Los siete gobernadores que se reunieron el pasado jueves en la ciudad de El Alto, aprobaron la “Declaratoria de La Paz”, un documento con cinco propuestas dirigidas al Gobierno central para enfrentar la crisis económica. Entre ellas figuran una nueva redistribución de impuestos, un proceso de sostenibilidad fiscal, un consejo de Gobiernos Autónomos y creación de mesas técnicas para trabajo en coordinación.
Coparticipación Tributaria 50/50
Esta propuesta plantes iniciar una redistribución de la coparticipación tributaria, comenzando con el Impuesto a las Transacciones, de manera que el 50% de su recaudación permanezca en el Gobierno central y el otro 50% sea distribuido entre las entidades territoriales autónomas.
El economista Fernando Romero plantea que la propuesta puede fortalecer las finanzas de las regiones; sin embargo, no resolverán la crisis económica por si sola.
"¿Cómo se va a hacer la redistribución? 50% para el Gobierno Nacional y 50% para las entidades territoriales. ¿Pero cuáles van a ser los criterios? Porque hay más de 300 municipios y solo nueve gobernaciones. Eso te puede inyectar una cantidad de recursos, pero tampoco te saca de la crisis".
Armonización normativa y sostenibilidad fiscal
El segundo eje exige la abrogación de los decretos confiscatorios, leyes y otras normativas que asignan obligaciones económicas a los Gobiernos Departamentales, que no corresponden a su competencia real.
Romero explicó que este punto implica una “conciliación de cuentas”, para que obligaciones como algunos gastos en salud, ya no recaigan en los presupuestos departamentales.
"Ellos lo titulan así, armonización normativa y sostenibilidad fiscal, que creo que en pocas palabras es una conciliación de cuentas, donde piden abiertamente que las responsabilidades del Gobierno central no continúen recayendo en las finanzas departamentales", señaló el economista.
Transferencia de Instituciones
El documento también propone transferir algunas instituciones públicas para que puedan ser administradas por los Gobiernos Autónomos departamentales y así tener una mayor planificación financiera.
Romero considera que esta iniciativa forma parte del proceso de descentralización, aunque advierte que también requerirá cambios legales y administrativos antes de aplicarse.
Mayor autonomía financiera
Otra de las propuestas busca fortalecer la autonomía de las gobernaciones, no solo en el plano político, sino también en el financiero.
Romero destacó especialmente la visión impulsada por Tarija, que plantea avanzar hacia un régimen de autonomía fiscal y financiera.
"Tenemos un Estado muy centralista y burocrático. Del presupuesto 2026, más del 80% lo administra el Gobierno central. No va a ser un proceso fácil".
A su criterio, esta transformación permitirá que las regiones dependan menos del nivel central y desarrollen sus propias fuentes de ingresos.
Mesas técnicas y Consejo de Gobernadores
Finalmente, los gobernadores plantean crear un Consejo de Gobernadores e instalar mesas técnicas con el Gobierno nacional, para negociar la implementación de las propuestas.
