29 de mayo (Urgente.bo).- Los pobladores del municipio de Irupana, en La Paz, denunciaron que la estación de servicio Gasolcamp vendió gasolina a Bs 9 el litro, pese a que el precio regulado está establecido por norma nacional.
El presidente del Control Social de Irupana, Lino Mendosa, explicó, en entrevista con Urgente.bo, que las organizaciones sociales y el control social realizaron gestiones ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y autoridades del Gobierno central para conseguir combustible destinado al municipio, que fue afectado por la escasez por los bloqueos.
“Nos han mandado doce mil litros a la estación de servicios”, indicó Mendoza. Sin embargo, aseguró que el surtidor vendió este carburante a un precio mayor que no estaba permitido.
Mendoza explicó que habitualmente las organizaciones sociales realizan controles para evitar el desvío de combustible. “Por usos y costumbres hacemos el control correspondiente como organizaciones sociales”, señaló.
De acuerdo con las versiones que recibió el Control Social, el incremento en el precio se habría justificado supuestamente para cubrir gastos de dirigentes que realizaron gestiones en la ciudad de La Paz.
“Había versiones de que tal vez se estaba cobrando nueve bolivianos porque supuestamente estaban cubriendo los pasajes, los gastos de los dirigentes que han hecho gestión a la ciudad de La Paz”, explicó.
No obstante, Mendoza negó haber recibido recursos económicos por esas gestiones y rechazó cualquier autorización para elevar el precio del carburante.
“Yo, como control social del municipio de Irupana, no me han pagado nada, absolutamente ni un solo centavo de pasaje, estadía, viáticos, nada”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que nunca habría autorizó una comercialización fuera del precio oficial y remarcó que él no puede infringir la normativa, ya que el Decreto Supremo 5516 establece los precios oficiales de los combustibles.
En ese sentido, Mendoza indicó que la población apunta a dirigentes de organizaciones sociales, como la Federación de Varones, quienes participaron en el control de la distribución.Además, dijo que también habrían participado representantes de otras organizaciones, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Según el dirigente, los 12.000 litros llegaron al surtidor y comenzaron a venderse desde el mediodía del jueves hasta la madrugada de este viernes e indicó que muchas personas hicieron largas filas para acceder al combustible, que se agotó rápidamente.
Ante esta situación, el presidente anunció que presentarán una denuncia formal ante la ANH para que se investigue quién autorizó el cobro irregular y advirtió que el incumplimiento del decreto puede derivar en multas e incluso en la clausura del surtidor.
Por último, el dirigente explicó que en los Yungas aún no existe desabastecimiento de alimentos debido a que las rutas continúan transitables, aunque reconoció que la falta de combustible ya afecta al transporte y la producción agrícola.
“Lo único que carecemos es del combustible. Eso es lo más fuerte que se está atravesando acá en los Yungas”, concluyó.
