Hay gente interesada en reponer esa idea ya alojada en el inconsciente colectivo y que vincula a Sucre con el racismo. Insistirá sin descanso, todas las veces señalando con su dedo acusador al sucrense (así, en general), pese a cometer con él una injusticia equivalente a la que osa denunciar.
Ocurrió con la condenable persecución al gobernador Urquizu, por lo de Incahuasi, y no faltará el imprudente (e interesado) que generalice de nuevo por los diez años de la angustiosa humillación a campesinos en la plaza 25 de Mayo.
Nunca es bueno generalizar. “Sucre, tierra racista” leí, por ejemplo, en Twitter —que en verdad es tierra de nadie y por eso aguanta todo—. La misma persona (las redes son el lugar donde la gente expresa sus agudezas, pero también sus veleidades) escribió después que este es un “país enfermo de racismo”. Y me dejó pensando sobre eso que, me parece, tiene confundidos a muchos: ¿Al final, Sucre o Bolivia es la tierra racista? Hay diferencia, ¿no?
La analogía estereotipada del racismo con Sucre (solo con Sucre) es tan basta que cualquiera que tuviese dos dedos de frente no se detiene siquiera a analizar su pertinencia. No hace falta ser sociólogo para comprender que este es un fenómeno latente en el país y el mundo y que, como tal, se manifiesta desgraciadamente en situaciones cotidianas, al mismo tiempo que en contextos determinados, sin distinción de fronteras departamentales ni nacionales.
Pero, hay gente interesada en desprestigiar a los sucrenses y, salvando a los irracionales que actúan como pirómanos en la oscuridad de las redes sociales, cabe la sospecha razonable de que todo esto es parte de una maniobra política. Cierto rencor justiciero se ha incubado naturalmente, algo que se podría entender como una “legítima defensa” de los ataques de racistas en contra de (sus propios) hermanos bolivianos.
Viendo que estos últimos, además de compartir el rasgo común de su origen altiplánico, durante la demanda de la capitalidad plena estaban identificados con el partido de Gobierno, existe una doble motivación —si acaso se quiere buscar explicaciones para esta reciente historia de intolerancia—: la discriminación por raza y también por orientación política.
Eso es lo razonable, pero cuando las ideas se funden con intereses políticos y, encima, partidarios, no hay razones valederas. El problema, de última, no es tanto la cabezonería de gente obnubilada por conveniencia; allá ella y su sentido de contraprestación de trabajo más el IVA de su conciencia. El drama está en la feracidad de su pensamiento, es decir, en el contagio de la estulticia.
Fuera del doméstico caso sucrense, y del respetable derecho a disentir que se vehiculiza por los conductos de la sensatez, el ataque se ha convertido en el deporte favorito de gente que con las redes sociales encontró la manera de exteriorizar sus frustraciones sin necesidad de salir de casa ni de acudir a un psicoanalista —o, siendo más domingueros, de pagarse una entrada para insultar al árbitro de un partido de fútbol.
El torpe (e interesado) criterio de la identificación del sucrense (solo de él) como racista conlleva implícitamente una carga de odio que es, asimismo, violenta. Esto no significa justificación alguna: no está bien ni la actitud de los racistas (de Sucre y de otras partes del país) ni la de los que promueven la discriminación por odio (al racista).
La incitación al odio (racismo incluido) está de moda: constituye un ataque a la dignidad de las personas adjudicarles algo que no es exclusivo de ellas porque lo comparten con los que cínicamente se atribuyen el derecho de señalarlas, muchas veces, siendo parte de una estrategia política. Como se comenta en Sucre, debe ser el precio que pagan los chuquisaqueños por su rebeldía. Dicen eso y lo siguiente: “Calancha no se olvida”.
