Mientras hay trabajo y el ingreso alcanza para vivir relativamente bien, la corrupción puede parecer un problema distante. Se la condena, pero no siempre se considera una razón suficiente para retirar el respaldo a un gobierno. La prosperidad amortigua el castigo político, aunque el daño siga acumulándose.

La crisis modifica esa percepción. El dinero dilapidado durante la abundancia hace falta cuando llegan las privaciones. Lo que antes podía pasar desapercibido se vuelve intolerable cuando quienes administran el Estado piden nuevos sacrificios, peor aún si se acumulan versiones de despilfarro o apropiación de recursos públicos.

Bolivia atraviesa una situación particularmente delicada. La llamada gasolina basura, las 32 maletas y el intento de sacar del país cerca de 189 kilos de oro siguen reclamando un esclarecimiento completo. A esos asuntos se añaden las denuncias sobre el destino del dinero y los bienes retirados de la vivienda de Sebastián Marset. La existencia de investigaciones y personas procesadas no significa que ya se conozcan todos los hechos ni que se hayan establecido todas las responsabilidades.

Entretanto, aparecen grabaciones atribuidas a personas que se mueven en las altas esferas de la política, incluido el entorno presidencial. Su autenticidad e integridad deben verificarse. Pero lo difundido plantea interrogantes que no se pueden eludir: ¿quién toma las decisiones y qué intereses  están detrás de ellas?.

En esas conversaciones se alude a grupos de poder que se disputan nombramientos, negocios y espacios de influencia dentro del Gobierno. Si su contenido se confirma, estaríamos ante algo más que actuaciones individuales cuestionables. Quedaría expuesta una forma de ejercer el poder en la que las atribuciones públicas ceden ante las presiones de grupos  con intereses particulares. La figura presidencial se desgasta cuando las decisiones parecen depender de quién consigue mayor acceso a su despacho. Y su autoridad se debilita cuando no queda claro si conduce a sus colaboradores o intenta conciliar las exigencias de quienes se disputan su confianza.

Las investigaciones sobre presuntos vínculos del narcotráfico con funcionarios públicos suscitan una preocupación todavía mayor. La corrupción puede convertirse en el mecanismo mediante el cual una organización criminal obtiene protección precisamente de las instituciones encargadas de perseguirla. Los señalamientos que acompañan a las restricciones de visas requieren esclarecimiento; no sustituyen una investigación penal ni liberan a las autoridades bolivianas de su obligación de actuar.

El cambio de gobierno despertó la esperanza de superar las prácticas tan cuestionadas durante las administraciones de Evo Morales y Luis Arce. Esa expectativa obliga al mandatario a demostrar que está dispuesto a facilitar las investigaciones también cuando alcanzan a personas cercanas a él. La herencia recibida explica dificultades; no concede inmunidad frente a lo que sucede bajo su propia autoridad.

Por eso resultan tan desacertadas las respuestas que desplazan la atención. Resolver las carencias de saneamiento es una obligación estatal, pero mencionar los baños que faltan no responde a los señalamientos que motivaron las restricciones de visas. Calificar los audios de «chacota» tampoco esclarece su contenido. Los viajes presidenciales deberán acreditar su utilidad por los resultados que produzcan, sin servir de argumento para relegar las preguntas sobre el manejo del poder.

La tolerancia actual puede tener, además, otra explicación: el temor a lo que vendría después. Hay quienes, aun decepcionados, consideran más riesgosas las alternativas de una sucesión presidencial. Prefieren que el Gobierno continúe porque temen que su caída permita el ascenso de opciones aún peores. Esa cautela no debe interpretarse como aprobación de sus actuaciones.

Un gobierno no puede sostener su aceptación indefinidamente en el miedo a su reemplazo. El presidente debe ganarse el respaldo por su capacidad para conducir al país. El temor puede contener una reacción sin disipar el descontento. Confundir esa contención con confianza sería un error que terminaría debilitándolo todavía más.

La economía determinará la supervivencia del Gobierno, pero la política definirá si la economía puede ser corregida. Las decisiones pendientes exigirán una conducción capaz de sostenerlas frente a las resistencias que inevitablemente provocarán. Si el Gobierno aparece dividido entre grupos que buscan preservar sus espacios, difícilmente podrá convencer al país de que los sacrificios responden al interés general. El presidente necesita recuperar autoridad sobre su propia administración para conseguir respaldo fuera de ella.

Esta relación adquiere especial importancia ante las decisiones económicas pendientes. Suspender los subsidios a los combustibles provocará efectos sociales y es necesario proteger a quienes no puedan absorber sus costos. El proyecto de presupuesto para 2027 mantiene recursos para subvencionar la gasolina y el GNV, mientras los compromisos asumidos ante el FMI contemplan su eliminación. El Gobierno debe explicar cómo compatibilizará ambos planteamientos y cuál es el curso que seguirá.

También urge discutir las leyes que permitan atraer inversión y reactivar la producción, incorporando innovación para competir y ampliar las exportaciones. Bolivia necesita generar dólares mediante su actividad económica y reducir su dependencia de los préstamos. Conseguir crédito puede dar un respiro, pero Bolivia no puede vivir esperando el próximo préstamo.

El presidente debe tomar la iniciativa. Le corresponde explicar el alcance de la actuación de sus colaboradores y de los miembros de su familia, poner fin a las interferencias de particulares y corregir cualquier actuación de funcionarios que exceda sus atribuciones. Debe facilitar el esclarecimiento de las denuncias y preservar la independencia de quienes investigan. Cuando alguien pueda obstaculizar las pesquisas desde su cargo, corresponde apartarlo de esa función conforme a la ley. La responsabilidad política exige actuaciones oportunas; la penal deberá establecerse en los procesos correspondientes.

Hace falta, finalmente, un programa que permita comprender hacia dónde se dirige el país y cómo se distribuirán los costos y las cargas de la recuperación.

El Gobierno no puede pedir que se confíe en él sólo porque se teme que su fracaso conduzca a algo peor. Tiene que dar razones para creer que puede hacer algo mejor, antes de que el hartazgo rompa el dique de la tolerancia.

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