Finalmente, el Gobierno comienza a aplicar una idea que venimos proponiendo desde hace años: diferenciar el precio del diésel según el tipo de consumidor. Los grandes consumidores pagarán 18 bolivianos por litro, mientras los sectores protegidos mantendrán el precio de 9,80. La medida tiene sentido económico, pero abre dos grandes desafíos: garantizar que las grandes empresas puedan importar directamente combustible a precios internacionales y, sobre todo, evitar el arbitraje.
Con una brecha de 8,20 bolivianos por litro, existe un poderoso incentivo para comprar diésel subsidiado y revenderlo. Donde un economista ve una distorsión de precios, algún emprendedor criollo puede descubrir rápidamente un nuevo modelo de negocios. La solución requiere trazabilidad digital, B-SISA, big data e inteligencia artificial para controlar quién compra, cuánto compra y para qué actividad.
El segundo riesgo es inflacionario. El mayor precio del diésel puede elevar costos de transporte y producción y terminar trasladándose especialmente a alimentos y otros bienes. Más preocupante todavía es su efecto sobre las expectativas: en una economía ya sensible al tipo de cambio, las empresas pueden comenzar a remarcar preventivamente, generando inflación defensiva.
Para evitar una nueva ronda inflacionaria, será necesaria una política monetaria restrictiva, aunque el precio sea menor crédito, consumo y crecimiento. En una crisis no se puede tener todo al mismo tiempo: controlar inflación, mantener subsidios, crecer y evitar costos sociales. Sería maravilloso; también sería maravilloso adelgazar comiendo salteñas.
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