31 de julio (Urgente.bo).- El acuerdo alcanzado entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) plantea como una de sus principales condiciones la reducción del déficit fiscal, que el país arrastra desde hace aproximadamente 12 años, y que será determinante para acceder a nuevos desembolsos del organismo internacional.
"Nosotros tenemos 12 años consecutivos de déficit fiscal. El año 2025 se estima que ha llegado al 12% del Producto Interno Bruto (PIB). Además de ello, ahora el presupuesto reformulado en 2026 se ha puesto una meta del 9%", dijo el analista económico Fernando Romero a Urgente.bo.
Asimismo, indicó que el FMI considera que ese nivel sigue siendo elevado, por lo que se prevé que en el Presupuesto General del Estado (PGE) del 2027 se adopten mayores medidas y se haga un ajuste sobre los cortes del gasto estatal.
El economista explicó que el cumplimiento de las metas fiscales será un requisito para recibir futuros desembolsos del FMI y abrir el acceso a financiamiento de otros organismos internacionales.
El déficit fiscal se produce cuando una empresa, familia o Estado gasta más ingresos de los que genera. En ese sentido, Romero indicó que el origen del déficit en Bolivia se encuentra en la caída de los ingresos por hidrocarburos y en la falta de un ajuste en el gasto público.
"Bolivia se ha mal acostumbrado a tener ingresos cuantiosos por la venta de gas natural (...) no hemos ajustado nuestro gasto estatal y, más bien, lo hemos incrementado. Lo peor es que nos hemos prestado para seguir solventando el déficit público; literalmente hemos sacado créditos para pagar otros", afirmó.
Por su parte, el analista económico Gonzalo Colque sostuvo que el déficit fiscal del PGE reformulado es de Bs 47 millones, que equivale a unos $us 3.900 millones, y afirmó que es previsible que el déficit de esta gestión sea el mismo que del año pasado.
La reducción del déficit pasa necesariamente por disminuir el gasto del Estado, gastos corrientes, una depuración de la burocracia del sector público y el cierre de empresas pública “deficitarias y sin viabilidad económica”.
En ese sentido, el economista indicó que la liquidación de estas empresas debe sustentarse en criterios técnicos e identificó a algunas que deberían dejar de operar definitivamente, como Quipus, Kokabol, y la azucarera San Buenaventura.
Asimismo, Colque indicó que el ajuste también debe reflejarse en la estructura del Órgano Ejecutivo. "El gobierno ha reducido de 18 a 14 ministerios, pero esos 14 ministerios siguen gastando la misma cantidad de plata que 18 ministerios y eso no es coherente", sostuvo.
