Bolivia avanza hacia una economía cada vez más digital. Los activos virtuales, las billeteras electrónicas y las plataformas financieras tecnológicas han dejado de ser un fenómeno marginal. Esta transformación genera oportunidades, pero también nuevos riesgos: fraude, robo de credenciales, ataques informáticos, problemas de custodia y dependencia de plataformas internacionales.
Desde 2024, Bolivia permite el uso de canales e instrumentos electrónicos de pago para operaciones de compra y venta de activos virtuales. La respuesta del mercado fue significativa. El volumen pasó de USD 46,5 millones en el primer semestre de 2024 a USD 294 millones en similar periodo de 2025 y alcanzó USD 430 millones acumulados desde el cambio normativo, de acuerdo con información oficial.
En 2026, la digitalización financiera continúa avanzando. Entre enero y junio, las operaciones mediante billeteras móviles pasaron de Bs 27.675 millones a Bs 58.181 millones, un incremento del 110 %. Esta cifra no corresponde exclusivamente a criptoactivos, pero evidencia la velocidad con la que los instrumentos digitales están transformando la circulación del dinero en Bolivia.
La regulación también evoluciona. A octubre de 2026, 36 Empresas de Tecnología Financiera habían sido incorporadas al proceso de regulación y supervisión: 23 contaban con Certificado de Adecuación y otras 13 habían obtenido No Objeción para iniciar su proceso de constitución. Estas empresas comprenden actividades relacionadas con blockchain, activos tokenizados, servicios de activos virtuales, pagos y financiación. Esto no significa, sin embargo, que las 36 sean plataformas de criptomonedas ni que todas cuenten con licencia definitiva.
Aquí aparece uno de los principales desafíos. Una parte del ecosistema depende de plataformas e infraestructura tecnológica internacional. Para empresas y usuarios bolivianos, operar mediante una plataforma extranjera no significa disponer automáticamente de la misma protección regulatoria que ofrece una entidad supervisada dentro del sistema financiero nacional.
Por ello, una empresa que decida utilizar activos virtuales debe considerar la ciberseguridad como parte integral de su decisión financiera. Antes de depositar recursos es necesario verificar la situación regulatoria del proveedor, su jurisdicción, mecanismos de custodia, antecedentes de seguridad, procedimientos de recuperación y capacidad de respuesta frente a incidentes.
Internamente, las organizaciones deberían establecer una política para activos virtuales, definir límites de exposición, separar cuentas empresariales de personales, proteger los accesos mediante autenticación multifactor, utilizar dispositivos corporativos controlados y aplicar doble autorización para operaciones relevantes. Ninguna persona debería tener, por sí sola, capacidad para iniciar, aprobar y completar una transferencia crítica.
Otro principio fundamental es evitar convertir un exchange en la tesorería de la empresa simplemente por comodidad. Mantener grandes cantidades de recursos en una plataforma externa incorpora riesgos tecnológicos, operativos y de contraparte que deben ser evaluados por la alta dirección.
El crecimiento de los activos virtuales obliga también a fortalecer la prevención del fraude, la protección de datos y la capacidad nacional de respuesta ante incidentes informáticos. La transformación digital del sistema financiero requiere que empresas, reguladores y Estado desarrollen capacidades de ciberseguridad al mismo ritmo que avanzan los nuevos servicios.
Bolivia tiene una oportunidad importante para innovar, atraer tecnología y desarrollar nuevos servicios financieros. Pero la innovación sin seguridad puede convertirse rápidamente en vulnerabilidad.
La ciberseguridad ya no es solo responsabilidad de las áreas de tecnología. Cuando el dinero circula digitalmente, protegerlo se convierte en una cuestión de seguridad económica. Bolivia no solo necesita avanzar hacia una economía digital: necesita construir una economía digital segura.
Luis Sergio Valle es ciudadano boliviano
Este artículo incorpora apoyo de inteligencia artificial para la revisión de estilo. La versión final refleja el criterio, la posición y la responsabilidad del autor.
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