10 de febrero (Urgente.bo).- Cecilia Requena, diputada de Alianza Unidad, cuestionó la Ley 1709, norma que modifica la Ley 1352 de arraigo para exautoridades, y afirmó que es “inconstitucional”, ya que vulnera derechos humanos y debería haber sido segmentada. La legisladora considera que esta medida evidencia que las autoridades competentes en el ámbito de la justicia no están haciendo su trabajo.
“Es inconstitucional, y no solo es inconstitucional, sino que viola derechos humanos como la presunción de inocencia y el debido proceso, que son universales, forman parte de tratados internacionales y del bloque constitucional. No solo es nuestra Constitución, sino todo el régimen internacional de derechos humanos”, afirmó Requena a Urgente.bo.
El presidente Rodrigo Paz promulgó la noche del sábado la Ley Nº 1709, que modifica la Ley 1352 de 2020 y amplía de 90 días a seis meses la obligación de permanencia en el territorio nacional para exautoridades del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas. La norma dispone que las exautoridades deberán permanecer en el país “por el lapso de seis meses de haber cesado el mandato”, e incluye a quienes ejercieron la Presidencia, Vicepresidencia, ministerios, gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos municipales y a las Máximas Autoridades Ejecutivas de empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.
Requena sostuvo que esta norma “decide castigar” a todas las exautoridades sin medir si tuvieron o no responsabilidad en actos de corrupción, incluso a quienes “luchaban contra la corrupción”.
“El Estado decide castigar, porque eso es arraigar, a todas las autoridades sin distinguir ningún factor importante. No importa si uno era de oposición u oficialismo, un diputado que luchaba contra la corrupción igual queda arraigado. Ya estábamos arraigados por tres meses y ahora son tres meses adicionales. Uno es tratado como delincuente, sin que el Estado haya probado nada, solo por haber sido exautoridad. Esto realmente es una medida ‘draconiana’ que viola los derechos de las personas”, sostuvo.
La diputada advirtió que exautoridades que necesitan viajar por trabajo, salud o razones familiares no podrán hacerlo por otros tres meses adicionales, por lo que reiteró que la norma debió ser segmentada.
“Hay muchas otras opciones. En otros países, por ejemplo, las personas informan que van a viajar, alertan y pueden hacerlo. También se podría tener listas de personas más expuestas a la corrupción. Eso sería segmentar y no tratar a todos por igual”, puntualizó.
Finalmente, Requena lamentó que la norma trate como “delincuentes” a todas las exautoridades y consideró que la ley busca tapar la incompetencia de las instituciones estatales en el ámbito de la justicia.
“Entiendo la intención de evitar la fuga de corruptos y nadie puede estar en desacuerdo con eso, pero la solución que proponen no es correcta. Las soluciones no pueden violar derechos humanos”, concluyó.
