, estabilidad política verificable, la reducción de espacios para actores políticos ligados al narcotráfico y repositorios seguros de materias primas críticas en el hemisferio.
Una iniciativa así permitiría cerrar en un solo movimiento lo que hoy se dilata: normalizar la relación diplomática, colocar el litio boliviano en el centro de la agenda estratégica estadounidense, atraer inversión tangible y enviar un mensaje político inequívoco dentro y fuera del país. No sería una reacción a una crisis, como ocurre con Colombia, México, Cuba o Venezuela, sino la construcción deliberada de una relación estratégica transformadora, en la que ambas partes ganan. Se estaría diciendo en Washington y al mundo, con hechos y no con discursos, que Bolivia is open for business.
Estados Unidos puede avanzar mañana. Tiene los instrumentos legales, el interés político y la voluntad estratégica. Bolivia, en cambio, corre el riesgo de quedarse atrapada en sus propias cautelas. Ya demostró que puede actuar rápido cuando quiere. No hacerlo ahora sería desperdiciar una ventana histórica. Desde la era de John F. Kennedy, América Latina no ocupaba un lugar tan central en la conversación estratégica estadounidense como hoy. En ese contexto, Bolivia podría ser un actor de primera línea —no un país de relleno— si decide jugar el partido cuando se le abre la oportunidad. El problema es que esa decisión exige algo más que ganas: requiere liderazgo diplomático a la altura del momento. Si el país no encuentra a una figura con experiencia real y capacidad de moverse con naturalidad en los códigos del poder norteamericano, incluso en su idioma más crudo y directo, el coste sería enorme. En diplomacia, quedarse quieto no es neutralidad: es invisibilidad. Y hoy, en un hemisferio que se reordena con rapidez, Bolivia no puede permitirse volver a la oscuridad por decisión propia.
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