15 de noviembre (Urgente.bo).- El Gobierno desmiente a la oposición y dice que hay falsedades en el llamado 'paquete de leyes', que es objeto de que el paro y la movilización por parte de los sectores se mantenga. Esta mañana, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, explicó que seis son los observados.
Según el Ejecutivo, es falso que la Ley 1398 de Registro de Comercio facilite al Estado un acceso directo e irrestricto a la información actividades de comercio y que no se renueva el contrato de concesión de Fundaempresa.
“En realidad, la obligatoriedad de registro de las actividades comerciales se mantiene vigente desde 1978, cuando se promulgó el Código de Comercio y el caso de Fundempresa derivó en un proceso judicial, debido a que el gobierno de facto de Jeanine Añez otorgó la ampliación de la concesión a esa fundación por decreto y de manera irregular”, aclara el nivel central.
También, la oposición cuestiona la Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción y es que observa que la existencia de la colaboración eficaz para combatir la corrupción. Pero no se menciona que este mecanismo de indagación corresponde a los estándares más altos de la normativa internacional en esta temática.
“Cualquier proceso para retirar la personería jurídica a cualquier empresa, ONG, fundación, partido político o institución involucrada en corrupción se realiza con pleno respeto al debido proceso. Eso establece la ley”, indica un escrito del Viceministerio de Comunicación.
Esta mañana, el líder de Comunidad Ciudadana (CC) explicó que otra de las normas en cuestión es la Ley 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana. Cabe recordar que “las fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o el Ministro de Gobierno”.
La Ley de Emergencia Sanitaria, es otra de las normas observadas. Según el Ejecutivo, el Consejo Nacional que atentará contra las entidades territoriales autónomas, colegios de médicos, universidades y sectores interesados.
“Más bien, como se ha demostrado en los hechos, este consejo es una instancia de coordinación con las instituciones mencionadas. Observan la ‘cláusula de confidencialidad’ cuando ese es un requisito mundial de las empresas fabricantes de vacunas”, explica el Gobierno.
Con relación al proyecto de Ley 342, que aprueba el Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025 se debe recordar que varios de sus lineamientos corresponden a la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado vigente desde 2016 y por tanto no incorpora ninguna regulación que atente contra la autonomía reconocida en la Constitución.
La Ley 1405 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, es otra de las cuestionadas por la oposición. De acuerdo al Gobierno, “esta servirá para un manejo adecuado y sistematizado de los datos a nivel nacional, departamental, regional y municipal, al contrario de lo que argumenta la oposición política”.
“La Ley sancionada contribuye a que la producción de estadísticas oficiales del Nivel Central del Estado se rija bajo los principios, estándares y buenas prácticas internacionales para que el país pueda contar con información de calidad que oriente de manera correcta la construcción de políticas públicas”, añade.
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