Aprobado este domingo 16 de agosto, el decreto supremo 5676 que libera el precio del diésel para los llamados grandes consumidores e inicialmente fija en Bs 18 el litro ha provocado el rechazo de diferentes sectores. Los productores de Santa Cruz, los cooperativistas mineros y los transportistas se oponen a la medida.
“Expresamos un no rotundo. La CAO rechaza rotundamente el decreto, porque el precio diferenciado solo alienta el mercado negro”, dijo la noche de este lunes Yamil Nacif, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), al programa Asuntos Centrales. Y añadió que esta medida no soluciona el problema de la escasez del combustible.
En cambio, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, sostiene que el Decreto Supremo 5676, que fija que los grandes consumidores de diésel paguen Bs 18 por litro de ese carburante, sincera los costos para acabar con el desangramiento de recursos del Tesoro General del Estado (TGE). Este gasto se debe a la compra y venta de diésel a montos que no corresponden al precio internacional, el cual se encuentra afectado por conflictos bélicos internacionales y causa, además, distorsiones por el contrabando, explicó el ministro de la presidencia, Fernando Aramayo.
“El gobierno no soluciona el problema. Queremos la liberación completa de los precios, que YPFB salga de la comercialización de los combustibles, queremos que se transparente todo esto”, dijo Nacif.
El Comité de Defensa del Productor (Codepro) señaló que la diferencia frente al precio regulado de Bs 9,80 —que estará vigente para el resto de los consumidores— podría incentivar la reventa y el mercado informal de carburantes, sin resolver de forma estructural la situación actual, mientras el sector de los choferes pide aclaraciones.
Por su parte, el ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, rechazó el decreto al asegurar que serán perjudicados los transportistas de flotas de larga distancia. Puso como ejemplo que, el recorrido de La Paz a Cochabamba requiere por lo menos 350 litros y de Cochabamba a Santa Cruz, 250 litros.
Gómez aseguró que este decreto ocasionará aumento de precios en las tarifas.
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) Chuquisaca expresó su preocupación por la reciente norma, ya que afirmó que varias empresas afiliadas se encuentran dentro de la categoría de Grandes Consumidores por necesidades legítimas de operación.
Considera que corregir el problema de las largas filas en los surtidores no debe limitarse a trasladar su costo a empresas formales.
“El impacto, por tanto, no termina en el surtidor: alcanza a proveedores, transporte, contratos, consumidores, y a toda la cadena productiva”, dice el comunicado.
En cambio, el Gobierno salió al paso y djo que el Decreto Supremo 5676 busca frenar el contrabando a mediano plazo y regulará a tres sectores específicos según su consumo mensual de carburante.
“Creemos que el efecto a mediano plazo va a ser muy importante porque gran parte de todo esto se está yendo al contrabando”, manifestó en una rueda de prensa el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco.
De acuerdo con reportes oficiales, las redes de contrabando de combustible movían ganancias ilícitas de entre 3 y 4 millones de dólares por día a nivel global antes de las recientes reformas en el campo energético.
Uno de estos grupos se dedica a cargar diésel en zonas urbanas utilizando contenedores menores conocidos como “bombuchas”, dijo la autoridad, al señalar que resulta inexplicable que se abastezcan en estas áreas dado que en ellas no se emplea este tipo de envases, lo que evidencia que el destino final es el contrabando.
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